Siete de cada 10 diputados incumplen la ley al esconder sus agendas y citas con ‘lobbies’ en el Parlament

La ley y el código de conducta interno del Parlament obligan a los diputados a hacer públicas sus agendas. A su vez, los grupos de interés, también llamados lobbies, solo pueden ejercer su labor de incidencia si están registrados en un fichero específico. Estos mecanismos de transparencia cumplen en diciembre una década de creación, pero siguen sin despegar: según se desprende del registro de grupos de interés de la Cámara, durante la p...

La ley y el código de conducta interno del Parlament obligan a los diputados a hacer públicas sus agendas. A su vez, los grupos de interés, también llamados lobbies, solo pueden ejercer su labor de incidencia si están registrados en un fichero específico. Estos mecanismos de transparencia cumplen en diciembre una década de creación, pero siguen sin despegar: según se desprende del registro de grupos de interés de la Cámara, durante la pasada legislatura solo 40 diputados de 135 (el 29%) consignó en su agenda al menos un encuentro con un lobby. Omitir ese deber es considerado una falta grave, pero ni la Mesa del Parlament ni ningún grupo ha pedido investigar ese incumplimiento sostenido. El registro recoge en total 157 encuentros entre diputados y grupos de presión, siendo el más activo Lafede.cat (18 reuniones). Los socialistas Ferran Pedret y Assumpta Escarp fueron los que tuvieron más visitas.

La Cámara catalana aprobó la pasada legislatura un total de 26 normas y tras cada una hay un largo proceso de tramitación en el que muchas partes quieren decir la suya. Para garantizar el conocimiento público de todas las actividades de influencia e intermediación (y reconociendo el principio de autonomía parlamentaria) la ley de transparencia de 2014 dejó en manos del legislativo margen para autoorganizarse. Todo el sistema funciona en tanto se relacione el registro de lobbies con las agendas personales de los diputados -y sobre el papel también sus asesores y otros empleados- y ahí entra la observancia del código de conducta (aprobado en 2016) que haga cada diputado.

Pedret, actual jefe de la bancada del PSC, lidera el listado de diputados que más contacto tuvo con grupos de interés (36) durante la pasada legislatura. O, como mínimo, el que fue más transparente con su agenda. Era entonces el resposable del memoria democrática y cooperación y eso se nota en las visitas: Associació d’Aviadors de la República, Amical de Mauthausen, el Ateneu Memòria Popular… El Parlament, explica varios diputados, sincroniza la agenda con sus dispositivos, fijando de manera automática las sesiones de las comisiones y los plenos. Pero es obligación de cada uno ingresar las citas y/o visitas que realiza en calidad de parlamentario. Tienen 15 días de margen para informar de los encuentros, y se ha de incluir el número que cada grupo de interés tiene en el registro, con quién ha sido la cita y el tema a tratar. “Es un proceso trabajoso, pero hay que hacerlo”, acepta el también exsecretario de la Mesa.

En la lista de los diputados con más reuniones, tras Pedret, aparecen la exvicepresidenta de la Cámara, Assumpta Escarp (21); el republicano Jordi Albert (17); empatados a 12 encuentros figuran el entonces jefe de la oposición, Salvador Illa, y Raúl Moreno (PSC). La quinta posición la ocupa la socialista Alícia Romero (11). El papel central que juega en todo el ambicioso mecanismo de transparencia la voluntad individual también queda en evidencia si se analiza el cumplimiento dentro de los grupos parlamentarios: solo 18 representantes de la bancada de Esquerra (con 33 escaños) publicitaron sus agendas; en el PSC lo hicieron 16 de 33 diputados; siete en el grupo de Junts per Catalunya (de 32 y solo a partir de principios de este año) y uno en la de los comunes (un grupo de 8). No constan registros ni de Vox, la CUP, Partido Popular o Ciudadanos. Curiosamente, la agenda de las presidentas de las Cámaras sí es pública pero no constan los cruces con el registro de lobbies.

Pero que en las agendas no haya rastro de reuniones con organizaciones que busquen influir en la elaboración de normas no significa que no se hayan celebrado. Lafede.cat, la organización que agrupa a 130 ong catalanas relacionadas con la cooperación internacional y la promoción de derechos humanos, fue según el registro de la Cámara el grupo de interés más activo (18 reuniones) y Dani Gómez-Olivé, su responsable de incidencia, certifica encuentros con todas las formaciones menos PP y Cs, que no respondieron en su día a la invitación. Con Vox, de entrada, no tienen ningún tipo de relación. Que hubo más reuniones de las que figuran también lo certifican Unió de Pagesos o la Mesa del Tercer Sector. La diputada republicana Ana Balsera apuntaba así un encuentro con Lafede.cat el 23 de febrero del año pasado: “Reunión conjunta con los miembros de otros grupos parlamentarios”. Sin embargo, la cita no figura en ninguna otra agenda.

”Nos parece muy bien que haya luz sobre la labor de incidencia que se realiza en el Parlament”, defiende Gómez-Olivé. A parte de las reuniones de seguimiento del Plan Director de Cooperación, que por ley obliga a hacer revisiones periódicas del avance con los grupos parlamentarios, Lafede.cat trabajó intensamente la legislatura pasada en la creación del Centro Catalán de Empresas y Derechos Humanos. Una tramitación que, por segunda vez, hunde un adelanto electoral. El paraguas de las entidades de cooperación, como otras 427 organizaciones, forman parte del registro del grupo de interés de la Cámara. Solo 76, sin embargo, tuvieron algún tipo de actividad la legislatura pasada, de acuerdo con lo que figura en las agendas de los diputados.

En el ranking de las más activas también están la Mesa del Tercer Sector Social (6) y con cinco encuentros Unió de Pagesos, la Farmacéutica Sanofi y la Associació d’Aviadors de la República. De hecho, un total de cinco empresas farmacéuticas diferentes hicieron lobby en el Parlamento: todas reunieron con Escarp entonces, portavoz de temas de salud del PSC. La diputada aclara que jamás se hace referencia a los laboratorios cuando se presentan iniciativas sobre patologías específicas.

Irene Araguàs, profesora de derecho administrativo de la Universitat de Barcelona, comparte las críticas al instrumento de transparencia del Parlament hechos en el pasado por la Síndicatura de Greuges y cree que una de las grandes asignaturas pendientes es la trazabilidad de la influencia. “Los niveles de cumplimiento también son muy bajos, lo cual alerta sobre la necesidad de otro tipo de regulación, así como aplicar medidas adecuadas para forzar el cumplimiento”, defiende la también coautora, junto a Joan Ridao, de Los lobbies: presente y futuro de la regulación de los grupos de interés en España (Marcial Pons). En el Congreso de los Diputados, menos del 10% de los representantes comunican sus reuniones.

Hasta ahora, recuerda la experta, no se ha puesto ninguna sanción ni a los diputados ni a las organizaciones que intentan interlocutar sin estar registradas. Según el código de conducta interno, que suscribe cada diputado al recoger el acta, se considera como falta grave “incumplir el deber de publicidad de la agenda parlamentaria” y se enfrenta a multas de entre 600 y 1.200 euros. Para llegar ahí estadio es necesario que bien la Mesa del Parlament o un grupo activen el mecanismo de investigación que realiza la Comisión del Estatuto del Diputado. La amonestación pública también figura como posible sanción.