Cataluña cifra en 800 millones los fondos europeos que están pendientes de llegar por las trabas burocráticas
La Generalitat movilizó hasta el mes de mayo 1.985 millones de euros de los fondos Next Generation, el 70% de los recursos que le han sido ingresados por el Estado a través de conferencias sectoriales
El Gobierno de la Generalitat está avanzando en el despliegue de los fondos europeos, pero no tanto como querría. La consejera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, ha lamentado este lunes que hay unos 800 millones de euros que corresponden a Cataluña pero que están bloqueados por trabas burocráticas, que se suman a la ineficiencia de los sistemas informáticos y a los bajos niveles de ejecución en las convocatorias de algunos Perte,...
El Gobierno de la Generalitat está avanzando en el despliegue de los fondos europeos, pero no tanto como querría. La consejera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, ha lamentado este lunes que hay unos 800 millones de euros que corresponden a Cataluña pero que están bloqueados por trabas burocráticas, que se suman a la ineficiencia de los sistemas informáticos y a los bajos niveles de ejecución en las convocatorias de algunos Perte, como el de los semiconductores. Mas ha explicado que un cambio de color político en el Gobierno tras las elecciones del 23 de julio no debería tener un impacto en los procedimientos, que siguen su curso, pero sí ha apuntado que la convocatoria de elecciones puede ralentizar aún más los procesos. Con todo, la Generalitat hace una valoración positiva en cuanto a los progresos en el despliegue de los fondos en Cataluña: hasta el mes de mayo, el Govern movilizó, mediante convocatorias, licitaciones y transferencias, 1.985 millones de euros, el 70% de los recursos que el Estado le ha ingresado a través de las conferencias sectoriales.
Los fondos europeos del plan Next Generation se idearon para recuperar las economías de los países europeas tras la pandemia, y de paso transformarlas en los aspectos clave que pueden hacerlas más competitivas. El presupuesto total, tras la aprobación, este mes de junio, de una adenda para actualizarlo, es de 806.900 millones de euros, de los cuales 163.800 millones corresponden a España. El dinero llega a Cataluña por tres vías: las asignaciones del Estado a la Generalitat mediante las conferencias sectoriales, las asignaciones del Estado a otras entidades y a entes locales en Cataluña, y las convocatorias de los Ministerios, a las que proyectos y empresas catalanas pueden optar. En el primer capítulo, a Cataluña se le han asignado 3.420,4 millones de euros, el 15,4% del total, de los cuales ya ha ingresado 2.845,7 millones y ha movilizado 1.984,6 millones. En el capítulo de las adjudicaciones y concesiones directas, ha recibido 667,7 millones y 225,3 millones respectivamente, y mediante el capítulo de las convocatorias a las que han optado empresas catalanas, han llegado 1.338,2 millones, el 19,3% del total.
Así, por ahora, hay 5.651,6 millones asignados a Cataluña, de los cuales 3.184,5 millones ya están comprometidos con beneficiarios concretos, ya sea empresas o entidades locales, que provienen de convocatorias, licitaciones o transferencias ya resueltas.
El director general de fondos europeos y ayudas del Estado de la Generalitat, Aleix Cubells, ha destacado que el Govern ha conseguido así acelerar la movilización de los recursos, doblando en estos seis meses lo que se había movilizado en los últimos seis meses de 2022. Pero Cubells ha destacado los problemas que presenta una estructura de ayudas tan compleja: “Es un plan muy segmentado y muy centralizado desde el punto de vista de la gestión, por parte del Estado. Para las empresas no es fácil identificar cuál es la convocatoria a la que se tienen que dirigir, y además hay temáticas en las líneas de ayudas que se solapan”. Con todo, Cubells ha destacado que Cataluña ya ha resuelto convocatorias públicas por valor de 953 millones, el 27,9% del importe asignado por el Estado, frente al 19,6% de media del resto de comunidades. El dinero que está bloqueado en trabas burocráticas, ha explicado el director general, son unos 800 millones de euros que están afectados por la aplicación de una nueva orden sobre conflictos de interés: la administración tiene que presentar la identificación de todos los beneficiarios para que se coteje si no hay intereses compartidos que podrían ser sospechosos de fraude, y mientras se coteja, el total de los fondos en estudio queda paralizado.
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