Cuando Junts defendía a los “okupas”

Junts per Catalunya votó hace unos días con el PP y Vox contra el escudo social que proponía el Gobierno central y las fuerzas progresistas en el Congreso de los Diputados. Hace solo unos años esa votación hubiera resultado impensable, pues Junts –incluso en sus anteriores ver...

Junts per Catalunya votó hace unos días con el PP y Vox contra el escudo social que proponía el Gobierno central y las fuerzas progresistas en el Congreso de los Diputados. Hace solo unos años esa votación hubiera resultado impensable, pues Junts –incluso en sus anteriores versiones convergentes- defendía valientes medidas antidesahucio o contra el corte de suministros fundamentales por impago… vamos como si el laborismo post segunda guerra mundial de Clement Attlee se hubiera enseñoreado de la Cataluña gobernada por los Carles Puigdemont, Quim Torra o incluso el Artur Mas último, cuyo paso de los recortes sociales a la izquierda no le sirvió para evitar morir a manos de la CUP en la papelera de la historia.

Esa conversión a la socialdemocracia no ha resultado ser más que una boda por interés, por el poder. Y es que el procés brindó una excelente cortina de humo tras la que la derecha catalana pudo esconder miserias y corruptelas pasadas enarbolando la bandera del progresismo. Aliarse con Esquerra o buscar los votos de la CUP obligaba a seguir el guion de una Cataluña del futuro que haría palidecer de envidia al mundo.

El escudo social ahora tumbado en el Congreso de los Diputados es parecido a la ley 24/2015 del Parlament, una Iniciativa Legislativa Popular que cosechó los votos de convergentes, republicanos, socialistas, comunes y cupaires. Ese texto de 2015 blindaba a las familias socialmente vulnerables contra los lanzamientos cuando el propietario era un gran tenedor. El Constitucional suspendió parcialmente el articulado. Pero el president Quim Torra reactivó parte del texto mediante decreto cuatro años más tarde y en 2022 toda la izquierda y Junts votaron a favor de una nueva ley en el Parlament. La última palabra sobre su cumplimiento siempre quedaba al albur de lo que el juez dictaminara. No hay que olvidar que el escudo social decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez con motivo de la pandemia de 2021 ha sido agujereado hasta la actualidad por decenas de miles de lanzamientos.

Las nuevas medidas rechazadas que, según las derechas, “blinda a los okupas” –y que ahora deja sin protección a 13.000 familias catalanas, asegura la Taula del Tercer Sector– debería llegar a casos de ocupación por impago cuando el propietario es un banco, fondo de inversión o una persona física con más de 10 viviendas. Nunca cuando se trate de una primera o segunda residencia. La ley catalana reformada en 2022 imponía alquileres sociales a los grandes tenedores en caso de okupaciones por parte de familias vulnerables desahuciadas. Pero eso era cuando Junts defendía a los que ahora llama “okupas”, al menos los que por entonces vivían y trabajaban en Cataluña.

El no retorno de Puigdemont, el aumento en intención de voto de Aliança catalana y la orfandad política de la patronal Foment del Treball, en definitiva, la llamada de la sangre ha hecho que Junts haya vuelto al lugar que siempre ocupó. La independencia ya no sirve como coartada. La “Dinamarca del Sur” en que se iba a convertir la Cataluña soberana de la mano de Artur Mas (en su última encarnación presidencial) ha dejado paso a la que pide la supresión del impuesto de sucesiones, vota contra la tasa a los grandes oligopolios eléctricos o pide la reducción del tipo máximo de IRPF. Con gestos, declaraciones y sentido de voto, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, no deja margen de error. El nuevo guion cambia las exigencias.