El desalojo del B9 exhibe el abandono de las administraciones ante la miseria itinerante

El B9, un antiguo instituto de Badalona, ha sido lo más parecido a una casa para cientos de migrantes. Forzados siempre a moverse a golpe de desalojo —de asentamiento a nave, de nave a local—, habían encontrado en las viejas aulas de secundaria un refugio más o menos estable. Pero nada es para sie...

El B9, un antiguo instituto de Badalona, ha sido lo más parecido a una casa para cientos de migrantes. Forzados siempre a moverse a golpe de desalojo —de asentamiento a nave, de nave a local—, habían encontrado en las viejas aulas de secundaria un refugio más o menos estable. Pero nada es para siempre. Después de más de dos años allí, retoman el itinerario de la miseria. El miércoles, el Ayuntamiento de Badalona ejecutó con la bendición judicial uno de los mayores desalojos colectivos de España, y eso que ya solo quedaban la mitad de las 400 personas que convirtieron el B9 en el mayor asentamiento informal de Cataluña, un pueblo autónomo dentro de la ciudad. La inmensa mayoría ha quedado en la calle, sin ninguna alternativa por parte de los poderes públicos y sin que eso parezca importarle demasiado a las administraciones, empezando por la local, que ha abordado el asunto como un problema de delincuencia.

“¿Nos habéis echado de casa para esto? ¿Esta es la imagen que queréis?“ se encaraba el viernes Mamadou a los agentes de policía que acudieron para desmantelar el campamento al aire libre que, tras el desalojo, habían levantado con tiendas de campaña un centenar de ocupantes. El sábado, las tiendas volvían a estar montadas, pero bajo la autopista C-31, que divide la ciudad, para protegerse de las intensas lluvias. La sensación de abandono de los migrantes del B9, símbolo de una pobreza extrema que arraiga, silenciosa, en los márgenes, es absoluta. No entienden la expulsión de un recinto que, con todas sus carencias y conflictos, habían hecho suyo: se dotaron de agua y electricidad, habilitaron espacios comunes y convirtieron las aulas en habitaciones.

El Ayuntamiento de Badalona quiere construir en ese solar ahora vacío y vigilado una comisaría. Pero el proyecto va para largo. El pretexto para echarles, según el alcalde Xavier Garcia Albiol (PP) han sido los supuestos problemas de convivencia e inseguridad que causaban a los vecinos. Albiol, que gobierna con mayoría absoluta la tercera ciudad catalana en habitantes, ha metido en el mismo saco (el de la delincuencia) a un colectivo de 400 personas donde coexistían realidades diversas: personas sin papeles que se ganan la vida recogiendo chatarra; trabajadores con permiso que, sin embargo, no pueden pagarse un piso o una habitación; extranjeros recién llegados de otras partes de España para quienes el B9 era un lugar de acogida; y también, personas con delitos a sus espaldas, con problemas de salud mental, mermados por el consumo de tóxicos.

La gestión del desalojo del B9 revela que la seguridad y el cumplimiento de la legalidad han ganado la partida a un enfoque más asistencial. La jueza autorizó la entrada del Ayuntamiento en el recinto en base a un informe de la Guardia Urbana que recogía incidentes ocurridos en el B9 y sus alrededores desde el verano, que incluyen el asesinato de un residente a manos de otro que padece una enfermedad mental. Más allá de Albiol, la Generalitat ha defendido la necesidad del desalojo porque “hay que cumplir con las leyes” y con el “mandato” judicial, como dijo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que pidió “atender a todos los que hay que atender”.

El Govern, eso sí, dejó claro que la atención a los desalojados es cosa de Albiol. La consejera de Derechos Sociales, Mònica Martíne Bravo, le ha instado a reabrir un albergue municipal (Can Bofí Vell) que ha cerrado durante su mandato y que serviría para acoger de urgencia a parte de los desalojados. En una carta, la consejera añadía que entidades sociales (Càritas, Cruz Roja) trabajaban para buscar una solución. El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, tampoco se ahorró las críticas y dijo que el alcalde había hecho “dejadez de funciones”. Pero Albiol se revolvió: acusó a la Generalitat de no haber querido ayudarle e invitó al presidente del Gobierno a asumir él la solución: “Que Pedro Sánchez les busque vivienda”, dijo.

