Colau anula 69 de las 120 licencias turísticas que había en una sola finca de Barcelona tras encontrar una grieta legal
El Consistorio sostiene que en los últimos tres meses no se ha iniciado la actividad económica de piso turístico en estos apartamentos, y por ello puede revocar el permiso
El equipo de gobierno de Ada Colau lleva semanas intentando buscar grietas legales para declarar nulas las 120 licencias de pisos turísticos —todas en la finca de los números 84-92 de la calle de Tarragona— que un sentencia judicial ordenó admitir hace unas semanas. Este viernes la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, se ha reunido con los vecinos afectados por la instalación de este macroapartahotel ...
El equipo de gobierno de Ada Colau lleva semanas intentando buscar grietas legales para declarar nulas las 120 licencias de pisos turísticos —todas en la finca de los números 84-92 de la calle de Tarragona— que un sentencia judicial ordenó admitir hace unas semanas. Este viernes la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, se ha reunido con los vecinos afectados por la instalación de este macroapartahotel encubierto y les ha comunicado que los equipos jurídicos podrían extinguir 69 de esas licencias acogiéndose a un artículo de la Ley de Facilitación de la Actividad Económica. Sanz ya se lo ha comunicado a los vecinos afectados y a la propiedad de estos pisos, la inmobiliaria Gallardo. Según las cuentas del Ayuntamiento, estas serían las primeras anulaciones, y al final del proceso podrían llegar a quedar solo 30 pisos con licencia de los 120 que hay.
A finales del pasado abril estallaba la noticia. Un juez ordenaba al Ayuntamiento de Barcelona admitir 120 licencias de pisos turísticos pese a que en 2018 se aprobó el plan urbanístico de alojamientos turísticos (el PEUAT) que, en principio, impedía abrir nuevos apartamentos. Todas esas licencias están situadas en el 84-92 de la calle Tarragona. La propietaria del edificio es la Inmobiliaria Gallardo y en los pisos viven 20 inquilinos de renta antigua, hay 30 pisos vacíos preparados para acoger turistas y hay 70 de vecinos que, en cuando se publicó la noticia, denunciaron que la inmobiliaria les está haciendo la vida imposible con obras continuas y revisiones de contratos. Estos últimos acusaron a la propiedad de intentar expulsarlos del edificio para poner los pisos en el mercado turístico y empezar a cobrar hasta 400 euros por una reserva de una noche.
Inmobiliaria Gallardo presentó la petición de licencia turística para los 120 pisos en septiembre de 2019, cuando el Tribunal Superior de Justicia anuló, por un defecto legal, el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT). El Ayuntamiento denegó las licencias y la inmobiliaria pidió auxilio a la justicia. Un juez le ha dado la razón a la propiedad atendiendo a que, cuando las solicitaron, el PEUAT no estaba vigente. Con la sentencia en la mano, la inmobiliaria comenzó a hacer obras en los pisos que quedaron vacíos para ofrecerlos a los turistas.
El equipo de gobierno alertó que haría todo lo posible para revertir el uso que quería darle la propiedad. Tal y como ha adelantado El Periódico, la grieta jurídica que ha encontrado el Consistorio es el artículo 36.1 de la ley de Facilitación de Actividad Económica. “Este artículo está hecho para incentivar la actividad económica. Viene a decir que si en tres meses no has iniciado la actividad económica se puede retirar la licencia. Hemos visto que hay contratos de alquiler vigentes que no son turísticos. Hay otra actividad, que es la de vivienda, en 69 casos y nos acogemos a ese artículo para suspender la licencia turística”, ha dicho Sanz a EL PAÍS.
La teniente de alcalde de urbanismo asegura que en 20 casos más podrían utilizar el mismo articulado para revocar las licencias pero no en los 30 pisos donde se han iniciado las obras para transformar los pisos en turísticos. “Lo que necesitamos es que la Generalitat permita revocar licencias por otras causas, por garantía de derecho a la vivienda, por garantía del descanso, porque hay demasiados pisos…”, ha concluido Sanz. La decisión del Ayuntamiento no es firme y la propiedad podrá presentar alegaciones en un caso que, con toda seguridad, acabará de nuevo en los tribunales.
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