El asesinato de Núria López en Mas d’Enric destapa que Justicia no evaluó el riesgo de trabajar con presos en las cocinas

El asesinato de Nuria López en la cocina de la prisión de Mas d’Enric a manos de un interno con el que trabaja, Ilulis Odriste, se perpetró sin que nadie hubiese evaluado el peligro que suponía trabajar con presos. La Inspección de Trabajo, después de su asesinato, concluyó que se había infringido gravemente la ley de riesgos laborales porque no se previno ni se formó debidamente a Nuria. En ningún momento se contempló cómo “minimizar el riesgo para terceros de la utilización de un cuchillo por parte de un interno (que en este caso, constituye un equipo de trabajo)”, señala el informe al que ha tenido acceso EL PAÍS. El organismo reprochó además que la empresa pública que contrató a Núria, el CIRE, no investigó lo ocurrido hasta “el requerimiento efectuado por Inspección de Trabajo”.

El crimen sin precedentes de Núria López, cometido el 13 de marzo de 2024 por un interno con en la que trabajaba, desató una crisis en el Departamento de Justicia y ahondó en la brecha abierta con los funcionarios de prisiones. El Departamento de Justicia, entonces dirigido por Gemma Ubasart, aseguró que carecieron de indicadores que permitiesen prever el desenlace. Odriste la asesinó en la cámara frigorífica, con un cuchillo de la propia cocina, y después se suicidó. La Inspección de Trabajo concluyó en junio de ese año que el crimen “se materializó sin que la empresa CIRE hubiese evaluado el riesgo de violencia interna, y, en consecuencia, no se adoptaban las medidas preventivas necesarias para garantizar la efectiva vigilancia de la integridad física” de Núria.

El informe, de 17 páginas, añade que tampoco se le facilitó una formación sobre los peligros de su trabajo, más allá de los asociados a la labor propiamente de cocina, ni, a causa de eso, tampoco de las medidas que necesitaba adoptar o los equipos necesarios para su protección. En ningún momento se contempló que hay presos, algunos con delitos graves a sus espaldas -como Odriste, que mató a puñaladas a una mujer que se negó a mantener una relación sentimental con él- que usaban cuchillos para “cortar verduras frescas” o que llevan a cabo “tareas de cocción, tanto en las planchas, freidoras, marmitas, basculantes y hornos”. Por último, revela que no existían “medidas efectivas de coordinación” entre el Departamento de Justicia y el CIRE para “garantizar una adecuada protección de la trabajadora”. Todo ello, asegura el informe, supone cuatro infracciones graves en materia de prevención, formación y coordinación.

En octubre del año pasado, el Departamento de Justicia endureció los requisitos para acceder a estos puestos de trabajo para los condenados con delitos de sangre. Además, se ha “impulsado una mayor exhaustividad” en las evaluaciones de riesgo, según explica un portavoz. Entre otras medidas, se han mejorado los sistemas de avisos del personal en situaciones de riesgo, se han revisado las guías de intervención y se ha intensificado la formación del personal penitenciario. Asimismo, se han inmovilizado las herramientas cortantes de cocina, como los cuchillos, para que no se puedan utilizar más allá del uso que tienen estipulado. Además, el Departamento de Justicia está pendiente de definir el calendario para sustituir a los internos en las cafeterías por personal externo. Este jueves está previsto que su sobrino, Pablo Martínez, que defiende que se lleve a cabo una comisión de investigación por el asesinato de su tía, comparezca en la comisión de Justicia del Parlament.