Un juez investiga delitos de lesiones, contra la integridad moral y detención ilegal en la residencia de autistas de Alicante

El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Alicante, en funciones de guardia, ha acordado la libertad provisional para uno de los trabajadores detenidos por los presuntos malos tratos en un chalé tutelado de la localidad de El Campello, a unos 14 kilómetros de Alicante, que alberga a jóvenes y adultos ...

El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Alicante, en funciones de guardia, ha acordado la libertad provisional para uno de los trabajadores detenidos por los presuntos malos tratos en un chalé tutelado de la localidad de El Campello, a unos 14 kilómetros de Alicante, que alberga a jóvenes y adultos con trastorno del espectro autista (TEA) y presentan comorbilidad psiquiátrica y problemas de conducta. Este fue el único empleado del centro que ha pasado a disposición judicial en la causa abierta por delitos de lesiones, contra la integridad moral y detención ilegal. Se trata del coordinador de la residencia al que el juez ha impuesto, como medida cautelar, la prohibición de acercarse a la residencia concertada, donde ejercía como coordinador, y a sus usuarios.

Aunque solo uno de los tres detenidos ha pasado a disposición del juez, que le ha tomado declaración, la investigación se saldó, en principio, con tres personas detenidas: el director del centro, un varón de 64 años de edad; el coordinador; un varón de 46 años de edad; y un trabajador, un varón de 47 años de edad”, según expone la Guardia Civil en un comunicado. También han sido investigados otros tres empleados: “la secretaria, una mujer de 62 años de edad; otra mujer de 36 años de edad; y otro hombre de 43″, según indica una nota de la Guardia Civil.

Los hechos se han producido en un chalé, que tiene plazas concertadas con la consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Según explicó el jueves Mónica Oltra, responsable del departamento, este detectó presuntos maltratos y los puso en conocimiento de la Fiscalía, tras una inspección de oficio que realizó al centro. Elaboró un informe que entregó al ministerio público, que ya investigaba irregularidades por otra denuncia. La también vicepresidenta valenciana, de Compromís, destacó el aumento en la plantilla de inspectores, de siete a 34, que actúan de oficio tanto en centros públicos como privados. “La inspección alertó gracias al refuerzo en el aumento de plantilla, porque sin inspección no podemos saber si están haciendo las cosas como toca”, argumentó. Además, Oltra informó de que se ofreció a los familiares de los residentes su traslado a otros centros, pero que estos han optado por permanecer en las plazas asignadas.

En su nota de prensa de este viernes, la Guardia Civil explica que la denominada Operación Porchá, coordinada con la citada inspección de Servicios Sociales de la Generalitat, se inició tras una denuncia de los empleados del centro, “el único de toda la Comunidad Valenciana que trata el Trastorno del Espectro Autista (TEA)”, indica el comunicado. “Los pacientes deben ser tratados con especial sensibilidad en razón a la afección tan concreta que presentan. El TEA es un trastorno neurológico crónico que afecta a la interacción social, la comunicación y el comportamiento de los que lo padecen. En la actualidad no se conoce la cura, por lo que la terapia recibida por los pacientes es muy importante”, prosigue.

“En el desarrollo de la operación, los agentes centraron sus pesquisas en el coordinador, sobre el que recaían la mayor parte de quejas. En las inspecciones realizadas en las instalaciones, un chalé independiente, hallaron un anexo, próximo a la piscina, que no cumplía las condiciones mínimas de habitabilidad, que era empleado como estancia de atención de los usuarios”, sostiene la nota de la Guardia Civil.