El Govern cierra una escuela rural tras cinco años abierta por la petición de un alcalde
El Ayuntamiento asegura que no puede costear el mantenimiento del centro, mientras las familias consideran que la decisión condenará el municipio
En septiembre de 2021, en plena pandemia y después de medio siglo cerrada, reabría las puertas la escuela rural de Palau de Santa Eulàlia, un pequeño municipio de 130 habitantes en el Alt Empordà (Girona). Cinco años después, el centro cerrará porque el alcalde, Xavier Baldrich, asegura que no la puede mantener y quiere recuperar el edificio para trasladar allí el Ayuntamiento. La decisión ha dividido al pueblo, la rechazan profesores y familias del centro, mientras que el Departamento de Educación la acepta.
La escuela rural Les Curculles cuenta con 18 alumnos, 11 de los cuales pertenecen a la guardería que tienen integrada, que proceden de localidades vecinas como Siurana d’Empordà, Saus, Bàscara, Santa Llogaia d’Alguema o Torroella de Fluvià. Bruna Berto, madre de dos alumnos en este centro, decidió instalarse en 2022 en Palau de Santa Eulàlia, precisamente por la existencia de una escuela. Siente que le están “quitando un derecho” y ve “inadmisible” que el Govern cierre una escuela a la que apoyó hace pocos años “por voluntad de un alcalde”.
Mireia Bellapart, la directora que abrió el centro, se ve abocada ahora, con pena, a finalizar un “proyecto personal, basado en el arraigo, en la participación, en ser como escuela un motor”. Sobre la decisión del alcalde, afirma: “Cada uno tiene una idea de pueblo y a partir de ahí hace su política”.
Xavier Baldrich ganó los comicios de 2023 por dos votos bajo las siglas de Agrupació d’Electors de Palau de Santa Eulàlia. Asegura que al acceder a la alcaldía no se esperaban encontrar un agujero de 124.000 euros, que supera el 50% del presupuesto ordinario, de unos 200.000 euros, y que “no es puntual, sino un déficit estructural, que cada año aumentaba unos 30.000 euros”. “Tuvimos que redactar un nuevo plan de saneamiento para 2024-2027, y nos vimos obligados a recortar servicios y subir impuestos. Recortamos extraescolares, prescindimos de la administrativa y redujimos el servicio de limpieza”, indica.
Gracias al avance de dos anualidades de los fondos de cooperación de la Diputación por valor de 35.000 euros (que hay que devolver), y una aportación excepcional del Govern, pudieron cerrar 2024 con un remanente positivo de 85.000 euros. El edil asegura que, antes de tomar la decisión de cerrar, intentaron que la Generalitat asumiera parte del coste, 25.000 euros. Pero al constatar que no iba a ser posible, optaron por pedir el cierre, “algo que no es fácil, ni agradable”, sostiene. Su predecesor, el exalcalde de ERC, Xavier Camps, rebaja el coste a 10.000 euros.
Camps critica la decisión de su sucesor y defiende que el proyecto de una escuela rural debe basarse “en la idea de que contribuya a que en un futuro más familias apuesten por ir a vivir al municipio y echar raíces”. Recuerda que, al abrir la escuela, tres familias con dos hijos cada una llegaron al pueblo y asegura que no hay más alumnos del pueblo “porque llevan años diciendo que van a cerrar”. “Es más que una escuela, si la perdemos, perdemos alma y perder alma es morir”, remata el exalcalde.
El Departamento de Educación argumenta que el edificio es municipal y, si el Ayuntamiento no lo quiere ceder más, “el Departamento se ve obligado a clausurar el servicio”. No obstante, alcalde y exalcalde admiten que la cesión de la finca era indefinida. Asimismo, Educación quita hierro a la decisión y asegura que solo dos alumnos son del pueblo y el resto tienen garantizada la escolarización en otros centros.
Las familias no lo ven como una solución y aseguran que en la población vecina, Garrigàs, donde llevaba a los hijos el alcalde, la escuela “está colapsada”. En Palau de Santa Eulàlia hay nueve niños en edad escolar, pero la mayoría va a colegios de pueblos vecinos, “unos porque sus padres quieren el cierre que lleva años anunciando el alcalde y otros porque lo temen y han optado por escolarizarlos fuera”, aseguran desde la asociación de familias (AFA) de la escuela.
La AFA denuncia una decisión unilateral, “sin ningún informe objetivo que la avale” y cree que es una decisión política y personal del alcalde. “Cerrar una escuela rural no es ahorrar dinero, es condenar a un pueblo a desaparecer”, sostenían diversas familias, el pasado miércoles, a la salida de las clases. Explican que eligieron este centro “porque es un proyecto educativo arraigado al pueblo, a la naturaleza”. Uno de los padres remata: “Me daría vergüenza tener el lamentable honor de ser el único alcalde que pide el cierre de una escuela”.
La escuela se ubica en un edificio de dos pisos de 210 metros cuadrados, donde también está el casal social, y donde se organizan toda una serie de actividades, como clases particulares de yoga. Baldrich asegura que su intención es trasladar aquí el actual Ayuntamiento, recién rehabilitado, junto al consultorio médico.