Derecho al error, agilizar la contratación de funcionarios y más IA: así pretende Illa simplificar la administración catalana
Las 50 propuestas realizadas por una comisión de expertos incluyen facilitar 170 trámites burocráticos
Beneficiarse de ayudas a la dependencia, empadronarse o acceder al paro o la jubilación son trámites fundamentales pero a menudo tediosos. La desafección de la ciudadanía y del sector privado con la administración pública ha obligado a la Generalitat a poner en marcha una estrategia para reformarla de forma integral. La redacción del texto ha sido a cargo de la Comisión de Expertos para la estrategia de la Administración de la Generalitat de Cataluña (CETRA), un comité de 68 expertos que en el último año ha trabajado en medio centenar de propuestas para dinamizar la gestión pública. Entre las medidas más destacadas, el documento contempla la integración de la Inteligencia Artificial (IA), un nuevo modelo de ocupación pública y la regulación del derecho de las personas a rectificar sus errores ante la administración.
El diseño de la estrategia, liderado por el catedrático Carles Ramió, fue aprobado en octubre de 2024, y es uno de los planes estrella del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. El texto recoge 50 medidas estructuradas en 12 ámbitos que van desde la simplificación normativa hasta la digitalización y la profesionalización de la dirección pública. Illa ha defendido este lunes durante su presentación que se trata de una reforma contundente, pero que puede fracasar si se entra en el terreno de la desregulación.
Illa recoge así el guante de sus predecesores, ya que ha afirmado que su Ejecutivo simplemente está acelerando un proceso en el que ya han trabajado con “más o menos acierto” anteriores gobiernos. “Nada empieza hoy, ni termina mañana. Lo que estamos haciendo es acelerar el proceso que será constante y continuo”, ha señalado.
El plan ya echó a andar con un plan de choque con 17 medidas de “aplicación urgente”. De los 170 primeros trámites que se quieren transformar hasta junio de 2026, el documento prioriza una treintena que necesitan agilizarse con urgencia, especialmente en el ámbito de los derechos sociales y la actividad agrícola y pesquera. Se busca, por ejemplo, reducir los plazos para tramitar el título de familia numerosa y monoparental, el reconocimiento de la dependencia o las ayudas a la compra de vehículos eléctricos y las renovables.
Nuevo modelo de ocupación pública
Una medida destacada es el nuevo modelo de empleo público que propone la Comisión de Expertos para la estrategia de la Administración de la Generalitat de Cataluña (CETRA). El objetivo es aprobar a finales de año el anteproyecto de Ley de Ocupación Pública Catalana para captar y retener talento, especialmente en los puestos de dirección pública, así como facilitar la movilidad entre administraciones.
La reforma llegará a cerca de 400.000 funcionarios y pretende que la duración de los procesos para trabajar en la administración pública se reduzcan en un 60%, mientras que los concursos generales para funcionarios, a la mitad. El cambio consiste en abandonar los mecanismos de selección tradicionales basados en meras pruebas memorísticas por nuevos sistemas de selección que premien competencias como la capacidad de trabajo colaborativo. “En la próxima década el 24% del funcionariado se jubilará. Enfrentamos un grave problema de relevo generacional”, ha advertido Dalmau.
Garantizar el derecho al error
Otra medida que requerirá una modificación normativa será reconocimiento del derecho al error. El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, ha avanzado que el Ejecutivo presentará una proposición de ley de modificación de la Ley 26/2010 para garantizar que los ciudadanos no padezcan las consecuencias de los errores que puedan cometer de “buena fe” y tener que empezar de cero. “Francia o Polonia ya lo aprobaron. Lo que buscamos es hacer los trámites más amables para erradicar la tristeza burocrática de la ciudadanía”, ha subrayado Dalmau.
El texto también incluye blindar la eliminación de la cita previa obligatoria para acceder de forma presencial a todos los servicios de la Generalitat, Ayuntamientos y Diputaciones. El anterior Govern ya abordó corregir esta norma que se remonta a los tiempos del coronavirus, cuando se implementó para evitar aglomeraciones. Con ello, la reforma busca una prestación de servicios proactivos y personalizados y el derecho de los ciudadanos a recibir información en un lenguaje llano y accesible.
El reto de la digitalización
Tanto la CETRA como el Ejecutivo defienden que la aplicación de la IA es necesaria para consolidar una administración más funcional y flexible, pero siempre de acuerdo con los valores de transparencia, privacidad y trazabilidad. Para acelerar el proceso de transformación digital de cara a 2028, el texto propone crear una nueva Dirección General centrada en IA y Datos.
Dos órganos serán los encargados de velar por la implementación de las propuestas. La Comisión Interdepartamental para la Implementación de Medidas de Transformación de la Administración (CIMTA) analizará las propuestas para implementarlas y será el responsable de remitir al titular del Departamento de la Presidencia un informe en un plazo máximo de cuatro meses. Paralelamente, el seguimiento de la reforma estará en manos del Consejo Asesor de la Reforma (CARE), un órgano consultivo permanente y formado por expertos que el Govern espera aprobarlo este martes.