Un juez investiga a 11 ‘mossos’ por las lesiones al ‘pistolero de Tarragona’ que recibió la eutanasia

La trágica historia de Eugen Sabau parecía haber llegado a su fin el pasado agosto, cuando se convirtió en el primer preso español que recibe la eutanasia. Sabau, de nacionalidad rumana, llevaba seis meses postrado en la cama de un hospital penitenciario a la espera de juicio por...

La trágica historia de Eugen Sabau parecía haber llegado a su fin el pasado agosto, cuando se convirtió en el primer preso español que recibe la eutanasia. Sabau, de nacionalidad rumana, llevaba seis meses postrado en la cama de un hospital penitenciario a la espera de juicio por intento de homicidio. Sufría una lesión medular irreversible fruto de los disparos que recibió de los Mossos d’Esquadra que le detuvieron después de que el hombre protagonizara un espectacular asalto armado a la sede de la empresa Securitas de Tarragona, donde había trabajado como vigilante de seguridad. La hermana de Sabau considera que la actuación policial fue “desproporcionada” y ha logrado que un juez de Reus admita la denuncia e investigue a 11 agentes de la policía catalana por un delito de lesiones.

La mañana del 14 de diciembre de 2021, Sabau irrumpió en la oficina de Securitas armado con una pistola y disfrazado con una peluca de mujer. Tenía 45 años. En solo cinco minutos, disparó contra tres personas que estaban en su lista negra: el supervisor, Juan Jesús H., que recibió un tiro en una pierna; el gerente, José Manuel M.; y la jefa de servicio, Luisa R. Los tres resultaron heridos en un acto de venganza largamente planificado. Mientras se daba a la fuga al volante de un Citroën Xsara, en la empresa recibieron un correo electrónico que había dejado listo para su envío. “Voy a vacunar a los jefes de Securitas con tres dosis de Glock-Pfizer de 9 milímetros”, escribió antes de presentarse como víctima de explotación laboral y racismo en la empresa.

Con un hombre armado en la calle y aparentemente fuera de control, los Mossos empezaron la persecución. Lo encontraron primero en una rotonda, donde el vigilante abrió fuego e hirió a un mosso en un antebrazo. Sabau siguió conduciendo hasta una masía abandonada de Riudoms, a 20 kilómetros de la sede de Securitas, y se protegió tras un muro de piedra con un chaleco antibalas y un escudo casero. Los Grupos de Intervención Especial (GEI), una unidad de élite de los Mossos equivalente a los GEO de la Policía, tomaron posiciones. La policía efectuó un disparo de distracción, Sabau respondió con fuego y los GEI le dispararon en varias ocasiones hasta que cayó a tierra, ya en estado crítico.

Los policías le practicaron primeros auxilios hasta que llegó el equipo médico. Fue trasladado a la Vall d’Hebron y, una vez estabilizado, al hospital penitenciario de Terrassa. Una de las piernas estaba llena de metralla y hubo que amputarla. La lesión medular le produjo una tetraplejia incurable y dolores que no podía soportar. Después de meses en prisión preventiva, pidió la eutanasia, cuya tramitación fue polémica porque era la primera vez que la solicitaba una persona investigada en un proceso penal por tentativa de homicidio y porque las víctimas se oponían a ella: querían que rindiera cuentas ante la justicia. Tras declarar ante la jueza que investigaba el caso (“estoy parapléjico, llevo tornillos y no siento el pecho”, dijo), la Comisión de Garantías y Evaluación de Cataluña autorizó la muerte asistida. Sabau donó sus órganos y falleció a mediados de agosto de 2022.

Cuando ya sabía que iba a morir, Sabau habló con su hermana. Y le contó su particular versión de los hechos. Entre otras cosas, le dijo que “obedeció inmediatamente” a los agentes que le pararon en la rotonda y que no disparó, sino que huyó porque pensaba que le iban a matar. La mujer, Eugenia Ciocan, puso a un abogado a bucear en los atestados y cree haber hallado indicios de que la instrucción fue irregular y la causa estuvo llena de contradicciones. La denuncia interpuesta ante el juzgado, a la que ha accedido EL PAÍS, concluye que la actuación policial fue “desproporcionada”.

La familia sostiene que el incidente en la rotonda, en el que se informó de que había un mosso en estado grave, condicionó “la forma de proceder a la detención” en la masía de Riudoms. Más allá de una llamada telefónica que no prosperó, el equipo negociador desplazado para buscar una resolución pacífica del incidente descartó hablar con Sabau por megafonía con el argumento de que acercarse a él ponía en peligro a los agentes. La denuncia rechaza esa tesis porque el dispositivo disponía de un coche blindado y tiradores en posiciones elevadas y seguras.

“Un fracaso total”

La denuncia sostiene hubo declaraciones “caóticas” y contradictorias de los agentes, que “no pueden explicar de manera concisa los hechos”. A las 14.36, los GEI se posicionaron en torno a la masía de Riudoms. Uno de los agentes hizo un disparo disuasorio, Sabau abrió fuego y los agentes reaccionaron efectuando un total de 45 disparos, aunque “solo uno” impactó en la pierna del vigilante y le hizo caer al suelo, según los atestados iniciales. Esa circunstancia no se compadece con los informes médicos, que indican que tenía “múltiples proyectiles en la pierna” (hubo que amputarla), disparos en la escápula y el brazo y heridas en la cabeza.

Más tarde, en una segunda declaración, un cabo aseguró que puede ser que varios tiros impactaran en el cuerpo de Sabau, pero “nunca en órganos vitales”. La denuncia considera que, si las indicaciones eran reducir al sujeto de la forma menos lesiva posible, “la actuación policial fue como mínimo un total fracaso”. La familia considera que la actuación fue negligente porque no se recogieron muestras biológicas en el lugar donde el hombre fue abatido ni apareció, entre otros objetos, el chaleco que usó para protegerse.

Tras recibir la denuncia, el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Reus, Adriano Muñoz, abrió diligencias por un delito de lesiones. Además de citar a la hermana, solicitar un informe forense de las lesiones de Sabau y pedir la causa judicial abierta por el ataque a Securitas, el juez ha citado a declarar a 11 agentes de los Mossos como investigados y a otros policías y médicos como testigos.

El abogado José Antonio Bitos, del sindicato USPAC, defiende a los GEI investigados y considera que su actuación fue “de manual”. “Fue correcta y meritoria. Consiguieron el fin, que era mantener con vida a un pistolero que ya había anunciado su intención de enfrentarse a los Mossos y morir”. Bitos lamenta que el vigilante “desaprovechó la oportunidad” de interponer la denuncia en vida y cree que la hermana —que no ha aceptado la herencia y no tendrá que hacerse cargo de la responsabilidad civil a los heridos— actúa ahora “por intereses crematísticos”. El abogado recuerda que Sabau “disparó a matar” a los empleados de Securitas y por eso fue investigado por tentativa de homicidio.

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