Por qué Cataluña es singular en la atención a menores solos

Cataluña siempre ha sido tierra de acogida. Y lo va a seguir siendo. Es imprescindible no perder esta tradición abierta, tolerante y solidaria que siempre nos ha caracterizado. El mundo cambia y los retos que tenemos como sociedad son mucho más complejos, pero no debemos dejar por el camino los referentes. Digo esto porque en algunos foros se ha intentado etiquetar la sociedad catalana como excluyente. Nada más lejos de la realidad. Cierto es que existen algunas tentaciones de ello, pero son minoritarias.

Estos días se debate sobre la cuestión de la acogida a los ...

Cataluña siempre ha sido tierra de acogida. Y lo va a seguir siendo. Es imprescindible no perder esta tradición abierta, tolerante y solidaria que siempre nos ha caracterizado. El mundo cambia y los retos que tenemos como sociedad son mucho más complejos, pero no debemos dejar por el camino los referentes. Digo esto porque en algunos foros se ha intentado etiquetar la sociedad catalana como excluyente. Nada más lejos de la realidad. Cierto es que existen algunas tentaciones de ello, pero son minoritarias.

Estos días se debate sobre la cuestión de la acogida a los jóvenes migrantes solos y cómo los diferentes territorios del Estado debemos asumir su atención. Desde Cataluña hemos reclamado nuestra singularidad en esta cuestión e, interesadamente, se ha querido atribuir a dicha singularidad una actitud insolidaria. Es falso. La cuestión de fondo no es otra que resolver los problemas de Canarias, Ceuta y Melilla en este ámbito y solo será posible si afrontamos seriamente el conjunto del problema de los menores de edad no acompañados extranjeros. No se trata de una voluntad de ser diferentes a toda costa, sino de responder a los problemas reales que afrontamos.

Cataluña tiene a más de 4.000 jóvenes mayores de edad en su sistema de protección a la infancia. Una vez cumplen los 18 años, la Generalitat continúa el acompañamiento de estos jóvenes para garantizar su inserción sociolaboral. Este hecho, del que nos sentimos muy orgullosos, conlleva muchos casos de éxito y no existe en los otros territorios del Estado. Es necesario abordar este debate en su conjunto porque, cuando hablamos de gestión de los menores de edad que llegan a nuestro país, se debería planificar la gestión de estos jóvenes una vez cumplen los 18 años para evitar o minimizar el riesgo de situaciones de sinhogarismo o pobreza severa.

Asimismo, Cataluña es singular también porque tiene un número muy importante de jóvenes de los cuales aún no se ha determinado con certeza su minoría de edad. Ante esta situación, la Fiscalía tutela un procedimiento judicial que determina si el joven es mayor o menor de edad. Mientras dura el procedimiento, el sistema de protección de la Generalitat presume la minoría de edad y los atiende. Decenas de casos se encuentran en esta situación.

En cuanto a los datos que maneja el Estado, existe la grave situación de que no son los correctos ya que solo computan a los jóvenes que se trasladan desde Canarias más los que se registran directamente en Cataluña. Pero no incluyen ni a los jóvenes que ya han sido registrados en otros territorios y, por movilidad interna, acaban llegando a Cataluña, ni a los que están pendientes de resolución de la Fiscalía. En consecuencia, el sistema está absolutamente sobreocupado desde hace años.

Estos son los principales argumentos que justifican la especial singularidad de Cataluña en esta cuestión, muchos de ellos compartidos con otros territorios del Estado y, evidentemente, con Canarias, Ceuta y Melilla.

Cataluña es y quiere seguir siendo solidaria en la acogida a estos jóvenes que han llegado a Europa acompañados de experiencias muy duras. Sin embargo, debemos aprovechar la oportunidad de esta reforma para hacer las cosas bien. Y eso significa reconocer las diferencias territoriales, mejorar los mecanismos y controles de los flujos migratorios, proponer criterios de distribución de los jóvenes que sean transparentes y equitativos, definir de forma precisa los criterios de sobreocupación —que también afectan a Cataluña— y también unos mínimos: legislar respetando las competencias exclusivas de servicios sociales e infancia de las comunidades autónomas y, finalmente, que el Estado financie adecuadamente esta distribución. Es imprescindible abordar la cuestión y Cataluña, como lo ha hecho siempre, está dispuesta a ayudar.

Carles Campuzano es consejero catalán en funciones de Derechos Sociales.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal