Cambiar de modelo

Dos estudios publicados recientemente por la Fundació Bofill y por la aFFaC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya) exponen que en Cataluña existe un grave déficit de plazas escolares públicas, y, en camb...

Dos estudios publicados recientemente por la Fundació Bofill y por la aFFaC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya) exponen que en Cataluña existe un grave déficit de plazas escolares públicas, y, en cambio, una sobreoferta de plazas de escuelas concertadas. De hecho, solo en algunas zonas de la demarcación de Tarragona (Terra Alta, Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre y Priorat) y de Lleida (Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Vall d’Aran, la Noguera) las plazas públicas cumplen con la demanda. Si se mira en términos demográficos, los datos son aún más problemáticos: solo el 54% del alumnado de una zona tan poblada como el Barcelonés está cubierto por la oferta pública.

Hay que preguntarse las razones de fondo del fenómeno: al principio de la etapa de consolidación democrática, la red pública era claramente deficitaria. A la infradotación se unió, en esos momentos, también un activismo escolar que promovió centros privados con vocación pública que en sus estrategias educativas se planteaban una renovación pedagógica y una educación en valores impensables en un entorno de dictadura.

Por todo ello, se optó en un primer momento utilizar la fórmula del concierto: la administración pagaba los sueldos de los docentes de la escuela concertada y esta se comprometía a satisfacer las necesidades educativas que no podían ser cubiertas por la pública. A lo largo de las décadas se podía haber optado por una expansión progresiva de la red pública, que no se ha producido. Al contrario, se ha cronificado el modelo concertado y ha aumentado considerablemente la cantidad de dinero que la administración dedica a los conciertos.

El problema, más allá de cualquier apriorismo ideológico, es que los centros concertados han tenido y tienen mecanismos directos e indirectos de selección del alumnado. Si durante una parte del tiempo que separa la actualidad del comienzo de la recuperación democrática ello se ha traducido en una segregación en cierta manera más soft, desde la eclosión del fenómeno migratorio a partir del principio de este milenio (y aún más después de la crisis económica de 2008) la escuela concertada ha sido uno de los mecanismos más draconianos de separación por razones de clase y de procedencia. Sin ir más lejos, el informe de la Fundació Bofill, explica como hoy en día en la ESO el 84% de alumnado de procedencia migradas —y, por lo general, de situación económica más débil— estudia en la pública, y a la vez, como la presencia de la concertada es una variable que guarda una fuerte correlación con la situación socioeconómica del entorno: a barrios más ricos, más escuelas concertadas (y, por lo tanto, más blancas).

Con estos datos hay que concluir que el sistema educativo catalán está lejos de ser un mecanismo de redistribución de oportunidades y de derechos para toda la ciudadanía, como debería ser en una sociedad realmente democrática. En el pasado, las otras dos experiencias de gobiernos de izquierdas que el país tuvo no se atrevieron a tocar el modelo. Sería propio que ahora se pusiera en marcha esta tarea pendiente desde hace demasiado tiempo.