El pacto contra las agresiones en prisión sigue a medio gas un año después del asesinato de Núria
El consejero de Justicia, Ramon Espadaler, anuncia una reforma legislativa para reconocer a los funcionarios como agentes de la autoridad con una protección especial en el ámbito penal
Los funcionarios de las prisiones catalanas no han cicatrizado las heridas que provocó el brutal asesinato a manos de un preso, un hecho sin precedentes, de su compañera Núria López, el 13 de marzo de 2024. Tras un año de huelgas, protestas y pactos in extremis con el Departamento de Justicia, los funcionarios aún no aprecian un bienestar duradero en las cárceles. Los sindicatos consi...
Los funcionarios de las prisiones catalanas no han cicatrizado las heridas que provocó el brutal asesinato a manos de un preso, un hecho sin precedentes, de su compañera Núria López, el 13 de marzo de 2024. Tras un año de huelgas, protestas y pactos in extremis con el Departamento de Justicia, los funcionarios aún no aprecian un bienestar duradero en las cárceles. Los sindicatos consideran que el acuerdo al que llegaron con la Generalitat se está implementando demasiado despacio, sobre todo las medidas que tienen que ver con la seguridad de los trabajadores penitenciarios.
La reclamación de los funcionarios de ser considerados agentes de la autoridad ha sido recogida en el primer aniversario del asesinato de Núria. El consejero de Justicia, Ramon Espadaler, ha anunciado este miércoles en el pleno del Parlament que, aunque esa condición ya está reconocida en el ejercicio de sus funciones, impulsará una reforma legislativa para dotarles de protección especial en el ámbito penal. La reforma, ha dicho, tendrá tres efectos: reconocer la condición de agentes de la autoridad que ejercen funciones en régimen interior; aplicar el principio de indemnidad para resarcir el personal de las lesiones o los daños materiales; y garantizar la formación inicial y continuada del colectivo para una mejor capacitación y promoción.
Otra medida que los funcionarios consideran crucial, la que prohíbe el acceso de presos con delitos de sangre a trabajos con presencia de instrumentos peligrosos, peligra por la propuesta de la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, al considerar que debería retirarse porque “vulnera los derechos de los reclusos”.
Giménez-Salinas, junto al Centro de Derechos Humanos Irídia, han mostrado su voluntad de retirar el veto a los presos con delitos violentos. “Hace falta que Justicia readmita a todos los internos que fueron destituidos por esta medida con carácter retroactivo”, leen en un comunicado. La síndica insiste en que la solución no pasa por restringir el acceso, sino en aplicar medidas de control y ampliar las que ya existían. Se refiere, en concreto, a aplicar cámaras y arcos metálicos, reforzar los cacheos y pesquisas y continuar con medidas como que las herramientas peligrosas estén sujetas a las mesas de trabajo. El informe recuerda que el trabajo es un derechos de los internos fundamental para la reinserción. Respecto a los que están en preventiva y no han tenido un juicio, cree que vulnera la presunción de inocencia.
La valoración que hace Carlota Duchamp, miembro de la asociación Marea Blava y funcionaria en Brians 2 -la que acumula mayor volumen de incidentes violentos- dista radicalmente de las entidades que velan por los derechos de los reclusos. “Nos oponemos frontalmente a la propuesta porque se trata de una deducción falsa. En los centros penitenciarios hay muchos trabajos que no implican trabajar en entornos potencialmente peligrosos o con riesgo de agresión grave. Se trata, simplemente, de hacer una reordenación de los grupos de trabajo”, sostiene Duchamp.
El suceso ocurrido en Mas d’Enric de El Catllar (Tarragona) sacudió el sector penitenciario y el tablero político en plena campaña electoral. Tras varias jornadas de protestas y presiones a la extitular de Justicia Gemma Ubasart, el expresident Pere Aragonès llegó a un acuerdo límite con los funcionarios, que supuso mejoras salariales y de seguridad. El acuerdo, que firmaron UGT, CCOO, CATAC e Intersindical, quedó en papel mojado ante el aumento de las agresiones a funcionarios. Según los sindicatos, incluso CSIF y Acaip, que no suscribieron el acuerdo, las medidas no fueron suficientes y pidieron al actual consejero, Ramón Espadaler, el uso de aerosoles o que fuesen considerados agentes de la autoridad. “Un año después las agresiones siguen igual o peor. No hemos notado ninguna mejora en seguridad. Espadaler no se atreve y pasará a la historia por no hacer nada”, denuncia Alberto Gómez, responsable de CSIF.
Desde el sindicato han denunciado que el año 2024 hubo en las cárceles catalanas un total de 607 funcionarios agredidos: 79 graves y 528 leves. Esto supone un aumento del 4,3% respecto al año anterior, que fueron 541. Los datos de CSIF constatan que los incidentes violentos a lo largo del año pasado fueron 945. “Desgraciadamente veníamos diciendo que hasta que no pasara algo grave o lamentásemos una muerte no se tomarían mejoras. Y no las ha habido. Era la crónica de una muerte anunciada, y a este paso tendremos que lamentar más”, apostilla el responsable de CSIF.
El Departamento de Justicia replica que el incremento solo se ha producido en aquellas que no han provocado lesiones físicas, que han pasado de 296 a 435 en el último año. Desde la consejería hacen hincapié en que las graves han descendido, de 75 en 2023 a 49 el año pasado, así como las leves, que pasaron de 170 en 2023 a 123 en 2024. “La conflictividad ha bajado, tanto en agresiones como en contenciones mecánicas, ya que desde Justicia estamos marcando buenos tiempos para llegar al objetivo de Contenciones Cero”, sostiene el departamento.
Algunas medidas todavía están a la espera de materializarse, como la solicitud de jubilación anticipada, a la espera de que el Ministerio de Justicia la apruebe. Y otras, como que los funcionarios mayores de 55 años puedan elegir si prestan o no servicio en módulos más conflictivos, se implementan paulatinamente. Fernando Carrera, portavoz de CC OO Prisiones, defiende que el trabajo es fundamental para la reinserción de los reclusos, pero no apoya la propuesta de la síndica. “Las normativas pueden evolucionar y modificarse. Hay muchos trabajos en los centros penitenciarios y siempre hay alternativas, pero estas deben garantizarse”, subraya Carrera, y defiende que las conversaciones con Espadaler y la secretaria de Medidas Penales, Elena Pérez, suscitan un clima de talante diferencial al que había cuando estalló la crisis con el anterior Govern.