La Agencia Tributaria catalana gestionará con la española el impuesto de matriculación como ensayo para el IRPF

El Gobierno central y la Generalitat han acordado este viernes en la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) colabore y participe con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en la gestión del impuesto de matriculación. El pacto, sellado este viernes en una reunión en el Palau de la Generalitat, se concibe como un ensayo para que la agencia catalana pueda trabajar ya con los aplicativos de la española y en red. La previsión pactada por los socialistas con ERC es que la agencia catalana, sobre la base del modelo de financiación singular, pueda ya gestionar el IRPF en 2026.

El tributo de matriculación supuso en 2024 una recaudación de 136 millones, pero las dos Administraciones puntualizan que no se trata de la dimensión del mismo sino de empezar a poner a prueba ese mecanismo compartido para engrasar la maquinaria de la Generalitat. El acuerdo sobre este impuesto ha sido el más relevante que ha arrojado la comisión de asuntos económicos y fiscales celebrada hoy, presidida por el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón y la consejera de Economía, Alícia Romero y que cierra el ciclo de cuatro comisiones bilaterales (infraestructuras, bilateral y transferencias) que se han realizado en los últimos doce días.

Tras la reunión, Gascón afirmado que las dos partes han elegido este impuesto gestionado hasta ahora de forma exclusiva por la agencia estatal porque no era preciso hacer ningún cambio legislativo para aplicar ese plan. El modelo, que requerirá la firma de un convenio, pasará por cuatro fases: la designación de los funcionarios de la Generalitat y su formación; las actuaciones preparatorias; el desarrollo informático y la implantación de la gestión compartida. “Los objetivos de este modelo son dar mejor atención al ciudadano y la lucha contra el fraude”, ha afirmado Gascón. “Lo analizaremos para aplicarlo después a otros impuestos”.

La gestión compartida de este tributo se suma al plan desplegado por la consejería de Economía de la Generalitat para aumentar su participación este año en la gestión de la campaña de la renta como otro paso previo para gestionar el IRPF con la contratación de un centenar de personas y la creación de 90 nuevas plazas para inspectores y gestores. El programa se inscribe en el nuevo modelo de financiación que ahora un grupo de expertos está diseñando para que entre en vigor en 2026. Gascón ha evitado afirmar si este sistema compartido puede ser una fórmula intermedia y alternativa en el caso de que no puedan cumplir el calendario. “Tenemos que ir a paso a paso y hacerlos con cuidado. Hay un programa de la Generalitat para ese despliegue y veremos el margen. Hay que hacer pasos medidos, evaluarlos y ver qué cambios podemos hacer”, ha afirmado.

La comisión ha dado luz verde a varios acuerdos de la comisión bilateral y de transferencias celebrada este lunes entre los que destaca su compromiso para que antes del 31 de mayo el Estado aporte una propuesta de financiación de 25.000 mossos de aquí a 2030. Paralelamente, se pone en marcha el grupo Estado-Generalitat que antes de final de año tendrá que tener listos los trabajos para crear un consorcio para acelerar las inversiones del Estado. El Gobierno se ha comprometido a a transferir dos sumas: 25 millones de euros en concepto de la deuda pendiente con Renfe y 2,1 millones en aportación de becas, un traspaso que ha reivindicado históricamente por la Generalitat y que se cerró este lunes.

La condonación a Cataluña de los 17.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ha planeado sobre la comisión en la que se ha acordado activar los instrumentos legales para aplicar el acuerdo. Gascón ha defendido con contundencia la medida que atañe a todas las comunidades por un importe de 83.252 millones de euros y ha sostenido que si prospera seis de ellas pasarán a tener una deuda sobre el PIB por debajo del 13%, y otro grupo entre el 14 y el 15%. “El objetivo es que puedan salir con normalidad al mercado y en condiciones razonables. Es muy difícil hablar de autogobierno sino pueden hacerlo. Se trata de un aligeramiento de la carga financiera”, ha afirmado.

Romero ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha considerado una “insensatez” aplicar la condonación. “Insensatez es bajar los impuestos de los ricos y destrozar la sanidad y la universidad. Es una reducción justa de la deuda”, ha afirmado agregando que un informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña estima que casi el 30% la deuda de la Generalitat corresponde a la infrafinanciación de la época de los gobiernos del PP y del entonces ministro Cristóbal Montoro, el impulsor del FLA que, ha recordado Romero, llegó a plantear en su día esa condonación. “Hay que dejar esta lucha partidista y en contra de Cataluña”, ha dicho.