Un policía que pide ser víctima del terrorismo en el ‘caso Tsunami’ está siendo investigado por presuntos malos tratos a dos detenidos

Uno de los tres policías que ejercen la acusación particular en el caso Tsunami Democràtic y que fueron heridos durante las protestas por la sentencia del procés está siendo investigado, al mismo tiempo, por presuntos malos tratos a detenidos en esos disturbios. El agente antidisturbios 91464 permanece investigado en dos causas judiciales: una, por los supuestos golpes a un menor de edad, Guillem P., que fue arrestado y luego absuelto por desórdenes públ...

Uno de los tres policías que ejercen la acusación particular en el caso Tsunami Democràtic y que fueron heridos durante las protestas por la sentencia del procés está siendo investigado, al mismo tiempo, por presuntos malos tratos a detenidos en esos disturbios. El agente antidisturbios 91464 permanece investigado en dos causas judiciales: una, por los supuestos golpes a un menor de edad, Guillem P., que fue arrestado y luego absuelto por desórdenes públicos; la otra, por las presuntas amenazas y vejaciones infligidas a una joven, Paula G., según la abundante documentación y las fuentes consultadas por EL PAÍS.

En noviembre, dos antidisturbios heridos el 18 de octubre de 2019 en Barcelona (los agentes con números profesionales 91464 y 104440) presentaron un escrito ante la Audiencia Nacional. El juez Manuel García-Castellón, que instruye el caso Tsunami Democràtic, acababa de calificar los disturbios en Cataluña como actos de terrorismo y señaló, entre otros, al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la número dos de ERC, Marta Rovira, por ese delito. La maniobra puede interpretarse como un intento de torpedear la amnistía que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez. Los policías pretendían que se les reconociera su condición de víctimas de “actos de terrorismo callejero”. A ellos se sumó un tercer compañero de los antidisturbios, el 94954.

Los tres policías formaban parte de la Operación Ícaro, el dispositivo de seguridad para dar respuesta a las protestas violentas que se desencadenaron cuando el Tribunal Supremo condenó a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a los líderes políticos del referéndum del 1-O. El 18 de octubre de 2019, los agentes tenían como misión custodiar el edificio de la Jefatura Superior de Policía, en la Via Laietana, donde “sectores radicales violentos” protagonizaron “disturbios” y lanzaron “intensos ataques” contra el edificio, incluidas “bengalas, cócteles molotov, ácido o bolas metálicas de petanca”, según sus escritos. Estos destacan que usaban “técnicas de combate similares al terrorismo callejero” del País Vasco.

El agente 91464, que entonces tenía 39 años, fue herido primero en la mano derecha y más tarde, en la plaza de Urquinaona, recibió un impacto en la parte derecha del casco que lo hizo caer al suelo desplomado. El informe del Hospital Universitari Sagrat Cor, donde fue atendido, señala que sufrió un “traumatismo craneoencefálico leve” y añade: “El paciente no recuerda mecanismo de traumatismo”. Más tarde, en un reportaje del digital El Independiente tras ser condecorado por el Ministerio del Interior junto a sus compañeros con una medalla de plata al mérito policial, dijo que una vez que cayó no recordaba nada, pero que sigue pensando en los rostros de aquel día. “La rabia que tenía esa gente, las ganas de querer hacer daño… Yo creo que buscaban un muerto”.

De los tres que ejercen la acusación, este policía catalán salió mejor parado que sus otros dos compañeros, ambos gallegos. El agente 104440 sufrió una fractura abierta en el radio del brazo derecho que no curó bien. Al no reunir las condiciones físicas para ejercer de policía, hubo de jubilarse anticipadamente a los 45 años. El tercer agente, el 94954, recibió un fuerte golpe en la parte superior del casco, que se fracturó, y cayó inconsciente. Fue ingresado en la UCI y una sentencia de un juzgado gallego le reconoció una indemnización del Ministerio del Interior por las lesiones. También se le concedió la jubilación por incapacidad permanente.

