La vivienda, el envejecimiento o el impacto de la IA en el trabajo: los retos de una Cataluña donde la pobreza se cronifica

Aunque la economía catalana vaya bien en términos macroeconómicos, con un crecimiento del PIB, según las previsiones del Govern, del 2,5% en 2025 y del 2,1% este año, estas grandes cifras no llegan a los bolsillos de todos los ciudadanos: el 24,8% de la población está por debajo del umbral de la pobreza. El departamento de Derechos Sociales ha puesto estos datos y muchos otros en un largo informe en el que trata de hacer el primer diagnóstico completo de los problemas sociales y los retos que Cataluña tiene en el futuro. Entre los más importantes está el coste de la vida —disparado por la vivienda, los alimentos y el transporte—, las proyecciones de envejecimiento de la población o el impacto que la inteligencia artificial tendrá en el mercado laboral, entre otros. Se trata de una radiografía a partir de la cual el Govern tendrá que construir las propuestas y políticas para hacer frente a los desafíos, y así lo ha presentado este martes el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que ha sido claro en lo que se necesita: más recursos.

Illa ha presidido la presentación del Informe Social 2025 con un horizonte inmediato muy claro: las negociaciones para sacar adelante con los presupuestos autonómicos. Todas las carencias sociales que muestra el documento necesitan de propuestas y políticas concretas para las que son imprescindibles las cuentas.

El informe lo ha elaborado la Oficina del Plan Piloto para Implementar la Renta Básica Universal, que dirige Guillem Vidal, quien ha coordinado el informe. Esta oficina se creó en la legislatura de Pere Aragonès, y el pacto entre PSC y ERC para la investidura de Illa obligaba al compromiso de mantener la oficina, aunque se redefinieron las líneas de actuación y se relevó al coordinador. La oficina tiene ahora el encargo de confeccionar periódicamente el Informe Social, y diseñar planes piloto para la implementación de prestaciones sociales.

El estudio pone el foco en la contradicción que vive Cataluña: por un lado tiene un intenso dinamismo económico y laboral, y por otro las condiciones de vida cada vez van ejerciendo más presión sobre el sistema. Se trata, explica el informe, de una presión que viene por varias direcciones y ante la que se necesita una “mirada integrada que permita reforzar la capacidad preventiva y orientar mejor la acción pública”. En resumidas cuentas, son 10 las principales tensiones que tiene Cataluña y que identifica el informe.

La primera es la distribución desigual del crecimiento económico: el 1% más rico de la población acumula el 27,5% de la riqueza catalana, casi cinco veces más que el 50% más pobre. A esta desigual redistribución, se le suma la segunda tensión, el hecho de que el coste de la vida se ha encarecido de forma disparada, y esto ha llevado a una pérdida de poder adquisitivo que sufren sobre todo las clases medias y bajas. Así, aunque los salarios nominales hayan crecido un 28,2% entre 2008 y 2023, el poder adquisitivo no ha crecido, sino que se ha reducido un 3,3%. La vivienda y los suministros, con un incremento de precios del 33% de media entre 2014 y 2024, es la principal variable que explica esta pérdida de poder adquisitivo, acompañada del encarecimiento de los alimentos (+32%) y el transporte (+16%). La vivienda, según el informe, que la identifica como la tercera tensión, es el principal factor de empobrecimiento. Para muestra, el encarecimiento de los alquileres entre 2000 y 2023: un 129%.

La cuarta tensión que enfrenta el sistema social catalán es el resultado de las anteriores: la cronificación de la pobreza, que ahora está en el 24,8%, es decir, más de dos millones de personas. El problema se agrava entre los menores de edad, un segmento de la población donde la pobreza afecta al 36,5%. Las desigualdades de la infancia se prolongan en el tiempo, y el informe identifica como quinta tensión el problema de que el origen social determina las oportunidades educativas. Otra tensión es que aunque la ocupación crezca, la estabilidad laboral no está garantizada, con todavía el 12% de los trabajadores bajo el umbral de la pobreza.

Las tensiones sociales también se notan en el sistema de salud y en el de los servicios sociales. El sistema de salud, según el informe, es “sólido” pero presenta diferencias entre las clases sociales y los territorios. Y el sistema social tiene muchos retos por delante. Uno de los más acuciantes es el del envejecimiento acelerado de la población: actualmente el 19,5% de la población tiene 65 años o más, 320.000 personas mayores viven solas y la tasa de natalidad está en mínimos históricos (1,08 hijos por mujer). Con las proyecciones demográficas, que dibujan un panorama en el que cada vez se requerirán más recursos para hacer frente al envejecimiento, serán necesarias más políticas de dependencia, pero el informe evita hacer una previsión de cuánto costarán presupuestariamente todas estas medidas.

Uno de los elementos que puede ayudar a compensar la caída de la natalidad, y que de hecho ya está ayudando, es el de la inmigración, que representa ya el 18% de la población y el 28% de las personas ocupadas, aunque el informe apunta que cada vez habrá más “retos de acogida”. Finalmente, la última tensión que identifica el informe es el propio sistema de protección social. Según el estudio, este sistema es capaz de reducir un 30,9% el índice de Gini, que mide la desigualdad de renta, pero aunque funciona mejor en la redistribución entre personas mayores, hay problemas claramente identificados: las prestaciones sociales no llegan a todas las personas a las que deberían llegar. La renta garantizada de ciudadanía cubre solo el 15,9% de los hogares en riesgo de pobreza, y el IMV al 34%.

El informe recoge todas estas cifras, disponibles en las estadísticas oficiales, y añade análisis innovadores, como por ejemplo un mapa en el que se destaca el coste de la vida de forma territorial, y que muestra cómo el área metropolitana de Barcelona tiene un coste muy elevado a causa principalmente de la vivienda. Otro análisis original del estudio es el que hace referencia al impacto de la IA en el mercado laboral. Esta herramienta tecnológica, apunta el estudio, puede automatizar ya la mitad de las tareas para el 15,3% de los ocupados, y el 28% de los puestos de trabajo presentan un riesgo alto o muy alto de exposición a la IA. Otros desafíos que analiza el informe son la emergencia climática

En definitiva, este informe señala las costuras de un sistema del Estado del Bienestar que no está encajando bien los riesgos sociales complejos, pero la solución dependerá de las políticas concretas. El informe pide enfocarse en prioridades como atajar el alto coste de la vida y de la vivienda, garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la pobreza infantil, reforzar la seguridad económica de las personas ante disrupciones en su vida laboral como la que puede ejercer la IA, fortalecer el sistema de cuidados y salud para una población cada vez más envejecida, o que el sistema de protección social sea más preventivo y se anticipe a los problemas.