El ‘yonki’ del dinero acude al juzgado para pedir la nulidad de sus propias grabaciones

Marcos Benavent, autodenominado el yonki del dinero, acude este miércoles de nuevo a los juzgados de València para prestar declaración en el caso Taula tras cambiar recientemente de abogado y solicitarlo él mismo. Benavent, exgerente de Imelsa, está citado este miércoles a las 12 horas en el Juzgado de Instrucción ...

Marcos Benavent, autodenominado el yonki del dinero, acude este miércoles de nuevo a los juzgados de València para prestar declaración en el caso Taula tras cambiar recientemente de abogado y solicitarlo él mismo. Benavent, exgerente de Imelsa, está citado este miércoles a las 12 horas en el Juzgado de Instrucción número 18 de València, y confirmará el escrito presentado por su nuevo abogado en el que cambia la versión que él mismo ha dado hasta ahora y que generó la apertura de un macrocaso que engloba a las 12 piezas separadas que afectan a decenas de personas investigadas, entre ellas, el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, del PP. Benavent era un estrecho colaborador de Rus hasta que se decidió a confesar las múltiples irregularidades y corruptelas de las que fue testigo. Muchas de las conversaciones fueron grabadas por el propio yonki del dinero.

El arrepentido acudirá a las dependencias judiciales acompañado de su nuevo abogado, el penalista Juan Carlos Navarro, quien ejercerá en sustitución del letrado Ramiro Blasco, quien le defendió desde que estalló el caso. Este cambio en su estrategia de defensa incluye la nulidad de las actuaciones por considerar que las grabaciones guardadas en sendos pendrives contienen “copias no íntegras, manipuladas y alteradas”, según se indica en el escrito del abogado. Uno de esos pendrives fue entregado al juzgado por la exdiputada provincial de Esquerra Unida del País valencià (EUPV), Rosa Pérez Garijo, actual consejera de Participación. Además, Benavent denuncia que se ha roto la cadena de custodia de las pruebas. Por todo ello pide la nulidad de las actuaciones. Fuentes de fiscalía le quitan importancia al nuevo movimiento de Benavent por el momento procesal y por el grueso de las pruebas

El caso Imelsa se remonta al año 2014, cuando Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en Imelsa, la extinta empresa de la Diputación de Valencia. En concreto, se acusaba a Benavent de crear una empresa pantalla que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban.

De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas. La causa, que acabó dividida en diferentes piezas, en las que se han estudiado contratos con diferentes empresas relacionados, entre otros, con planes de inversión de campos y césped artificial, de piscinas cubiertas y campos de pádel, llevó a la detención e investigación en enero de 2016 del expresidente de la Diputación con el PP Alfonso Rus y parte de su cúpula en la corporación provincial y también acabó en otra derivada: el caso Taula o pitufeo, que afectó al grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia en la época de Rita Barberá al frente de la Alcaldía.

En varias de estas piezas ya se ha acordado la apertura de juicio oral. La primera es por las supuestas irregularidades en adjudicaciones a la empresa Thematica Events. En este caso se prevé sentar en el banquillo en una vista fijada para mayo y junio de 2022 a los primeros acusados que se enfrentan a delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y en oficial realizado por funcionarios, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.

Para Marcos Benavent la Fiscalía pide 8 años y tres meses de cárcel; para el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Moncada con el PP, Juan José Medina (cinco años), y Rafael García Barat, administrador de Thematica Events (siete años).

Paralelamente a estas piezas, el nombre de Benavent aparece relacionado con otros de los casos de corrupción más relevantes de la Comunidad Valenciana, Erial, que afecta al expresidente de la Generalitat con el PP Eduardo Zaplana. Los documentos de la hoja de ruta de esta causa (las licitaciones de los planes Eólico y de las ITV) tienen su origen en una documentación que un ciudadano sirio entregó a Benavent y que fueron hallados en un registro en el despacho de abogados del exgerente de Imelsa. La documentación fue incautada en el despacho del primer abogad de Benavent y la acción no fue impugnada.

Marcos Benavent acudió por primera vez a los juzgados en mayo de 2015, cuando se acogió a su derecho a no declarar en sede judicial pero sí que lo hizo ante los medios para definirse como un “yonqui del dinero” y asegurar que se llevó de la Diputación de Valencia “dinero de todo”, al tiempo que advertía de que iba a hacer daño “a mucha gente” contando la verdad.