El Govern de Illa releva al director del plan piloto de la Renta Básica Universal para reformular el proyecto

El Govern de Salvador Illa ha decidido dar un vuelco en la oficina de la Generalitat que diseña un plan piloto para aplicar una Renta Básica Universal. La continuidad de este proyecto, que empezó en la legislatura de Pere Aragonès, consta en el acuerdo entre PSC y ERC para la investidura de Illa, pero los socialistas siempre se habían mostrado muy críticos. El nuevo Ejecutivo decidió hace dos semanas que esta oficina pasaría de estar bajo el paraguas del departamento de Presidencia a estar bajo el departamento de Derechos Sociales e Inclusión. Este lunes también ha hecho oficial el relevo en la dirección de la oficina: el hasta ahora director, el sociólogo y activista Sergi Raventós, será sustituido por Guillem Vidal, doctor en Ciencias Sociales y Políticas. El Govern afirma que mantiene el compromiso de dar continuidad a la oficina, pero apuesta por actualizar y reformular el proyecto “para que la evidencia científica que se genere se corresponda con la inversión”.

En la oficina para el plan piloto de Renta Básica Universal siempre ha habido cierta inquietud sobre la continuidad del proyecto. Creada en junio de 2021 con el Gobierno de ERC y Junts —constaba en los programas electorales de los republicanos y de la CUP—, los responsables de la oficina empezaron a desplegar el proyecto por fin en el ámbito institucional tras dos décadas de activismo en la asociación Red Renta Básica. El objetivo de la oficina era sentar las bases para hacer un experimento en el ámbito de las prestaciones sociales: a una muestra de 5.000 personas (2.500 pertenecientes a dos municipios enteros y 2.500 elegidos aleatoriamente en Cataluña) se les otorgaría durante dos años una prestación de 800 euros (de 300 en el caso de los menores de edad), sin ningún tipo de condición de renta. El objetivo de este plan era ver qué ocurre a los beneficiarios aleatorios, qué impacto tiene en los microcosmos que serían los dos pueblos, y cómo se comparan con otro grupo de 5.000 personas que no reciba esta prestación. La medida tenía que ser evaluada por el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua). Y para todo este proyecto, explicaban los responsables, sería necesaria una inversión de 40 millones de euros. El plan piloto tenía que servir para ver si una medida universal como esta puede tener más impacto que las prestaciones sociales que actualmente se dan a las personas más necesitadas y para las que se usa un criterio de renta (sobre todo, la Renta Garantizada de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital).

En marzo 2023, ya después de la salida de Junts del Govern, el grueso del proyecto (la implementación del plan piloto y la inversión de 40 millones de euros) cayó en la votación de los Presupuestos después de que el PSC y Junts aprobasen una enmienda, con los votos de Ciudadanos, Vox y PP, para suprimir el plan piloto, que estaba contemplado en un artículo de la ley de acompañamiento de Presupuestos. Desde entonces, la oficina, que cuenta actualmente con un equipo de cuatro personas más el director y un presupuesto cercano al millón de euros anual, se ha dedicado a la difusión del proyecto mediante publicaciones y jornadas, tanto en Cataluña como en el extranjero.

Que los cambios en la oficina estaban a la vuelta de la esquina quedó claro ya con la designación del socialista Raúl Moreno como director general de Derechos Sociales —había sido muy crítico con el proyecto— y también con la comparecencia de la nueva consellera, Mònica Martínez Bravo, en el Parlament. Aunque en su intervención no hizo mención a la oficina, sí expresó algunas dudas ante las preguntas que le hicieron los grupos parlamentarios. Fuentes del departamento aseguran que la oficina “no se para” y que el nuevo director, Guillem Vidal, “evaluará en los próximos días las necesidades del proyecto”. “La voluntad del departamento es cumplir íntegramente con los acuerdos firmados, y esto incluye mantener la oficina y hacer el plan piloto de la Renta Básica Universal. Se revisará el piloto para ajustar algunas cuestiones que creemos que son importantes para que vaya bien y para que, de nuevo, la evidencia científica que se genere se corresponda a la inversión. También para estudiar otras cuestiones relevantes para la Renta Básica Universal”, señalan desde el departamento. Esta consejería también será la responsable de integrar la Renta Garantizada de Ciudadanía con el Ingreso Mínimo Vital, que ha sido traspasado a la Generalitat fruto del pacto entre ERC y PSC para la legislatura de Pedro Sánchez.

El hasta ahora director, Sergi Raventós, explica que le comunicaron el cese justo después de la comparecencia de la consejera en el Parlament. Y aunque no duda de que la oficina se mantendrá, para cumplir con el acuerdo político, sí que expresa dudas sobre la utilidad del plan sin una inversión importante. “Veremos como siguen con la oficina: ir a Derechos Sociales era positivo porque es donde se gestionan las prestaciones, y también porque la nueva consejera viene del ámbito académico y entiende que hay que evaluar las políticas con experimentos y planes piloto”, apunta, y añade: “Pero el plan era bastante innovador, por la muestra y también por las cuantías, que eran importantes. Nos iban a dar mucha información en base a un conjunto de variables muy interesantes. Parece que quieren mantener el plan piloto pero no quieren gastar lo que estaba planeado”. Raventós explica que solicitó una reunión con el nuevo departamento, sin éxito, y destaca que el PSC siempre se había mostrado “muy beligerante” con la iniciativa. Con todo, recuerda que la medida cuenta con el apoyo de buena parte de la ciudadanía —un 76% estaba de acuerdo, según una encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió del año pasado— y lamenta que “hay mucha demagogia y caricaturización sobre esta propuesta, que empieza a ser conocida”. Ante la previsible reestructuración, la oficina renunció a contratar personal para sustituir a los técnicos que se marcharon a otros departamentos o fuera de la Generalitat. A los demás miembros del equipo de la oficina —un economista, una socióloga, un técnico de comunicación y un administrativo— se les termina el contrato en noviembre, y será el nuevo director el que tendrá que decidir cómo dimensionar la plantilla con el nuevo proyecto. “Seguiremos trabajando por una Renta Básica Universal, porque creemos que la situación social es complicada y hacen falta medidas diferentes. No podemos seguir insistiendo con lo mismo”, concluye Raventós.