Illa busca apoyos para la nueva financiación con un grupo de expertos que incluye a profesionales de fuera de Cataluña

Martí Carnicer, quien fue mano derecha del conseller Antoni Castells, estará al frente del grupo de economistas que tiene la misión de abordar un compromiso clave para la legislatura catalana

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto al conseller de Presidencia, Albert Dalmau (2d), y la consellera de Economía y Finanzas, Alicia Romero, en los pasillos del Parlament.Toni Albir (EFE)

El Govern de la Generalitat pone en marcha la maquinaria para abordar el diseño de un nuevo modelo de financiación para Cataluña. La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha anunciado este lunes que ya hay luz verde para activar el programa que pautará la implementación del nuevo marco autonómico de financiación y ha revelado que pone al economista Martí Carnicer al frente de la mesa de trabajo. Carnicer, de 73 años, lleva un tiempo retirado del primer plano de la política pero fue alcalde de El Vendrell (Tarragona) durante más de veinte años y formó parte del grupo parlamentario del PSC en varias legislaturas. Entre 2003 y 2010, fue secretario general de Economía, en la consejería que comandaba Antoni Castells. Alícia Romero ha hecho el anuncio durante una entrevista en el programa Aquí Catalunya de la Cadena Ser, y ha resaltado la competencia del equipo escogido para trabajar en un asunto que fue determinante para desbloquear la investidura de Salvador Illa. En el acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana se recoge el compromiso de “impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal”. Entre los expertos a los que la Generalitat ha recurrido los hay también de fuera de Cataluña en un intento de buscar apoyos en otras comunidades.

La consejera Romero ha evitado hablar de calendarios pero ha recordado que el pacto con Esquerra prevé que el año 2025 tiene que servir para poner las bases de cara a poder cobrar, en 2026, el IRPF en Cataluña. Admite la complejidad de la ingeniería fiscal que se necesita para poder llevarlo a cabo: “No es fácil pero trabajaremos para que sea posible”, ha dicho. Preguntada sobre el impacto que pueda tener en el resto de comunidades autónomas alterar el reparto financiero en Cataluña, la consejera de Economía ha señalado que Cataluña merece un modelo “singular y justo” y ha puesto de relieve que “siempre que se ha negociado un nuevo modelo de financiación se han inyectado nuevos recursos al sistema”.

En este sentido, ha dicho, que la Administración central “tendrá que analizar si pone más recursos”. Ha argumentado que “las comunidades autónomas gestionan el 70% del gasto público y hace falta estar mejor financiadas”. “Queremos que todas las singularidades, especialmente la de Cataluña, se vean reflejadas en este nuevo modelo”, ha abundado. Romero también ha destacada el carácter transversal del grupo de expertos elegido. “Hemos querido que haya personas de Cataluña pero también de fuera para que nos ayuden con su visión a concretar el acuerdo y para generar alianzas con el resto de España”, ha dicho.

Sobre si el nuevo modelo de financiación catalán es una suerte de concierto vasco en la sombra, la consejera catalana ha puntualizado que “fue Esquerra quien decidió ponerle el nombre de financiación singular, y no habla de otra cosa”, ha sentenciado.

El nuevo programa de trabajo para darle forma, que contará con la asistencia técnica del personal del Departamento de Economía, se desarrollará con el asesoramiento de un grupo de expertos, liderado por Carnicer. Forman parte del grupo Maite Vilalta Ferrer, profesora titular de Hacienda Pública en la Universitat de Barcelona (UB) y miembro del Instituto de Economía de Barcelona (IEB). Es experta en federalismo fiscal y en hacienda autonómica y local; Vicent Soler Marco, Doctor en Economía por la Universitat de València, catedrático de Economía Aplicada e investigador en la London School of Economics. Fue Consejero de Hacienda y Modelo Económico en la Generalitat Valenciana (2015-2022); Alex Esteller Moré, Doctor en Economía por la Universitat de Barcelona y director de Investigación del IEB en Análisis de Sistemas Fiscales; Marta Espasa Queralt, quien fue cesada el mes pasado como secretaria de Hacienda de la Generalitat, cargo que venía desempeñando en los gobiernos de Pere Aragonès y Quim Torra. Es Doctora en Economía por la Universitat de Barcelona y especialista en economía pública, financiación autonómica y local, balanzas fiscales y redistribución territorial; Joan Ramon Rovira Homs, Doctor en Economía por la Universidad de Manchester y responsable del gabinete de Estudios Económicos y de Infraestructuras de la Cámara de Comercio de Barcelona; Jesús Ruiz-Huerta Carbonell, catedrático de Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, fue director del Instituto de Estudios Fiscales entre los años 2004 y 2008.

Hace dos semanas, durante el primer debate de política general que le tocó afrontar a Salvador Illa como president, ERC advirtió que su apoyo al Govern está condicionado a que haya muestras tangibles de “ambición” para lograr avances reales en la “soberanía fiscal” de Cataluña: “Sin la concreción de la financiación singular no puede haber legislatura”, manifestó Josep Maria Jové, presidente del grupo parlamentario de Esquerra. Illa respondió que tiene intención de dejarse “la piel” para cumplir lo pactado.

En el ámbito presupuestario de la Generalitat, la consejera ha explicado que el Govern sopesa incluir en las próximas cuentas un incremento de la tasa turística y recuperar la rebaja del IRPF que ERC iba a impulsar a través de los Presupuestos para 2024, que no salieron adelante. Romero ha asegurado que “es posible” que esta rebaja fiscal se mantenga en las cuentas para 2025. En concreto, el anterior Govern, liderado por ERC, preparó una rebaja del tramo autonómico del IRPF que debía beneficiar a contribuyentes con una renta de hasta 33.000 euros brutos al año, una propuesta que contaba con el visto bueno del PSC. Esa propuesta consistía en rebajar el tipo de la escala autonómica en el primer tramo de tributación en un punto: del 10,5% al 9,5%. También estudia un aumento de la tasa turística, un incremento impositivo que “no afectaría a los ciudadanos, sino a los turistas”, ha insistido.


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