Un centenar de empresas catalanas acude a los juzgados en busca de indemnizaciones por las medidas anticovid
La Generalitat ha contabilizado casi medio millar de compañías que le han pedido compensaciones directamente por sus actuaciones durante la pandemia
Un hotel de la plaza Reial de Barcelona reclamó en octubre de 2021 a la Generalitat una indemnización de daños y perjuicios por un importe de 511.551 euros. Se basaba en el agujero económico que le dejaron las medidas tomadas por la administración durante los dos estados de alarma decretados durante la pandemia del covid-19, algunas de ellas tomadas directamente por el Gobierno catalán. La compañía obtuvo respuesta el 18 de julio. Denegada. Aquel mismo día la comisión jurídica asesora de la Administración catalana dio publicidad a los expedientes de otros dos demandantes por la misma cuestión. Ha sido la misma tónica general en los últimos meses. El Govern ha tenido que afrontar la gestión de 478 expedientes de responsabilidad patrimonial. Tras ver fracasada la vía administrativa, 105 empresas han optado por seguir el camino por la vía judicial, según datos del Departamento de Presidencia.
Algunos despachos de abogados vieron un filón en los perjuicios causados por las medidas anticovid de las administraciones y llegaron a crear plataformas para impulsar las reclamaciones. Pero sus reclamaciones parecen haber caído en saco roto. No ha servido de momento su búsqueda de amparo en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica del Estado de Alarma, que señala: “Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”.
No solo la Generalitat se ha negado a pagar las indemnizaciones solicitadas por las empresas afectadas (en los casos en los que el daño motivado por los estados de alarma superen los 50.000 euros), sino que una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de octubre daba la señal de que la vía de los tribunales sería otro golpe a las reivindicaciones empresariales.
“Aquella sentencia testigo va a desmontar el conjunto de las reclamaciones”, considera Joan Manuel Trayter, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de Girona, que ayudó a la patronal Pimec a vestir el argumentario para lanzar una campaña de petición de daños para sus asociados. En su opinión, España es una anomalía ante los casos vividos en otros países europeos, donde o bien se pusieron en marcha ambiciosos planes de subvenciones para superar los cierres temporales de negocios o se les dejó seguir el camino de la responsabilidad patrimonial para ver compensado el golpe sobre sus cuentas económicas.
El hotel del Gòtic se benefició de ayudas (45.268 euros, además de probablemente la ayuda a los expedientes de regulación temporal de empleo) a través de tres partidas diferentes, pero la cuantía se aleja mucho del agujero que, según sus peritos, las medidas anticovid dejaron en su recaudación. Ya cuando los abogados se pusieron a trabajar en los diferentes casos, los afectados veían incierto el éxito de su reclamación, aunque veían opción de ser indemnizados tanto por los costes fijos que tuvieron que seguir sufragando pese a la paralización de sus negocios como el lucro cesante, el dinero que habrían ingresado si hubieran mantenido la actividad (teniendo en cuenta los tres últimos ejercicios de actividad previos al primer estado de alarma). Pero los abogados temían que el uso del concepto de fuerza el mayor escudo de las administraciones.
La sentencia del Supremo basó su negativa a la aceptación de los recursos empresariales en el hecho de que las medidas gubernamentales no fueron consideradas en ningún caso inconstitucionales y que, en todo caso, fueron necesarias, adecuadas y proporcionadas a la gravedad de la situación. Asimismo, estaba avalada por la Ley General de Salud Pública, que excluye indemnizaciones en el caso de medidas adoptadas para preservar la salud pública. La Generalitat utiliza tanto argumentos del Tribunal Constitucional como del Supremo para desmontar las demandas de responsabilidad patrimonial, que podrían ser derivadas a los juzgados.
La estadística de Presidencia sobre casos de demandas de empresas muestra un total de 478 casos. La mayor parte se han dirigido al Departamento de Salud (319) y a Interior (150), y hay alguna más que ha recaído sobre Presidencia, Empresa, Territorio y Justicia. El alud de demandas previstas provocó que en 2022 se creara un programa para la tramitación y gestión de los expedientes, una vez se habían recibido más de dos centenares. Se consideraba que los gabinetes jurídicos de Interior y Salud serían incapaces de digerirlos y se emplazó a contratar 26 personas que se dedicaran en exclusiva a esa tarea. La cuestión es cuándo será capaz la Generalitat de cerrar totalmente la carpeta de la covid. Hace dos años se acabó el plazo para presentar reclamaciones, pero ni mucho menos todos los expedientes todavía no están cerrados.
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