Un fallo de gestión de la Generalitat aboca a 9.500 familias a devolver dinero de prestaciones sociales

Unas 9.500 familias vulnerables que reciben prestaciones sociales como la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) han recibido o recibirán estos días una carta de la Generalitat solicitándoles devolver parte del dinero que se les había otorgado. Errores en la gestión y los trámites de estas prestaciones, que vienen ya de anteriores legislaturas, han derivado en que a estas familias se les diera más dinero del que les tocaba, unos 7.500 euros de media, según ha avanzado Catalunya Ràdio. En esta emisora el secretario general del departamento de Derechos Sociales, Raül Moreno, ha pedido disculpas este miércoles y, si bien ha dicho que se buscarán fórmulas para “no cargar sobre las espaldas” de los ciudadanos una chapuza administrativa, también ha recordado que la ley obliga a la Administración a intentar recuperar los recursos. La consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha solicitado comparecer en el Parlament para explicar esta situación. La Síndica de Greuges tiene un centenar de expedientes abiertos por este tema y ha abierto una actuación de oficio.

El departamento argumenta, en un comunicado, que se trata de una “situación sobrevenida que el nuevo Ejecutivo se ha encontrado y que ha afrontado desde el primer día con voluntad de resolverla”. Las familias que entre enero y agosto ya recibieron la notificación, según los cálculos de la Generalitat, son unas 8.500, pero se estima que otras 1.000 familias están en la misma situación y recibirán la carta en breve. “Es responsabilidad de la Generalitat solucionar este tema, es nuestra voluntad no generar a las familias más problemas. Estamos avanzando en distintas soluciones legislativas para que este tema quede resuelto en los próximos meses”, ha asegurado Moreno. El departamento explica que se analizaron las vías legales posibles para paralizar el envio de nuevas cartas hasta encontrar una solución, pero que no fue posible por el marco normativo, que no lo permite. El departamento estudia ahora “aplicar con urgencia modificaciones legislativas que permitan resolver esta problemática”, y que son las que detallará la consejera en sede parlamentaria cuando comparezca.

Esta situación no responde a unas dificultades actuales, sino que se deriva de los problemas de gestión endémicos que sufre la tramitación de prestaciones sociales, especialmente la Renta Garantizada de Ciudadanía, cuyos receptores son la mayoría de las casos afectados. De hecho, el director general de Prestaciones Sociales, Valentí Arroyo, es el mismo que había en la anterior legislatura, con lo que la búsqueda de soluciones para estos fallos de gestión parte ya del anterior Ejecutivo. Fuentes del anterior departamento que dirigía el exconsejero Carles Campuzano explican que el error viene de unos supuestos con los que ya se encontró cuando llegó. Por un lado, la falta de personal para la tramitación de estas ayudas ha hecho que muchos de los expedientes no se actualicen cuando hay un cambio: el derecho a percibir la prestación y las cantidades que se perciben depende de los ingresos familiares, de cuántos miembros conviven en una unidad familiar, y de otras variables que, si cambian (por ejemplo con el nacimiento de un hijo o el fallecimiento de un familiar), tienen que ser actualizadas para ajustar lo que debe percibir la familia. Por otro, también hay problemas con que las propias familias notifiquen los cambios para que se actualicen sus expedientes, ya sea porque a causa de su vulnerabilidad tienen dificultades para dirigirse a la administración, o porque no quieran notificar los cambios por miedo a que se reduzca la prestación.

A esto se le añade, apuntan las mismas fuentes, que no siempre hay una comunicación fluida entre departamentos de la Generalitat que otorgan distintas prestaciones que a menudo son incompatibles entre sí. Por último, la falta de recursos para tramitar las ayudas hace que no se analicen todos los expedientes, que muchos se aprueben por silencio administrativo y que luego, al ser revisados, impliquen una devolución de parte o todo el importe. Todos estos errores internos han hecho que la Generalitat ahora tenga que reclamar pagos indebidos. Según Moreno ha explicado, los errores de gestión han hecho que se tarde meses en certificar cambios en los expedientes que implican modificar las cuantías asignadas. Durante ese tiempo se ha seguido abonando sin cambios la prestación, pudiendo haber entonces dinero de más. También hay casos en que el receptor de la ayuda directamente ha incumplido su deber de informar a la Administración las modificaciones en su situación económica o familiar.

Ya ha habido intentos de solucionar el problema. Hace un año, el Govern de Pere Aragonès presentó una propuesta de modificación de la ley de la Renta Garantizada para ampliar su cobertura, y entre otras cosas, apuntaba que había que “mejorar el tiempo de resolución de las peticiones”, para lo que se diseñó un plan de digitalización que permitiría automatizar los trámites. Con todo, los fallos de gestión han acompañado desde el inicio a esta prestación, e incluso hubo una serie de demandas antes de la pandemia por incumplimientos. Actualmente, con cifras del pasado mes de agosto, hay 151.892 beneficiarios de la Renta Garantizada.

El error de gestión llega en un momento crítico para el departamento de Derechos Sociales. La Generalitat tiene por delante la tarea de unificar la gestión de su ayuda propia con la estatal, el Ingreso Mínimo Vital, que ha asumido en el traspaso que acordaron ERC y PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.