La Casa Gomis y el relevo en El Prat: los comunes refuerzan las barreras a la ampliación del aeropuerto de Barcelona

El proyecto para la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat no toma altura. La clave para rediseñar el futuro de la instalación debería haberse revelado este enero, pero la incertidumbre se alarga porque los técnicos aún tardarán varias semanas en publicar su informe. Además, la compra de la Casa Gomis por parte del Ministerio de Cultura y el relevo en el Ayuntamiento de El Prat son dos operaciones recientes pilotadas por los comunes, abiertamente opuestos a un agrandamiento del aeródromo, que añaden dudas a si sigue habiendo margen para acometer una obra para la que Aena tiene reservada una asignación de 1.700 millones de euros.

La comisión mixta formada por técnicos de la Generalitat y del Gobierno central sigue trabajando en el redactado de un dictamen que combine las necesidades de ampliación del aeropuerto con la debida protección medioambiental del delta del Llobregat. Sobre el papel, entre finales de diciembre y principios de enero tendría que haber salido a la luz un dictamen técnico para analizar los pros y contras de una ampliación que el propio Salvador Illa ha catalogado como “prioritaria” para no cercenar el crecimiento que experimenta el aeropuerto barcelonés. El año pasado, las terminales de El Prat acogieron a 55 millones de pasajeros, lo que puso la instalación al borde de su capacidad operativa. Todo apunta a que el redactado final del informe tardará en ver la luz mientras el gobierno de Illa sigue peleando por conseguir aprobar sus primeros presupuestos al frente de la Generalitat. Paralelamente, los Comuns han conseguido que el Ministerio de Cultura -en manos de Ernest Urtasun- comprara a principios de enero la Casa Gomis, edificio emblemático de la finca La Ricarda justo en el lugar protegido medioambientalmente donde todos apuntan que se llevará a cabo la ampliación de la infraestructura aeroportuaria. Para acabar de añadir complicaciones, el Prat ha cambiado de alcaldesa. A mediados de enero, Alba Bou (Comuns) fue nombrada primera edil en sustitución de Lluís Mijoler. Bou ya ha denunciado que no se cuenta con su Consistorio para una operación a la que se opone y ya ha amenazado con llevar ante las instituciones europeas cualquier tipo de ampliación que suponga atravesar la valla del aeropuerto que limita con la Ricarda.

EL PAÍS publico e 12 de enero una entrevista con Salvador Illa en la que se le preguntaba, antes de conocerse el informe de la comisión mixta, si el aeropuerto podría ampliarse sobre la zona protegida de la Ricarda. Illa fue críptico pero garantizó que la solución final “en ningún caso infringirá aspectos medioambientales”. Illa se mostró favorable de la compra de la Casa Gomis y ganó tiempo asegurando que había que esperar a los informes técnicos.

Fuentes de la comisión mixta que ha de diseñar esos informes señalan a EL PAÍS que los trabajos de redactado del informe se alargarán más de lo previsto, y luego se pedirá el aval de una consultora internacional. Según esas mismas fuentes, la compra de la Casa Gomis por parte del Ministerio de Cultura es un hecho que “no afecta para nada a lo que pueda pasar con la Ricarda y con la pista del aeropuerto”. En la misma línea, se pone de relieve que “la pista del aeropuerto no depende de un interés arquitectónico puntual, sino de un tema ambiental”.

El grupo de expertos está centrado en buscar qué parcelas de la zona agrícola de El Prat pueden ser más idóneas para que las adquiera Aena, de cara a hacer las compensaciones ambientales que demanda la ampliación de la pista sobre los terrenos de la Ricarda. La prioridad es buscar terrenos que han perdido valor para la agricultura, por su propensión a inundarse.

Los humedales que rodean al aeropuerto de Barcelona cuentan con la protección de los espacios de la Red Natura 2000, una distinción europea que vela por la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora. La intervención de una consultora con prestigio internacional en el proyecto de ampliación del aeropuerto se pretende que sirva para reforzar la solvencia del expediente, antes de presentarlo a la Comisión Europea para que lo valide. Se trata de definir qué acciones se llevan a cabo en los humedales protegidos del delta del Llobregat para mitigar el impacto que supondrá alargar la pista más cercana al mar.

Justo en defensa de todos esos espacios protegidos y en contra de la ampliación del aeropuerto se sitúa el Consistorio del Prat de Llobregat. El pasado 16 de enero, Alba Bou tomó el relevó a Lluís Mijoler en la alcaldía. En su discurso como primera edil lo dejó claro: “Nuestro entorno, playa, agricultura, nuestros espacios protegidos están en peligro. Amenazados por tierra mar y aire por el hambre de las infraestructuras que pretenden pasar por encima de nuestros derechos”. Bou, en declaraciones a EL PAÍS, denuncia que la Generalitat y el Gobierno central no han incorporado al Consistorio en la comisión técnica que decidirá el futuro de un espacio que se encuentra en el municipio. “Han pasado muchas semanas y no sabemos que afectación planean en nuestros terrenos”, lamenta. Bou defiende la compra de la Casa Gomis y asegura que se utilizará el edificio y su entorno para que toda la ciudadanía y, en especial, los más pequeños conozcan el Delta del Llobregat y el entorno natural.

La alcaldesa amenaza con que cualquier propuesta de ampliación que pase por “afectar unos metros” la Ricarda para alargar la pista, topará de bruces con denuncias ante instancias europeas por motivos medioambientales y El Prat será uno de los Consistorio que las presente. “Es ilógico que el resto de administraciones nos hayan excluido y ahora mismo estemos a verlas venir”, ha concluido la alcaldesa.