No puede haber un buen país sin una buena administración

A las puertas de la campaña electoral, los partidos deberían tener sobre la mesa, y en sus programas, qué propuestas plantean para garantizar un derecho primordial: el derecho a una buena administración. Sin una administración que dé una respuesta adecuada a las demandas de la ciudadanía, que gestione los recursos públicos con ...

A las puertas de la campaña electoral, los partidos deberían tener sobre la mesa, y en sus programas, qué propuestas plantean para garantizar un derecho primordial: el derecho a una buena administración. Sin una administración que dé una respuesta adecuada a las demandas de la ciudadanía, que gestione los recursos públicos con eficiencia y que sea ágil y flexible frente a los continuos retos sociales, es imposible avanzar como país.

Las dificultades que implica el déficit fiscal y un sistema de financiación insuficiente no pueden ser un pretexto. Tenemos una administración que desde hace años es excesivamente burocrática, rígida y lenta en todos los niveles. Lo sabemos muy bien las entidades sociales que atendemos dos millones de personas en situación o riesgo de exclusión y que las acompañamos por una carrera de obstáculos administrativos larguísima y desgastante, sobre todo en los circuitos para solicitar una prestación social o en el papeleo de acceso a un servicio social. Las vivencias de la ciudadanía son la prueba suficiente de por qué es necesario dar la vuelta a la administración y los datos lo refuerzan.

En Cataluña, más de 18.000 personas están en lista de espera por una plaza en un servicio o recurso social y las dos prestaciones que aseguran unos ingresos mínimos para necesidades básicas (ingreso mínimo vital y renta garantizada de ciudadanía) siguen teniendo un grado de cobertura bajo (14,5% y 43% respectivamente) en parte por requisitos que no se adaptan a la diversidad y complejidad de las situaciones de vulnerabilidad y por las dificultades de no tener una ventanilla única.

La administración pública necesita una reforma profunda, pero en los últimos años no ha habido cambios significativos. Así lo constatamos no sólo las entidades sociales sino también otros agentes como colegios profesionales y organizaciones empresariales y de directivos y trabajadores públicos, agrupados en el Foro de Entidades para la Reforma de la Administración (FERA). Conjuntamente, reclamamos a los partidos que se comprometan a impulsar medidas que encaminen hacia esta buena administración, entre ellas, una fundamental: delimitar de forma clara la política y la gestión pública, así como la selección con criterios de excelencia de los directores de la gestión pública, especialmente en un contexto en el que los gobiernos son tan inestables y cortos. Con cada cambio de ejecutivo, sitios que deberían ser para profesionales expertos en la materia pasan a personas de confianza de los partidos, lo que dificulta una gestión de continuidad.

No es la única petición. Hay que reducir drásticamente la burocracia para poner fin a barreras innecesarias, tener en cuenta la diversidad de realidades de las personas a las que se dirige y responder dentro de unos plazos razonables. Debe haber una transformación digital para simplificar y automatizar procesos y evaluar el impacto de las políticas públicas, además de un mejor gobierno, transparencia e integridad pública porque, de lo contrario, podría haber comportamientos carentes de rigor profesional y ejemplaridad, lo que genera desafección y descrédito de los poderes públicos.

La próxima legislatura es una nueva oportunidad para que el futuro Parlamento y el Gobierno catalán prioricen una reforma a fondo del sector público. Tarde o temprano deberá asumirse porque los contextos sociopolíticos cada vez son más complejos y requieren una administración que sea capaz de estar a la altura de los desafíos.

Francina Alsina Canudas, presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

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