Los servicios sociales de emergencias de Barcelona denuncian al Ayuntamiento por cesión ilegal de trabajadores

La mitad de los 92 empleados del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) ha denunciado desde 2022 al Ayuntamiento de Barcelona ante el Juzgado Social por cesión ilegal de trabajadores. Los profesionales también han presentado demandas contra Progess, la empresa que actualmente presta este servicio, externalizado por partes a partir del año 2000. Los profesionales alegan que prestan un servicio del Ayuntamiento (q...

La mitad de los 92 empleados del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) ha denunciado desde 2022 al Ayuntamiento de Barcelona ante el Juzgado Social por cesión ilegal de trabajadores. Los profesionales también han presentado demandas contra Progess, la empresa que actualmente presta este servicio, externalizado por partes a partir del año 2000. Los profesionales alegan que prestan un servicio del Ayuntamiento (que elige los perfiles, decide horarios y organiza el día a día), en dependencias del Ayuntamiento, con un uniforme con el logo del Ayuntamiento, utilizando aplicativos informáticos del Ayuntamiento y vehículos rotulados con la imagen gráfica del Ayuntamiento. Solo las tres responsables del servicio del total de 92 empleados forman parte de la plantilla municipal. Las demandas (entre 45 y 50, porque algunos de los que las presentaron ya no trabajan en el servicio) pretenden que se incorpore a los trabajadores como personal indefinido y con los derechos de los empleados de la institución de los puestos de trabajo equivalentes. El colectivo lleva años exigiendo mejoras.

El CUESB, adscrito al Instituto Municipal de Servicios Sociales, es un servicio que funciona a todas horas y todos los días del año atendiendo a personas en situaciones urgentes o de emergencias. Pueden ser víctimas de violencia de género, migrantes que llegan a la ciudad, vecinos que han sufrido un desahucio, un desalojo, un incendio, familiares de personas que se han suicidado o han sufrido homicidios, víctimas de accidentes o personas sin techo. También se activan durante las olas de frío o de calor. O en grandes catástrofes como el avión de Germanwings estrellado en los Alpes franceses en 2015, o el atentado de la Rambla en 2017.

Premiado y con gran reconocimiento, incluso internacional, en origen y hasta 1990 el servicio perteneció a la Guardia Urbana como atención primaria de urgencias sociales. Posteriormente, hasta 2000 lo gestionó el Ayuntamiento. A partir de ahí, durante ocho años se externalizó por partes, recuerdan las demandas presentadas. Los mismos textos señalan que no se conoce por qué “justificación técnica se decidió externalizar” el servicio y que sus empleados “han participado en campañas promocionales y de participación institucional del Ayuntamiento de Barcelona”. Entre sus profesionales hay trabajadores sociales, psicólogos, logistas o administrativos.

Fuentes del colectivo de denunciantes defienden que el CUESB debería ser completamente público y que la dureza y presión del servicio llevan a un elevado porcentaje de bajas laborales y rotación del personal. “Somos la élite de los servicios sociales con recursos low cost. No puedes ser Iberia con las condiciones de Ryanair”, apunta uno de los empleados del colectivo de denunciantes. Aseguran que si el servicio estuviera internalizado, las condiciones de trabajo serían mejores, porque en las externalizaciones las subcontratas rebajan costes para ganar los concursos. Además denuncian la sobrecarga de trabajo que comporta el papeleo que tienen que tramitar, la saturación de las pensiones en las que se aloja a personas en situación de emergencia, o que el CUESB preste cada vez servicio a más ayuntamientos, 24 en la actualidad. Badalona es un ejemplo: muchas de las familias afectadas por el derrumbe y desalojo de los edificios del barrio del Raval han pasado por dependencias del CUESB.

Las denuncias, presentadas en cinco grupos de entre nueve y 11 empleados, las lleva el despacho de abogados Col.lectiu Ronda. El primer juicio tenía que celebrarse en enero pero se aplazó a octubre. El segundo, está previsto para el mes de abril. Vidal Aragonés, abogado de los demandantes, resume así el caso: “Es una demanda por cesión ilegal de trabajadores porque hay una empresa interpuesta, Progess, pero quien realmente gestiona el servicio es el Ayuntamiento”. “La cesión ilegal comporta precariedad, y además un cambio permanente de contrato precariza todavía más”, apunta y subraya que los demandantes “tienen muy claro que su precariedad no viene por las condiciones salariales, sino para poder tener los mismos derechos y formar parte de la institución del servicio”. “No tienen la estabilidad de un empleado municipal, tienen horarios y un régimen de turnos más inestables, y derechos en cuestiones como permisos o vacaciones que son inferiores. Progess en este caso hace gestión de mano de obra, que es algo que por normativa solo pueden hacer las empresas de trabajo temporal; y el Ayuntamiento rebaja costes”.

Preguntada la empresa Progess, responde que no valorará la demanda porque no es titular del servicio. Por parte del Ayuntamiento, fuentes municipales lo rechazan con el argumento de que el conflicto está judicializado. “Es un servicio titularidad del Ayuntamiento de Barcelona que se presta a través de una empresa externa que se contrata después de un proceso de licitación pública”, apuntan y añaden: “La última se produjo recientemente y el nuevo contrato entra en vigor en las próximas semanas, actualizando las tablas del convenio colectivo de aplicación en el ámbito de la acción social, así como un incremento de personal. El funcionamiento laboral del servicio es similar al de otros servicios de titularidad municipal gestionados de forma externa: se realiza en locales del ayuntamiento con uniforme y vehículos rotulados del ayuntamiento, como otros servicios como el de la limpieza viaria, por ejemplo”.

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