Puigdemont dimite de su “Generalitat paralela” y estalla una crisis en la dirección de la entidad

El Consell de la República, zarandeado por acusaciones de uso indebido de dinero por parte de su vicepresidente Toni Comín, convoca elecciones anticipadas

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, conversa con Toni Comín, durante un acto de campaña de JxCat para las elecciones europeas celebrado en Colliure (Francia).David Borrat (EFE)

El Consell de la República ha quedado descabezado y afronta un proceso de revisión para redefinir su composición y sus objetivos. La entidad independentista que creó Carles Puigdemont desde Bélgica con la idea de que pudiera ejercer como una suerte de Generalitat paralela sufre una crisis en su dirección tras la dimisión del propio Puigdemont y de todos los miembros que forman parte del órgano de gobierno del organismo. Entre los que dan un paso al lado también está Toni Comín, vicepresidente del Consell, y que ha sido objeto de una investigación interna para aclarar si desvió más de 15.000 euros de las cuentas de la entidad para asuntos propios. Un comunicado hecho público este miércoles alude a la “necesidad de auditar la actividad y gestión del Consell” con el objetivo de “dejar la institución preparada para afrontar la nueva etapa”. Se anuncia la convocatoria de elecciones anticipadas y, mientras no se celebren, se encomienda la gestión a una comisión gestora.

Con el propósito de “mantener la máxima garantía de neutralidad”, la fecha y el proceso de las elecciones serán decididos por la gestora. En su comunicado de este miércoles, el Consell pone de relieve que la reciente elección de Carles Puigdemont como presidente de Junts per Catalunya invita a repensar el papel de la entidad y obliga a buscar una nueva cara que pueda asumir la presidencia del Consell. El relevo de Puigdemont, alma y motor del Consell, arrastra también a todos los integrantes del mando de la entidad, entre los que se encuentran Toni Comín y Toni Castellà, nuevo vicepresidente de Junts per Catalunya.

El vacío de poder en la dirección ahonda en la crisis de identidad que vive el Consell, muy desgastado por la pérdida de influencia que ha sufrido y por las sospechas que hay sobre la gestión del dinero de la entidad. Una auditoría desveló hace dos semanas que Toni Comín pudo emplear 15.530 euros de los fondos del Consell para pagar gastos personales, tales como contratar un coche de alquiler, abonar tarifas de párking o arrendar un apartamento. En un comunicado, Comín negó que se trate de caprichos personales sino que corresponde a gastos de representación en viajes al sur de Francia por su condición de vicepresidente del órgano de gobierno del Consell de la República. “Son gastos del mismo carácter (idénticos) que los gastos de representación de los otros miembros del gobierno: costes de desplazamiento y alojamiento”, indicó Comín, que apeló a “la responsabilidad” que implica su puesto en el Consell de la República y alegó que semejante tarea “no está remunerada”.

La semana pasada, el órgano de gobierno del Consell de la República informó que había acordado “delegar la gestión financiera” en otras dos personas además del vicepresidente Toni Comín, que ejercía esta responsabilidad en solitario. En el mismo comunicado se anunciaba una reducción de la masa salarial del equipo técnico en un 50%. La decisión responde a la situación financiera valorada como “moderadamente preocupante”.

El Consell señala que el independentismo afronta una nueva etapa “más dividido y más debilitado parlamentariamente” y defiende que su papel “es más necesario que nunca” pero que es menester “adaptar el Consell a esta nueva realidad”.

Comín mientras tanto, continúa en Bruselas a la espera, nuevamente, de poder ocupar su escaño de eurodiputado. La sentencia de finales de septiembre del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que desestimó el recurso que había presentado junto con Puigdemont contra la decisión del Parlamento Europeo que, en el verano de 2019, les impidió asumir automáticamente su escaño, ha sido un duro revés. Sobre todo porque llegó después de constatar que ni él ni Puigdemont van a poder beneficiarse, al menos en el futuro inmediato, de la ley de amnistía, pese a que tras su aprobación daban por seguro poder regresar a Cataluña desde el verano y habían organizado sus vidas políticas, y personales, en torno a esa perspectiva.



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