La Síndica de Greuges de Cataluña defiende que hay que repensar el sistema de protección a la infancia

“Hay que repensar el sistema de protección de menores”, esta fue una de las muchas ideas que la síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, expuso sin pomposidad académica, de forma muy llana pero muy pensada, en el foro social que organiza la Fundació Pere Tarrés con la colaboración de EL PAÍS.

Sobre la protección a la infancia, Giménez-Salinas manifestó que detestaba el término “interés superior del menor” cuando se argumenta en la ayuda a la infancia. “Hemos de escoger aquello que haga menos daño al menor y saber cuestionarnos nuestras políticas”. La síndica explicó el caso de una pareja que desde hacía tres años tenía un niño en acogida y la Generalitat quiso entregarlo en adopción contra su voluntad. “El caso salió en la prensa y se paralizó el trámite, pero la administración que solventó este asunto es incapaz de dar una salida parecida y de oficio a otros casos similares”. Muchos casos relacionados con la infancia y su familia se deben a negligencia y a un determinado entorno social. “Un apoyo preventivo a la familia permitiría dar una respuesta menos dura, no digo que injusta. El niño o niña, demasiadas veces, es la primera víctima de las medidas que pretenden protegerlo”. Para la síndica, el sistema de protección a la infancia y de respuesta a una conducta irregular no es tan garantista como el sistema penal. Giménez-Salinas, que creó la primera cátedra en España de Justicia Social y Restaurativa (en la Ramon Llull), reivindicó que no se debe pensar únicamente en el castigo. “A excepción de los casos que suponen un peligro para la sociedad, una justicia restaurativa puede ser una buena alternativa a la penal”.

Giménez-Salinas lamentó que un sector de la ciudadanía ignorara el trabajo de la Sindicatura de Greuges, “una institución a la que nunca llegan buenas noticias”. Un 50% de las quejas son referidas a políticas sociales o sobre la infancia. “Llega gente desesperada, sin otros recursos… pero lo peor son aquellas quejas que nunca llegarán”. La síndica sostuvo que las leyes sociales fueron pensadas para los autóctonos. “Muchas de las buenas leyes que se hicieron hasta el año 2000 ahora no sirven para esta Cataluña de ocho millones de habitantes porque estaban pensadas para otro tipo de población. En 1900, Cataluña tenía un millón doscientos mil habitantes. En la década de los cincuenta sumó un millón y medio de personas. No es la primera vez, pues, que vivimos un crecimiento de la población, no es una situación inédita ni mala, pero necesitamos revisar profundamente conceptos. Hemos avanzado en lo tangible (por ejemplo, en la economía), pero hemos perdido en intangibles como la solidaridad o la ética”. La síndica abogó por leyes que combatan la discriminación y cuya vigencia esté garantizada más allá de los vaivenes políticos

La ponente también afirmó que la administración no sabe pedir disculpas. Y para sustentar esta afirmación expuso dos casos concretos. Un gran hospital pierde la ropa de un paciente. Algo perfectamente comprensible. Y cuando éste reclama, le contestan que haga una reclamación patrimonial al Estado. Al final le suministraron otra vestimenta, “pero este ciudadano se quejó de la actitud del hospital que nunca se disculpó”. Como tampoco se disculparon los mossos tras detener a un joven migrante en patinete porque sospecharon que era robado y multaron a un ciudadano que salió en su defensa. Al final se demostró que era suyo.

A pesar de todo, su conferencia se tituló “Optimismo en tiempos de desánimo”, un optimismo que basa en el compromiso personal de la ciudadanía.

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