Esquerra y Comunes escenifican exigencia al Govern con Rodalies y la financiación

Una de las grandes incógnitas del Debate de Política General que termina este jueves en el Parlament es el nivel de sintonía entre el president Salvador Illa y sus socios de investidura, Esquerra Republicana y Comuns. Más allá de los discursos de estos días, el medidor del estado de las relaciones, y que da elementos para ver el posible avance de una negociación presupuestaria, son las propuestas de resolución que se votarán. Ahí, ambos compañeros de viaje de los socialistas coinciden en querer apretar al Ejecutivo por el flanco del calvario en el servicio ferroviario y los republicanos, además, quieren atar corte a los de Illa con los avances de la financiación singular. Con todo, ha reinado cierta sintonía.

Toda la oposición censura la gestión de Rodalies y de las afectaciones derivadas de la planeación de los trabajos para mejorar la red. Los dos socios de la investidura no son la excepción y es muy posible que sea en ese punto en donde el Govern pase, una vez más, por una reprobación. El texto propuesto por ERC propone la constatación de “la incapacidad de Adif y Renfe” para dar respuesta a la desinversión “estructural y crónica” por parte del Estado y expresa la preocupación por “la falta de respeto” de la Generalitat ante los usuarios. Comuns va mucho más allá y aspira, con su propuesta de texto, a que el Parlament “suspenda” al Gobierno por la gestión ferroviaria y le insta a mejorar la calidad del servicio.

Junts per Catalunya, en lo que respecta a trenes, se limita a denunciar en sus propuestas de resolución la infrafinanciación de la red que usan las Cercanías catalanas y pide un traspaso que incluya la Media Distancia y los Avant y sea “integral y dentro de esta legislatura”. Los de Carles Puigdemont son más beligerantes con la gestión aeroportuaria y piden directamente que se censure al presidente de Aena, el socialista Maurici Lucena por negar la gobernanza de la Generalitat sobre el Prat. La ampliación del aeropuerto, en cambio, no aparece de manera específica en los textos que los socios de la investidura someterán a votación: los Comunes ponen el foco en las compensaciones de la afectación del medio natural y ERC en el nivel de emisiones.

Los republicanos, como había anunciado su líder en el Parlament, Josep María Jové, quieren que el PSC se retrate en el tema del fortalecimiento de la Agencia Tributaria de Cataluña y propone que la Cámara apoye que en el Congreso se voten “antes de final de año” las modificaciones legales necesarias, registradas en solitario por Esquerra, para que la Generalitat pueda recaudar en un futuro el IRPF. El texto de ERC sobre la financiación singular, de entrada, parece asumible por los socialistas, que plantean en el suyo esa reforma como una vía de fortalecer el autogobierno y la autonomía real y financiera. Para los socialistas, es nuevo modelo se ha de sustentar en los principios de ordinalidad y de solidaridad y que potencie la relación bilateral con el Estado y que sea compatible “con órganos multilaterales”. El Gobierno, hasta ahora, solo ha incluido la ordinalidad en el preámbulo del acuerdo con el Govern y no en la parte dispositiva.

Illa ha vuelto a ubicar la vivienda en el centro de su intervención, con dos anuncios sucesivos. Primero, el de nuevas reformas urbanísticas que permitirán construir 210.000 pisos públicos y privados adicionales. El segundo, que la Generalitat gestionará 15.000 más que están en manos de la Sareb. Los Comunes también han querido que ese sea el tema sobre el que orbiten sus propuestas. La formación de Jéssica Albiach apuesta por acelerar algunos de los compromisos adquiridos con el Govern en el primer año de legislatura y reimpulsar algunas de las propuestas expuestas ya en el pleno. En sus propuestas de resolución, los comunes instan al Gobierno de Illa a aprobar antes de diciembre el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda que debe evitar el fraude de ley sobre el uso del alquiler de temporada. En esta línea, los socios de Illa reclaman también aplicar el régimen sancionador, que propone multas de hasta 900.000 euros. “Se debe enviar un mensaje a la ciudadanía: el que la hace, la paga”, justifican los comunes.

El texto normativo también busca prorrogar la vigencia de la protección oficial del parque de vivienda ubicado en zonas de mercado tensionadas, ante el riesgo de que unos 36.000 pisos escapen del circuito público hasta 2030. “La reducción de las desigualdades no se anuncia. Se combaten con políticas públicas, no con anuncios de para dentro de cinco años”, ha avisado Albiach en el atril parlamentario, en relación al compromiso que Illa realizó el martes para construir 210.000 viviendas en este periodo. La formación progresista también presenta una propuesta para la rehabilitación de 150.000 viviendas en siete años (ya había registrado hace casi un año una moción al respecto tras incluirla en el pacto de investidura) y para prohibir “la compra especulativa”.

Las críticas también se repiten en los servicios públicos, principalmente en materia sanitaria, donde Comuns constata que “no se ha avanzado en el refuerzo del sistema sanitario”. En pleno debate sobre incorporar el derecho al aborto en la Constitución, la formación de Albiach insta al Govern a “blindarlo” y garantizar su intervención también en el hospital Sant Pau de Barcelona, centro concertado y en el que actualmente no se ofrece este servicio. El texto también reclama internalizar el servicio del 112 antes de marzo de 2026, una medida que también ha impulsado ERC.

La CUP ha presentado una resolución en la que quiere que el Parlament denuncie la aplicación de parte de la ley de amnistía tras haberse denegado a 170 personas. El texto añade que los tribunales han tolerado “la impunidad judicial” al conceder el perdón a 155 policías. “Parece una broma, pero no lo es”, ha afirmado en el debate el diputado Xavier Pellicer en alusión al número 155. ERC, que también pide la aplicación total de esa ley, también quiere que el Gobierno de Illa vuelva a aceptar la existencia del conflicto político y la voluntad de que la posible solución “sea refrendada por la ciudadanía”, sin explicar el formato.

Por su parte, el PP pretende buscar las contradicciones del PSC en algunos temas sensibles como la continuación de la B-40 o el Hard Rock. Los populares instan al Govern a tener el informe de impacto ambiental del Hard Rock antes de que acabe el año.