Aurora Madaula denuncia una campaña para “desacreditarla” ante el congreso de Junts y niega “interés” en destituir a Eduard Pujol

La vicepresidenta del partido afirma que la concejal Noemí Llorens llevó la iniciativa y que “se retractó” de sus primeras declaraciones para evitar una condena por injurias

Aurora Madaula (izquierda) junto a Laura Borràs en el Parlament, en una imagen de archivo.MASSIMILIANO MINOCRI

Aurora Madaula, vicepresidenta de Junts per Catalunya, ha asegurado este martes que no tuvo nada que ver en la expulsión del partido del senador Eduard Pujol por unas denuncias de acoso sexual que resultaron ser falsas y ha denunciado que los intentos por hacerla responsable de aquella decisión pretenden “desacreditarla y perjudicarla” a las puertas del próximo congreso de la formación independentista. Madaula, que en los últimos dos días ha declinado comentar las informaciones de EL PAÍS sobre el caso, ha hecho público un comunicado en el que desmiente la versión dada por la concejal de Junts Noemí Llorens, una de las dos mujeres que denunció a Pujol ante el partido por acoso. En una carta al juzgado, la edil pidió perdón a Pujol y aseguró que Madaula y otros cargos del partido la “utilizaron” para “perjudicar políticamente” a quien entonces era portavoz de Junts en el Parlament. “Se persigue el interés de responsabilizar a Aurora Madaula, de forma injusta y sin ningún fundamento”, replica ahora el comunicado.

En octubre de 2020, Llorens y la otra denunciante, Eva Ràfols, se reunieron con Madaula, que era responsable del área de feminismos de un partido nacido apenas tres meses antes. Madaula redactó un informe en base a esas entrevistas en el que dio credibilidad al relato de las dos mujeres porque le habían mostrado fotografías y mensajes del supuesto acoso. Ràfols, que llevaba meses enviando mensajes contra Pujol en redes sociales, agregó una acusación por abuso sexual. Con anterioridad a ese encuentro, la concejal de Pineda de Mar (Barcelona) se había reunido con la presidenta del Institut Català de les Dones, que concluyó (al analizar esos mismos mensajes) que se trataba de una relación consentida entre adultos. A idéntica conclusión había llegado, un mes antes, un breve informe elaborado a un abogado por encargo del grupo parlamentario de Junts, que sabía de la existencia de las denuncias porque Llorens también se había reunido con el secretario de organización, David Saldoni.

“No hace falta decir que ellas me enseñaron mensajes, fotos, capturas de pantalla y otras cosas que probaban su relato”, recoge la carta que Madaula redactó y entregó a Jordi Sànchez, entonces secretario general del partido, que cumplía pena de prisión por la sentencia del procés. Ante la gravedad de las acusaciones, la dirección del partido decidió suspender de militancia de forma cautelar a Pujol y le forzó a entregar el acta de diputado en el Parlament. Ocho meses después, y ante la ausencia de denuncia por parte de las mujeres, Sànchez pidió públicamente disculpas al diputado y le devolvió el carnet. Pujol había iniciado ya una batalla judicial contra las dos mujeres por un delito de injurias que prosperó: los procesos reconocieron la falsedad de las acusaciones y las dejaron a un paso del banquillo de los acusados. Ràfols está a la espera de juicio. El caso de Llorens, en cambio, se zanjó con un acuerdo judicial: la mujer le pidió perdón ante el juzgado y Pujol se lo concedió, por lo que al tratarse de un delito privado (las injurias) la mujer pudo evitar consecuencias penales.

La concejal “se retractó”

En su comunicado, Madaula señala que el proceso judicial y la amenaza de tener que pagar una abultada indemnización llevó a la concejal a cambiar su versión. Llorens “se retractó” de unas declaraciones “en base a las cuales se había tramitado su denuncia por acoso a través de los mecanismos internos del partido”. La vicepresidenta niega veracidad al contenido de la carta enviada al juzgado por Llorens y señala que nunca ha tenido “ninguna relación personal” ni con ella ni con Pujol, “ni tenía ningún interés personal o político en la gestión del caso”, subraya. Por el contrario, la vicepresidenta atribuye toda la iniciativa a Llorens. Señala que se reunió con ella porque se lo pidió y que se limitó a hacer una “escucha activa” de los hechos y a “examinar las evidencias” que le presentó. En días posteriores, agrega, la concejal le comunicó que su abogada había “validado la viabilidad de realizar una denuncia formal” por acoso sexual.

Madaula admite que envió “diversas comunicaciones escritas” (incluida la carta difundida este martes por EL PAÍS) al secretario general con una “síntesis de los hechos”. Pero advierte de que la decisión de suspender cautelarmente de militancia a Pujol no fue en absoluto suya, sino que se tomó “de forma colegiada” por Jordi Sànchez y la dirección del partido. La entonces vicepresidenta, Elsa Artadi (hoy en la empresa privada) lo anunció públicamente pocos días después de la entrevista de Madaula con la concejal, lo que “generó una gran presión sobre el caso”. “En ese contexto”, subraya, Llorens y las otras dos mujeres (Ràfols y una tercera persona que, según cuenta en el comunicado, también le habló de Pujol por esas fechas) “finalmente no realizaron ninguna denuncia judicial”.

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