García Castellón aceptó su personación de inmediato, tras conocer el rechazo de la Fiscalía a investigar por terrorismo a los supuestos líderes de Tsunami. Las defensas han intentado (con la adhesión del fiscal Miguel Ángel Carballo) expulsar a los policías de la causa con el argumento de que las heridas que recibieron aquel día en ningún caso pueden atribuirse a esa plataforma. El juez, sin embargo, ha confirmado su derecho a ejercer la acusación, un factor que puede ser clave a la espera de que la Fiscalía General del Estado decida, finalmente, si ve terrorismo en los actos organizados por Tsunami Democràtic, una plataforma que organizó protestas masivas, que en algunos casos acabaron con episodios de violencia, contra la sentencia del procés. García-Castellón recuerda que Tsunami anunció en sus redes una huelga general para el día 18 con frases como “hoy bloqueamos el país para ejercer nuestros derechos y libertades”. Bajo esa cobertura, hubo “alteraciones graves de la paz social” que dejaron, solo el día 18, “más de 80 policías heridos” y daños.

Uno de los tres policías que dan aire a la hipótesis del terrorismo de Tsunami, el antidisturbios 91464, tiene una doble condición por lo ocurrido el 18 de octubre de 2019: como perjudicado y como investigado.

La detención de Guillem

La primera causa tiene que ver con su participación en la detención de un menor de edad, Guillem P., mientras este se encontraba en una sentada frente a la Jefatura, escenario de los principales enfrentamientos entre manifestantes y policía. Su caso se hizo viral porque un vídeo mostró cómo, cuando los antidisturbios iniciaron una carga, los jóvenes salieron corriendo por Via Laietana; todos, menos Guillem, que parecía absorto en sus pensamientos. Cuando quiso darse cuenta, el chico, que tenía 16 años y llevaba una llamativa sudadera de color naranja, fue detenido y acusado de desórdenes públicos y atentado con uso de instrumento peligroso. Guillem fue absuelto, junto a otros tres menores que también habían sido acusados. Según la sentencia, dictada por el juzgado de menores 5 de Barcelona en junio de 2021, no se aportó ninguna prueba de que lanzara objetos contra el edificio policial o contra los policías.

Guillem se querelló después contra varios policías que, según su versión, le golpearon, le obligaron a ponerse de rodillas contra la pared y le lanzaron mensajes vejatorios. Un juzgado archivó el caso porque dijo que sus lesiones, “leves”, eran compatibles con una reducción policial en un contexto de “violencia”, como la que vivía Barcelona durante aquellas jornadas. Pero el Tribunal Constitucional tumbó esa decisión y vio suficientes “indicios” como para, al menos, investigar, que es lo que ha hecho el juzgado de instrucción 11 de Barcelona estos últimos meses.

Un total de seis policías permanecen investigados y prestaron declaración como tales. Entre ellos, el agente 91464, que defendió que la detención fue proporcional y que el joven “forcejeó” e intentaba “escaparse” tras haberles lanzado botellas de vidrio y adoquines (algo que quedó descartado previamente en la sentencia absolutoria). Tras su comparecencia, la Abogacía del Estado pidió en noviembre el archivo de la causa con el argumento de que los agentes usaron “la fuerza mínima indispensable” y de que no hay pruebas de que Guillem fuera golpeado en ningún momento. “No causaron maltrato, tortura, humillación o vejación” al menor, según el escrito.

Paula: investigada y denunciante

El policía también está investigado por la detención de Paula G. el mismo día. A diferencia de Guillem, la causa judicial contra la chica (que llegó a estar diez días en prisión provisional) sigue viva: la Fiscalía pide dos años de cárcel por desórdenes públicos, atentado y daños. Durante esa investigación, dirigida por el juzgado de instrucción 30 de Barcelona, declaró como testigo (con obligación de decir la verdad) el antidisturbio 91464, que arrestó a Paula y la entregó en comisaría. En su declaración, admitió que no sabe quién le causó, posteriormente, las lesiones que sufrió.

Según la denuncia por malos tratos de Paula, que también investiga el juzgado de instrucción 30, fue detenida a las 18.00 entre Via Laietana y la plaza de Urquinaona, en medio de una carga. Dos agentes se le tiraron encima y ella les rogó que no le cortasen la respiración: “Te jodes, zorra”, le dijeron, presuntamente, antes de llevarla a Jefatura, donde la pusieron de rodillas contra la pared. En el furgón policial, esposada por detrás, un agente la empujó y la hizo caer al suelo, siempre según su denuncia, que indica que recibió mensajes vejatorios y amenazas. “¿Un muerto estás buscando? ¿Eso es lo que quieres? No vais a parar hasta que haya muertos, ¿verdad? […] Si hay un muerto, no va a ser de nuestro bando”. Un total de 13 policías permanecen por ahora investigados.

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