“Mojarse por ellos no da votos”

En un contexto de máxima polarización política, donde el debate en torno a la inmigración se ha endurecido por la presión de la extrema derecha, los migrantes del B9 han estado más solos que nunca, constatan las organizaciones que les apoyan. En otro contexto, dejar en la calle a 400 personas en pleno invierno y sin ofrecerles alternativas habría sido un escándalo. Ya no. Más allá de echarse las culpas a propósito de las competencias, ninguna administración se ha arremangado para buscar una solución, opinan quienes sí han estado, como voluntarios, echando una mano estos días.

“Albiol te dice que no te va a ayudar. La Generalitat te dice que sí, pero no da un paso adelante; las palabras son distintas, pero los hechos no tanto”, explica Carles Sagués, activista por el derecho a la vivienda y un habitual en los numerosos desahucios del barrio de Sant Roc, donde está el instituto, uno de los más pobres de Cataluña. Sagués ha mediado y buscado soluciones, pero cree que, esta vez, a los políticos de casi todas las formaciones “les cuesta mojarse a favor de todas las personas, sin distinciones, porque eso no da votos”. El activista cree, sin embargo, que Albiol “se ha pasado de frenada” y que el Govern deberá mover ficha para desencallar la situación. Este sábado, precisamente, la Generalitat anunció un acuerdo con entidades sociales para dar cobijo temporal nocturno a los desalojados, de 20.00 a 8.00, a través de un dispositivo de emergencia, que no detalló.

Y la situación, más que complicada, es volátil, imprevisible, dolorosa. Lo advertía Younouss, un senegalés que se erigió en portavoz del B9: “No vamos a desaparecer aunque nos echen”. De entrada, no se sabe qué ha sido de los 400 residentes. Unos 200 se marcharon días antes del desalojo y de ellos, según el Ayuntamiento, 150 ya no están en Badalona, y con toda probabilidad se han cobijado en otros asentamientos, naves o locales del área metropolitana. De los otros 200, más o menos la mitad (un centenar) se instalaron en una plaza a escasos metros del instituto justo después de ser expulsados. Allí pasaron dos noches, acampados, hasta que el viernes fueron conminados a levantar las tiendas bajo la amenaza del uso de la fuerza. Obedecieron, pero avisaron de que lo volverían a hacer porque en algún sitio tienen que dormir. Ayer, bajo la autopista. Mañana ya veremos.

En busca de un techo

Ese nuevo asentamiento al aire libre ha dejado unas escenas de miseria, con gente durmiendo en la calle, protegida del frío con hogueras sobre la acera. La estampa ha llamado la atención de la ONU. Los relatores para el derecho a la vivienda consideran el desalojo “una grave violación” de las libertades fundamentales y denuncian el “discurso estigmatizador” del colectivo. Pero lo más probable es que esas escenas se repitan porque sigue sin haber una alternativa. Badalona solo ha dado hospedaje “temporal” a 17 personas (especialmente vulnerables o enfermas) y ha puesto bajo la mira de los servicios sociales a otras 50, sin que eso signifique que reciban una ayuda efectiva. No hay capacidad (lo reconoció el consistorio en un informe a la jueza) ni, sobre todo, voluntad política de dar un recurso habitacional.

Para muchos, la salida del B9 no es la primera que sufren en sus carnes. Algunos de ellos habían vivido en la cercana nave del barrio del Gorg que, en diciembre de 2020, sufrió un incendio que acabó con la vida de cinco personas. Mamaru es uno de ellos y ejerció allí un cierto liderazgo, aunque él lo niega. “Somos muchos y es muy difícil coordinar tantas opiniones”, explica, pero insiste en que solo con ayuda de la comunidad es posible sobrevivir en condiciones tan duras. “Si los negros no se juntan, los matan a todos. Siempre nos dicen ‘negros delincuentes’, pero ellos nos dan el motivo para ser delincuentes. Y vamos a seguir buscándonos la vida”.

A Mamaru y al resto, los más vulnerables de entre los vulnerables, les toca volver a buscar un techo. Solo esperan que, si encuentran una nave que ocupar o un solar en el que acampar, la administración sea tan silenciosa y discreta, al menos, como lo ha sido al atender sus necesidades tras el desalojo.