La familia de Girona que tuvo que salir de su casa porque se la ocuparon la recupera un mes después

La familia de Girona que a principios de enero tuvo que salir de una casa de su propiedad que estaba a punto de reformar porque tres ocupas se habían instalado en ella, la ha podido recuperar un mes después, este miércoles, tras un juicio rápido. La sentencia del Juzgado de Instrucción número 4 de Girona concluye que desde 2019 son los denunciantes los legítimos propietarios y que los ocupantes carecen de cualquier derecho sobre la vivienda. Este caso se hizo viral en redes sociales y hubo tanta crítica a la actuación policial que incluso el alcalde, Lluc Salellas, tuvo que salir en defensa de los agentes argumentando que “la policía actuó como marca el protocolo”. Jordi Riera, el afectado, cree que el impacto mediático ha ayudado a su rápida resolución.

La pesadilla de la familia Riera empezó el 2 de enero cuando los vecinos le llamaron y le dijeron que habían agujereado la puerta tapiada y habían ocupado su casa, en el número 9 de la calle Sant Hipòlit de Girona. Riera y su padre fueron a la casa, entraron con las escrituras y los ocupas llegaron diciendo que allí vivían ellos. Al sentirse amenazados, los Riera llamaron a la Policía Municipal. “Esperábamos que nos protegieran y ayudaran y en cambio nos invitaron a irnos y los ocupas entraron aplaudiendo avalados por los agentes. Creo que hay cosas que se podían haber hecho diferente”, lamenta.

Según el escrito, los dos policías que acudieron dijeron haber entrado y comprobado que en el interior había “un colchón, bolsas, alguna maleta y enseres de cocina”. “Durante el juicio el fiscal también puso en duda que la actuación policial fuera la adecuada”, dice Riera.

La sentencia considera probado que los 3 hombres -de origen marroquí y entre 30 y 40 años- estaban ocupando la vivienda desde el 20 de diciembre y pensaban permanecer allí “sin título alguno que les habilitara para ello, impidiendo la posesión sobre el inmueble por parte de sus legítimos propietarios”.

Sostiene que concurren los requisitos para apreciar un delito de usurpación de bien inmueble. Los ocupantes se limitaron a decir en el juicio que “habían comprado las llaves a un hombre por 1.500 euros”. Para la juez, “no puede considerarse creíble que pensaran que estaban adquiriendo una vivienda, que no está en estado ruinoso, por un precio tan irrisorio; ni que el presunto vendedor fuera el titular, teniendo en cuenta que se encontraba tapiada en todos sus accesos y entraban por un agujero y sabiendo desde el 2 de enero que el dueño les había pedido que se fueran”.

En su dictamen, la juez, que recoge la petición hecha por Fiscalía, condena a los ocupantes como coautores de un delito leve de usurpación de bien inmueble y les condena a 3 meses de multa a razón de 3 euros al día, 270 euros y acuerda como medida cautelar “el desalojo inmediato de los ocupantes de la finca y la entrega de la posesión a sus legítimos titulares”. También pide que se avise a Servicios Sociales de la situación de los denunciados.

El caso coincide con unos acuerdos de las secciones penales de la Audiencia de Girona respecto las ocupaciones, que han trascendido, y que modifican el criterio limitando las circunstancias que podrían legitimar la entrada en vivienda ajena. El documento endurece su línea jurisprudencial. Su voluntad no es tanto avalar un desalojo exprés, apuntan fuentes judiciales, como que el caso se resuelva por el procedimiento del “delito leve inmediato”, es decir, con un juicio rápido, como ahora se están haciendo centenares de juicios en toda Cataluña a la semana por hurtos en comercios. Esto permitiría desalojar las ocupaciones en semanas e incluso, optimistamente apuntan, a la larga podría ser el final de las mafias por falta de negocio.

Estos acuerdos se han hecho llegar a juzgados de instrucción y colegios de abogados y se hará lo mismo con policías locales y Mossos. Les informarán de qué se puede o no hacer según el caso, pero en todo caso, con una respuesta ágil que pasa porque monten un juicio rápido.