La Casa Orsola y Ciutat Meridiana

Lo que costaron las 26 viviendas de la Casa Orsola equivalen al precio de más de 150 pisos en Ciutat Meridiana. La comparación es tan odiosa como real. En el barrio fronterizo del norte de Barcelona, bancos y fondos están poniendo viviendas a la venta por 50.000 o 55.000 euros. Los precios son de finales de enero. Lo explica Filiberto Bravo, quien desde el año 1975 es el alma de la asociación de vecinos de esa zona conocida desde el estalli...

Lo que costaron las 26 viviendas de la Casa Orsola equivalen al precio de más de 150 pisos en Ciutat Meridiana. La comparación es tan odiosa como real. En el barrio fronterizo del norte de Barcelona, bancos y fondos están poniendo viviendas a la venta por 50.000 o 55.000 euros. Los precios son de finales de enero. Lo explica Filiberto Bravo, quien desde el año 1975 es el alma de la asociación de vecinos de esa zona conocida desde el estallido de la burbuja inmobiliaria como Villa Desahucios. Filiberto tiene agendada una movilización para evitar un inminente lanzamiento en la calle de Les Agudes.

La Casa Orsola y Ciutat Meridiana son dos caras de la moneda que acuñan los grandes tenedores cuando convierten un derecho social en un activo de inversión. Sin embargo, el drama que todo ello genera es muy desigual. En un caso supone la vulnerabilidad absoluta del quedarse en la calle. En el otro, escenifica la indefensión del ciudadano ante la ley del más fuerte. Con todo, la formidable movilización generada en torno a la Casa Orsola –en Ciutat Meridiana el drama se queda en el vecindario– abre una oportunidad para que socialistas, comunes y republicanos tracen un mínimo común denominador a favor de la ciudadanía y para proteger el derecho a la vivienda.

El alcalde Jaume Collboni –criticado por comunes y republicanos– ha hecho con la Casa Orsola lo que probablemente hubiera hecho Ada Colau: pagar un precio que no por alto deja de estar bastante por debajo del de mercado. Hace unos días Collboni proclamaba en estas mismas páginas que la “especulación inmobiliaria ya no será negocio en Barcelona”. Regular el alquiler de temporada, fijar como prioritario el uso residencial de los pisos –rechazando renovar licencias a las viviendas de uso turístico a partir de 2028– son jalones ambiciosos en la política que se propone el gobierno municipal. La alfombra roja con la que Collboni fue recibido en el exclusivo Círculo Ecuestre empieza a perder pelo en cuanto el poder democrático trata de embridar a un mercado que embiste y se lleva por delante derechos ciudadanos.

Por todo ello convendría que el PSC intentara blindar al máximo una política municipal conjunta. No solo con Esquerra, sino también con los comunes. Al fin y al cabo, Collboni debe su cargo a los de Ada Colau. La china en el zapato son las discrepancias sobre la reserva del 30% para solares urbanos en ampliación o gran rehabilitación de promociones privadas.

Desde los comunes y el Sindicat de Llogateres se asegura que Barcelona renunciaría a 18.827 viviendas adicionales de protección oficial en los barrios más necesitados si se modifica a la baja la medida. Los socialistas por el contrario afirman que ha resultado ser un fracaso que solo ha permitido la incorporación de 156 pisos sociales, en parte porque los promotores entraron licencias antes de que estuviera en vigor la norma o porque las retuvieron en la confianza de que un nuevo alcalde la derogaría. Mientras, la medida sigue bloqueada sin moverse ni hacia adelante ni hacia atrás. Collboni no se decide.

Socialistas y comunes –Esquerra está a la espera de vadear las reticencias de sus bases– deben reconsiderar puntos de vista. Ni Collboni se ha vuelto intrínsecamente perverso desde que es alcalde –al parecer no lo era cuando ocupaba la tenencia de alcaldía de Colau– ni los comunes se merecen el trato displicente que reciben del PSC, con el que han gobernado durante ocho años. La urgente situación de la vivienda exige políticas de consenso que solo puede garantizar la izquierda. Por el bien de la ciudadanía, desde l’Eixample a Ciutat Meridiana.