Guerra a los grafiteros, al cannabis y al incivismo: los tres pilares de Collboni para “poner orden” en Barcelona

El teniente de alcalde de seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha mostrado este miércoles la fórmula que utilizará para ordenar la ciudad: luchar contra el incivismo, los grafitis y las drogas. En su recién inaugurada etapa como alcalde, Jaume Collboni, ha asegurado que ...

El teniente de alcalde de seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha mostrado este miércoles la fórmula que utilizará para ordenar la ciudad: luchar contra el incivismo, los grafitis y las drogas. En su recién inaugurada etapa como alcalde, Jaume Collboni, ha asegurado que su primera misión será centrarse en “ordenar el espacio público: limpieza, seguridad y mantenimiento”. “En materia de incivismo, no cumplir comporta sanciones”, ha repetido.

Batlle lleva cuatro años al frente de la Guardia Urbana de Barcelona después de que Colau cediera, en 2019, al PSC las políticas en materia de seguridad. Con Batlle al frente se nombró al actual jefe de la policía municipal -el intendente mayor Pedro Velázquez-, se acabó la permisividad con la venta ambulante hasta el punto que la presencia policial hizo desaparecer los mercados ilegales de la Barceloneta y la plaza Cataluña. También se eliminaron los bicitaxis en el frente marítimo y comenzó la lucha contra los clubs cannábicos. Batlle anuló el mantra que se repetía durante el primer mandato de Colau donde se prometió que se iba a suprimir la unidad antidisturbios de la Guardia Urbana. El teniente de alcalde no la suprimió y a los pocos meses de asumir el cargo, en 2019, desplegó a los antidisturbios municipales – la Unidad de Refuerzos de Emergencia y Proximidad (UREP)- para desalojar una acampada en plaza Universitat.

Desde entonces, las políticas de seguridad de Batlle se basan en la mano dura y pedir fórmulas legales que permitan a la Guardia Urbana actuar contra los delincuentes multireincidentes y acabar con las ocupaciones mafiosas, entre otras cosas. Con Batlle al frente, la políticas de seguridad continuarán, pero ahora el objetivo marcado es “ordenar” la ciudad poniendo mucho hincapié en perseguir a las grafiteros y a los incívicos. Batlle ha asegurado que hará “todo los posible” para provocar una reforma legal que prohíba los clubs cannábicos o la venta de sustancias procedentes de las marihuana en comercios de la ciudad.

El programa electoral con el que se presentó Jaume Collboni a las elecciones dedica el capítulo 5 a “la Barcelona segura”. En ese capítulo, apunta las bases a su lucha contra el incivismo. Remarca que “seguridad y convivencia son dos caras de la misma moneda”. “Los socialistas y la gente de progreso entendemos el orden como un valor, una prioridad y un condicionante necesario”, destaca el programa de Collboni. Aclarado que el PSC busca “el orden” en la capital catalana; se marca un objetivo global: “Garantizar la convivencia es un reto municipal importantísimo que requiere de un modelo de gobernanza específico para garantizar tanto la transversalidad como la prevención de los conflictos de convivencia”. Los socialistas se comprometen a aprobar, en este mandato, una nueva ordenanza de civismo en la que se incluyan aspectos como “la movilidad, la limpieza” además de sanciones que sean “más educativas” y “sustitutivas de las económicas” y reviertan en el barrio. De esta manera, el PSC abre la puerta a luchar contra los incívicos con trabajos en beneficio de la comunidad. Además, el PSC va a proponer al “Gobierno Central que reincorpore mecanismos de justicia rápida para actos vandálicos”. El programa de Collboni quiere luchar, entre otros, contra los grafiteros y castigarlos con esos trabajos para la comunidad y modificaciones legales que permitan sancionar para instaurar el “orden”.

Desde que en julio de 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anulaba la ordenanza municipal y directamente prohibía “promover el consumo, la venta y el cultivo” en los clubs cannábicos, la obsesión de Batlle es cerrar las 200 asociaciones que permanecen abiertas en Barcelona. La Guardia Urbana cierra cada año una docena de estos clubs y el objetivo en este mandato es clausurar todos los posibles e impulsar reformas legales para su cierre.

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