El Gobierno catalán se prepara para aplicar la ley de vivienda y volver a limitar los alquileres

Un año después de que el Tribunal Constitucional tumbase la norma catalana que regulaba el precio de los alquileres, el Gobierno catalán podrá volver a poner un tope gracias al despliegue de la ley de vivienda acordada entre Gobierno, ERC y Bildu. Este miércoles, el Senado ha dado el visto bueno a la norma —que entrará en vigor los próximos días, tras su publicación en el BOE—, y el Govern ya ha anunciado que está preparando el terreno para aplicarla. El consejero de Territorio, Juli Fernàndez, ha explicado en una ...

Un año después de que el Tribunal Constitucional tumbase la norma catalana que regulaba el precio de los alquileres, el Gobierno catalán podrá volver a poner un tope gracias al despliegue de la ley de vivienda acordada entre Gobierno, ERC y Bildu. Este miércoles, el Senado ha dado el visto bueno a la norma —que entrará en vigor los próximos días, tras su publicación en el BOE—, y el Govern ya ha anunciado que está preparando el terreno para aplicarla. El consejero de Territorio, Juli Fernàndez, ha explicado en una entrevista en Ràdio Estel que utilizará todos los instrumentos de la nueva ley estatal “para volver a regular los precios del alquiler”. El primero de los trámites es declarar las zonas tensionadas, las que presentan más dificultades de acceso a la vivienda, donde se aplicarán las medidas de contención.

La ley de vivienda que ahora echa a andar comparte muchos aspectos con la norma catalana, tumbada tras los recursos del Gobierno y el PP por invadir competencias. Uno de los puntos más importantes es el de poner límites a los precios de los alquileres, tanto en los nuevos contratos como en las actualizaciones. Aprovechando la medida temporal que está en vigor ahora para hacer frente a los efectos de la inflación —actualmente, y hasta final de año, los alquileres no pueden subir más de un 2%—, la nueva ley prevé que el año que viene el tope esté en el 3%, y que a partir de 2025 el techo de subida dependa de un índice, desvinculado del IPC, que solo se aplicará en las zonas más tensionadas por las dificultades de acceso a la vivienda. Las zonas tensionadas serán aquellas en las que el gasto en vivienda supere el 30% de la renta media, o aquellas en las que los precios del alquiler hayan aumentado al menos tres puntos por encima del IPC.

Tras aprobarse la ley en el Congreso, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, instó al Govern a aplicar cuanto antes la norma, y a declarar la capital catalana como zona tensionada —argumentó que el alquiler supone en la ciudad el 43% de la renta media—. “Estamos en disposición de hacer los trámites de manera inmediata y lo haremos lo más rápido posible”, ha dicho Fernàndez, que ha destacado que Cataluña puede regular los precios del alquiler porque ya se ha hecho durante un año y medio, el tiempo en el que estuvo vigente la ley catalana aprobada en 2020. “Nosotros hemos liderado que pueda haber estas políticas y ahora el Estado acaba respondiendo a estas necesidades”, ha añadido. En su momento, 77 municipios catalanes pidieron la calificación de área tensionada para que se les aplicase la ley catalana de vivienda.

El otro aspecto necesario para aplicar la nueva norma estatal es la creación de un índice de referencia. Cataluña ya dispone de uno, que está vigente desde hace cuatro años, cuando el departamento de Justicia lo elaboró en 2019, y que luego se usó en la ley de vivienda catalana. “El trabajo que empieza ahora es el de actualizar y adaptar estas dos referencias a los requisitos de la nueva ley con el objetivo de poder empezar a limitar, lo antes posible, los precios del alquiler”, ha dicho Fernàndez. Con todo, la capacidad de limitar los precios no será la misma que con la norma catalana, ya que la nueva ley es menos exigente en algunos puntos, por ejemplo en las excepciones para aplicar la norma, en la consideración de zona tensionada (pueden ser solo distritos censales, mientras que en la ley catalana se trataba de municipios enteros) o en el alcance de la regulación: en la norma del Govern, todos los contratos debían adaptarse al índice, mientras que la nueva ley solo afecta a los contratos de viviendas que sean propiedad de grandes tenedores.

La nueva ley también contempla que los inquilinos no tengan que pagar los gastos de las agencias inmobiliarias, y permite que las comunidades autónomas puedan rebajar de 10 a 5 el número de viviendas propiedad de empresas o personas para considerarlas como gran tenedor.

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