El sistema de dependencia necesitará a 100.000 trabajadores en 10 años para afrontar el envejecimiento

La entrada de la generación del baby boom en la vejez se prevé un reto mayúsculo. No solo por cómo gestionar el sistema de pensiones, sino también por cómo se gestionarán las situaciones de dependencia. La Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) y la Unión de Entidades han presentado este jueves un estudio sobre el estado actual de las empresas y entidades del sector, tanto en el ámbito financiero como en el de los recursos humanos. Y han lanzado una alerta: de aquí a 10 años, serán necesarios 100.000 nuevos trabajadores para la atención a la dependencia si se quiere afrontar con solvencia el envejecimiento demográfico de España. Esta cifra, en Cataluña, será de 20.000 trabajadores. Para hacer frente a esta previsión, las patronales del sector han reclamado a la administración que aumente la financiación pública hasta al menos el 2% del PIB (actualmente el gasto está en el 0,96%).

El informe, Estudio socioeconómico de la atención para personas en situación de dependencia en España, ha sido impulsado por la Unión de Entidades en colaboración con Acra y con el apoyo económico del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y su elaboración se encargó a la consultora Antares. El estudio sitúa una panorámica de cómo está ya en estos momentos el sector: en los últimos años, el número de beneficiarios del Programa Individual de Atención (PIA), el primer paso para reconocer una situación de dependencia, ha crecido a un ritmo del 6% anual. Pero este aumento de beneficiarios no implica que puedan contar con los servicios previstos por ley: el tiempo medio de resolución de la prestación es de 324 días, y en la lista de espera hay actualmente unas 155.000 personas (una lista muy elevada pese a haberse reducido un 9% anual desde 2018). En Cataluña, el tiempo medio en 2023 desde la solicitud de la dependencia hasta la resolución de la prestación es de 295 días y la lista de espera para ser beneficiario del PIA es la “más alta” de España, con 48.470 personas dependientes.

Esta situación, en un país donde, según han explicado los responsables del estudio, se espera que la población mayor de 65 años y la mayor de 80 años se doblen en 10 años, puede convertirse en muy difícil de gestionar. “En Cataluña, las personas de más de 80 años pasarán de las 465.000 actuales a superar el millón, y muchas de ellas necesitarán recursos asistenciales como residencias, centros de día, ayuda domiciliaria, teleasistencia o pisos con apoyo”, ha dicho Ramon Ramells, presidente de la Unión de Entidades.

Por todo ello, las patronales han destacado que se necesitarán cada vez más profesionales para atender a la dependencia: en diez años, 100.000 en España y 20.000 solo en Cataluña. Estas previsiones chocan con la falta endémica de profesionales en el sector y la alta rotación por las bajas condiciones salariales de los profesionales de las residencias, que si tienen la oportunidad saltan al sector sanitario para tener un sueldo más alto. Actualmente hay en España cerca de 700.000 personas afiliadas a la seguridad social relacionadas con la atención a la dependencia, 311.177 de ellas en establecimientos residenciales, pero la presidenta de Acra, Cinta Pascual, ha reconocido que hay toda una bolsa de personas que se dedican a la dependencia en la economía sumergida, sobre las que ha dicho que es necesario regularizar su situación.

El estudio también apunta a que harán falta más plazas. En España hay una oferta de 393.581 plazas residenciales y 105.447 plazas en centros de día, y el 73% de la oferta está en manos privadas. En Cataluña, este porcentaje sube hasta el 85% en un parque de 62.000 plazas residenciales y 20.000 de centros de día. Según el informe, será necesario crear en España más de 11.000 plazas anuales simplemente para mantener la cobertura actual, y más de 23.000 plazas anuales para alcanzar la media europea. Otra de las claves de la transformación del sistema de atención a la dependencia es el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD), que en España atiende a 534.321 personas (69.935 en Cataluña) pero que tiene un índice de cobertura sobre las personas mayores de 65 años de solo el 5,5% (la media europea es del 10,1%).

Para financiar todo ello, Pascual ha afirmado que es imprescindible que la administración aumente su aportación pública, si no quieren que la situación se convierta “en el gran fracaso del Estado del Bienestar”. Pascual ha recordado que España dedica a la financiación a la dependencia un 0,96% de su PIB, frente a la media de los países de la OCDE (1,5%) o la europea (2%), y muy lejos de países de referencia como Países Bajos (3,1%), Noruega (2,9%) o Suecia (2,83%).