Jaume Collboni tendrá que aprobar el presupuesto de Barcelona por cuestión de confianza ante la falta de apoyo de los comunes

No ha habido acuerdo final de presupuestos en el Ayuntamiento de Barcelona entre socialistas y comunes, aunque las posiciones se habían acercado. El alcalde, Jaume Collboni, tenía el apoyo de ERC, pero sus votos son insuficientes. Barcelona en comú ha anunciado antes del pleno de este viernes que se abstendría, de manera que el alcalde tendrá que recurrir de nuevo a la cuestión de confianza para aprobarlas. Este mecanismo supone presentar su proyecto de presupuesto al Pleno y si, en el plazo de un mes, no se arma un gobierno alternativo para echar al alcalde, quedan aprobadas automáticamente.

En una sesión insólita por temprana, en noviembre, cuando normalmente las cuentas llegan a votación antes de Navidad, se ha visualizado el portazo definitivo de los comunes, que había adelantado a primera hora la portavoz del grupo municipal, Gemma Tarafa. Los comunes ven “falta de ambición” en las políticas de vivienda del PSC, que finalmente solo ha contado con los síes de ERC. Junts, PP y Vox han votado en contra. Con todo, los socialistas hacen una lectura positiva del desenlace, por la evolución de Barcelona comú del no rotundo de hace unos días a la abstención final.

Tarafa ha situado la vivienda como principal eje de la decisión final. “En materia de vivienda tienen buena predisposición, pero a la hora de actuar ponen excusas, no podemos esperar informes y comisiones de estudio, los problemas están ahí y los vecinos no pueden esperar más”, ha dicho sobre la exigencia de regular las compras especulativas y reprochando que todavía no se haya regulado el alquiler de temporada. Y ha advertido al alcalde: “No podrá tener acuerdo con las izquierdas de la ciudad”. Además de regular las compras especulativas y destinar fondos de promoción turística a la vivienda, los comunes pedían peatonalizaciones de calles y un plan de choque contra el sinhogarismo.

Regulación de las compras especulativas de vivienda

Collboni ha tomado la palabra al final del debate y ha anunciado que firmará el decreto para activar la cuestión de confianza, que será la segunda de su mandato tras la de 2024, entonces en un ambiente más crispado. El alcalde ha agradecido esta vez “el tono a todos los grupos”, y en especial a ERC, ha celebrado que la ciudad “tendrá presupuestos sin subir impuestos a los vecinos y pymes, y con recursos que van al fondo, a garantizar el derecho a quedarse en la ciudad, con fondos récord en vivienda”. A los comunes, el alcalde les ha agradecido “el esfuerzo de diálogo” y ha anunciado que “algunas de sus propuestas en vivienda, 100 millones de euros para comprar pisos por tanteo y retracto y estudio de las compras especulativas tirarán adelante”.

En el caso de las compras de vivienda, el Ejecutivo municipal ha querido dejar claro que se lo tomará en serio en cuanto tenga el paraguas jurídico de la Generalitat, donde el Govern de Salvador Illa se ha comprometido a presentar una propuesta a comienzos de 2026. El teniente de alcaldía de Economía Jordi Valls ha apelado a la “seguridad jurídica, porque requiere modificaciones normativas, como la Ley de Urbanismo [de la Generalitat]”, y ha mostrado su disposición a apoyar la medida cuando esté trabada. “Valoramos la propuesta de ley de los comunes en el Parlament y haremos la modificación pertinente [del planeamiento municipal] cuando haya seguridad jurídica”, ha detallado.

Valls ha defendido un presupuesto expansivo, de 4.180 millones de euros, de los que 860 millones son inversiones, que supone el 3,6% del PIB y “es un motor de ciudad” y que “no incrementa la fiscalidad de las familias y se centra en las personas, la vivienda y la seguridad”. A los comunes les ha respondido que “la convicción debe ir acompañada de responsabilidad, con medidas seguras y solventes”.

Las cuentas presentadas en octubre por el PSC aumentan un 33% la inversión en vivienda y prevén destinar 430 millones a la seguridad, con la instalación de mil cámaras de videovigilancia y la incorporación de 100 nuevos agentes de la Guardia Urbana en el horizonte. Una respuesta que responde a los barómetros, donde inseguridad y vivienda son las dos principales preocupaciones de los ciudadanos.

Lo singular es que esta vez se ha llegado a la cuestión de confianza con las dos partes del desacuerdo, socialistas y comunes, celebrando haber mantenido “unos debates políticos muy interesantes”. Lo dijo esta semana el teniente Valls, y lo admiten fuentes de Barcelona en comú. Por parte del PSC, argumenta sus decisiones en base a la seguridad jurídica de las decisiones y recuerda los recursos que tuvieron políticas de los comunes como la superilla de Consell de Cent. En el lado de Barcelona en comú no hay una sola razón en su abstención, hay que abrir el foco y enumerar causas.

Una, hemos pasado el ecuador del mandato, cuando cualquier votación se complica y se mira a las elecciones. Dos, la presidenta del grupo municipal de Barcelona en comú, Janet Sanz se despedirá del Ayuntamiento antes de Navidad, después de 16 años como concejal (dos gobernando con la alcaldesa Ada Colau) y está midiendo sus últimos movimientos: no le convenía sumarse a los noes de la derecha. Tres, el mar de fondo son las políticas de vivienda de la ciudad de Barcelona, en las que los comunes fueron muy ambiciosos y el PSC ha asumido en discurso, pero no tanto en hechos: la regulación del alquiler de temporada fue la promesa del año pasado de Collboni a Sanz en la negociación de las cuentas y las ordenanzas, ha recordado Tarafa. Y cuatro, las calles peatonales que pedían los comunes son vías básicas de circulación, muy complejas de convertir en ejes verdes.

ERC, en la voz de su concejal Jordi Castellana, ha celebrado su pacto con el Gobierno, “un acuerdo con recursos para incorporar medidas en turismo, lengua catalana y vivienda”. Por parte de Junts, Jordi Martí, ha acusado al Gobierno de “estar desconectado del día a día real de los barceloneses” y ha reprochado que pese a los grandes números económicos positivos, “la ciudad no avanza hacia un modelo más justo y equilibrado” y crecen fenómenos como el sinhogarismo o la “asfixia de los pequeños comerciantes”.

Dos cuestiones de confianza en el actual mandato

Collboni ha recurrido este mandato por segunda vez a la cuestión de confianza. La primera vez fue en su primera año de mandato, con las cuentas de 2024. En 2025 el consistorio ha funcionado con esas cuentas prorrogadas. Y en 2026 tendrá el presupuesto planeado por el PSC y pactado con ERC gracias a este mecanismo que contempla la ley de bases del Régimen Local y que se puede aplicar dos veces en un mismo mandato, para que las corporaciones sigan funcionando. Está por ver si el alcalde consigue aprobar cuentas por la vía ordinaria en el último año de mandato, 2027. Durante el primer mandato de su predecesora, Ada Colau, los comunes no aprobaron ningún presupuesto por la vía ordinaria: el primero, 2016, fue una ampliación de crédito; en 2017 y 2018 se sometió a dos cuestiones de confianza seguidas, y en 2019 hizo prórroga.