ERC evita mencionar a Illa en su pregunta a las bases para avalar la investidura

Esquerra Republicana ya tiene lista la pregunta con que, el próximo viernes, espera que las bases del partido avalen el acuerdo de investidura alcanzado el pasado lunes con los socialistas. Unos 8.700 militantes están llamados a responder un enunciado que describe el acuerdo de financiación como “soberanía fiscal” y evita el nombre y partido del socialista: “¿Estás de acuerdo con que Esquerra Republicana vote a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la resolución del conflicto político y el resto de medidas acordadas?”. El texto que se somete a las bases se conoce este martes, el día después de se cerrara el preacuerdo con el PSC. Los socialistas se refugian en el hermetismo que han mantenido todos estos días para evitar cualquier riesgo, mientras que Junts ha cargado contra las contrapartidas, poniendo en duda esa “soberanía fiscal” y criticando el acuerdo por “desnacionalizar” a Cataluña.

La omisión del nombre de Illa y de las siglas de su partido no es gratuita, pues los republicanos son conscientes de los recelos que el líder socialista y el PSC despiertan en una parte de las bases. Una de las razones es la desconfianza por el papel que consideran que jugó el ganador del 12-M en la inicial postura contraria a la amnistía y durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que intervino la autonomía catalana tras la declaración de independencia de 2017. Son recurrentes las acusaciones por su participación en la segunda gran manifestación contra la independencia, donde también estuvo Vox, y al que acusan de acercarse a las tesis de Ciudadanos respecto al uso de la lengua en la escuela.

Una de las explicaciones que los republicanos dan a sus malos resultados electorales de los últimos cuatro comicios es que los votantes les penalizan los pactos con el PSC. Públicamente, defienden además que es más fácil llegar a acuerdos con el PSOE que con los socialistas catalanes. En las consultas sobre la investidura de Pedro Sánchez, en 2019, y sobre si apoyar sus Presupuestos Generales, sí aparecía su nombre en las preguntas formuladas por la dirección de ERC.

La pregunta ha sido informada por el partido este martes, pero se decidió el pasado lunes, tras darle luz verde al preacuerdo con los socialistas. La consulta será telemática —la organiza una empresa externa— y también habrá puntos físicos de votación, con urnas estarán abiertas de nueve de la mañana a ocho de la tarde. El resultado se conocerá ese mismo día y, si se da el aval, todo apunta a que la sesión de investidura podría celebrarse a partir del miércoles, 7 de agosto. La previsión es que el presidente del Parlament, Josep Rull, haga una ronda de consultas presencial el lunes. Comunicaría a la Diputación Permanente de la Cámara que un candidato tiene los apoyos para someterse a la investidura y se fijaría la fecha del pleno.

Una vez hecha pública la pregunta, los dirigentes de ERC se lanzan ahora a explicar el acuerdo para intentar que pase la prueba del algodón de la militancia. Y el PSC se mantendrá en la línea de la prudencia y silencio hermético que también tomó para no alterar las negociaciones. Con el resultado de esa votación ya sobre la mesa, los socialistas catalanes celebrarán el sábado una ejecutiva para hacer un balance. En una nota de prensa de este martes, el partido ha pedido respeto por el proceso interno de ERC y califica esta situación de “oportunidad”.

Tras unas negociaciones maratonianas, que arrancaron hace más de un mes, los socialistas tienen la íntima convicción de que han alcanzado un buen acuerdo y dado un paso atrás y cedido el protagonismo a ERC. El documento pactado con los republicanos revela que los socialistas han cedido al asumir las líneas maestras de un concierto económico que nunca defendieron —aunque esa terminología no figura en el texto— y diferentes elementos que evocan al mandato de ERC como, por ejemplo, crear un departamento de política lingüística o mantener la oficina de la prueba piloto de la renta universal.

Otros puntos que son claras cesiones son la modificación al alza de los tributos del juego, que puede suponer poner muchos palos en las ruedas al macrocasino del Hard Rock (Tarragona), desencadenante del adelanto electoral. O la puesta en marcha de una convención sobre el conflicto político para resolver la situación que apelará a todos los partidos y que buscará votar un acuerdo como quería el PSC. Esa puntualización es un matiz que recoge una posición histórica del PSC que rechaza los referéndums porque los considera “divisivos” y lejos de la reivindicación del independentismo.

Junts ve el acuerdo de forma completamente distinta. En una nota de prensa, la formación de Carles Puigdemont carga contra el texto del preacuerdo, que ve insuficiente en términos de realmente alcanzar la “soberanía fiscal” y que cree ayuda a que el socialismo complete su plan de “pasar página” al independentismo y “desnacionalizar Cataluña”. “De una negociación bilateral con el Estado aprovechando la fuerza decisiva [del independentismo] en Madrid se pasará a una negociación entre un Gobierno español presidido por el PSOE y un gobierno catalán presidido por el PSC con el apoyo de ERC”, lamentan en Junts, dando a entender que la exigencia será mínima.

El mayor de los ataques, sin embargo, se centra en la financiación. “El preacuerdo no propone medidas inmediatas a los Presupuestos Generales para 2025, critican desde Junts, que lamentan que no haya ninguna compensación por el bajo porcentaje de cumplimiento en la inversión y en lo presupuestado. El texto, añaden, “solo augura reformas legislativas inciertas y sin consenso” y sin asegurar la “soberanía fiscal” porque no todos los dineros de la recaudación de los impuestos gestionados se quedarían en Cataluña. “Que la Agencia Tributaria de Cataluña pueda recaudar y liquidar todos los impuestos, pero el Govern no tenga el poder sobre esos recursos no es soberanía y no evita los incumplimientos en materia de inversiones o de ordinalidad”, dice la nota.

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