La Generalitat liderará la atención de los casos más complejos entre los sin techo del aeropuerto de Barcelona
El Ayuntamiento firma el nuevo convenio, que prevé más financiación para sus servicios sociales y que AENA ceda una oficina
Tras meses de negociaciones y media docena de versiones, la Generalitat, los Ayuntamientos de Barcelona y El Prat de Llobregat y AENA han alcanzado un acuerdo sobre el nuevo convenio que fija quién hace qué en la atención a las personas sin techo que hay en el aeropuerto de Barcelona, ubicado en el término municipal de El Prat. Tal y como reveló este diario hace un año, el centenar de personas sin hogar que viven en la instalación carecen de asistencia social desde enero, cuando el consistorio barcelonés retiró sus profesionales de los servicios sociales. Una de las novedades del acuerdo es la creación de una mesa para los casos más complejos, la llamada Mesa Técnica del Proyecto de Intervención (TTPI, en sus siglas en catalán), que “liderará” la Generalitat, según el texto.
Esta mesa es la que acordará la derivación y atención social de casos detectados en el aeropuerto que sean personas vinculadas a municipios que no sean ni Barcelona ni El Prat. El Govern asume, además, la “coordinación de casos territoriales del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión en caso de que sea necesario para la gestión de los casos complejos” y se coordinará con otros Departamentos de la Generalitat “para facilitar un abordaje integral”. También “designará personal referente técnico del proyecto para encargarse del seguimiento”.
El Ayuntamiento de Barcelona ha firmado ya un convenio que celebra porque entiende que la Generalitat asume más responsabilidades con la atención a las personas que viven en el aeropuerto y su entorno. Un fenómeno complejo: porque ocurre en un municipio, El Prat, cuyos recursos asistenciales no pueden asumir por su magnitud; y porque está fuera del término municipal de Barcelona, que es quien tiene más bagaje y músculo en la atención a personas sin hogar. El Prat también lo ha firmado y falta AENA. La Generalitat lo hará en última instancia, porque no puede rubricar hasta que no lo hayan hecho las otras tres instituciones. De acuerdo a los plazos previstos, el convenio entrará en vigor a finales de octubre.
El documento al que ha podido acceder este diario, de 29 páginas, detalla qué hará cada administración implicada. La Generalitat financiará la remuneración de dos profesionales de los servicios sociales de Barcelona y uno de El Prat, para dar la primera atención a los sin techo y responsabilizarse de la atención de los que tengan “vinculación” con estos municipios. Además, liderará la mesa de los casos complejos y coordinará a sus propios departamentos.
El Ayuntamiento de Barcelona destinará los dos profesionales de su equipo de atención a personas sin techo que se encuentren en las terminales 1 y 2 y en los aparcamientos. Estos profesionales se encargarán de establecer contacto con las personas y “motivar su aceptación de atención de urgencia”. Si es preciso, “facilitarán la derivación a otros servicios en los municipios donde se desplacen”, sin ofrecer más detalle. El Prat, por su parte, destinará otro profesional y su área de intervención será “el entorno de las instalaciones del aeropuerto”, y se encargará de “la diagnosis e intervención social” y “articular los recursos sociales necesarios” del Ayuntamiento si están vinculados al municipio.
Aena, por su parte, pondrá a disposición de estos profesionales un despacho en la terminal 2 y asumirá los gastos de teléfono, conexión a Internet, mobiliario, limpieza, suministros y facilitar el acceso a las instalaciones aeroportuarias. El gestor también “coordinará los servicios que operan en el aeropuerto”: seguridad privada, mossos d’esquadra, servicios de limpieza, guardia civil y comercios “ante cualquier incidencia requerida”, también activando mecanismos para proteger la integridad física o emocional de los equipos sociales, si fuera necesario.
En Barcelona, fuentes municipales celebran el convenio por tres razones: “la ciudad pedía un marco normativo para intervenir fuera del municipio”, se asigna presupuesto y hay “corresponsabilidad y derivación de los casos complejos a otros municipios”, aunque el texto, con lenguaje oficial y técnico, no es claro sobre cómo se materializarán las derivaciones. El consistorio añade que los servicios sociales de los municipios no pueden asumir solos casos de personas con diagnósticos de salud mental o patologías graves, que “requieren una mirada más global, con atención social, pero también sanitaria”.
Barcelona, en resumen, entiende que no debe responder por las personas sin hogar de todo el territorio catalán: “Son necesarios programas de abordaje compartido” y recuerda que en 2017 el Govern trabajó en una estrategia que se quedó en un cajón. Mientras, apuntan las fuentes municipales, hay grandes ciudades catalanas sin equipamientos para personas sin techo y, en paralelo, “las urbes que despliegan servicios son penalizadas por exceso de demanda”. Las mismas fuentes consideran que “es importante analizar lo que ocurre en los nudos de transporte, donde siempre hay dinámicas vinculadas a la situación de las personas sin hogar”.