La proximidad de las elecciones municipales complica el relevo de Laura Borràs en el Parlament
El PSC critica a los indepedentistas por recurrir a “maniobras dilatorias” para no obedecer a la retirada del escaño ordenada por la Junta Electoral
El Parlament, de momento, no hará efectiva la retirada del escaño a Laura Borràs ordenada por la Junta Electoral Central, a la espera de conocer el desenlace del recurso de casación presentado por la también líder de Junts. En casos anteriores, la Mesa del Parlament ha actuado después de ser requerida directamente por la propia autoridad electoral y aún hay un margen de algunos días para que ello suceda. El PSC ve una “maniobra...
El Parlament, de momento, no hará efectiva la retirada del escaño a Laura Borràs ordenada por la Junta Electoral Central, a la espera de conocer el desenlace del recurso de casación presentado por la también líder de Junts. En casos anteriores, la Mesa del Parlament ha actuado después de ser requerida directamente por la propia autoridad electoral y aún hay un margen de algunos días para que ello suceda. El PSC ve una “maniobra dilatoria” por parte del independentismo para no decidir ya sobre el relevo en la presidencia de la Cámara, un debate muy difícil de abordar ante la cercanía de las elecciones del 28-M. El próximo pleno ordinario se realiza la semana posterior a los comicios, justamente en plena discusión sobre los posibles pactos.
Incluso los socialistas catalanes, que han instado este jueves a los independentistas a mover ficha para buscarle sucesor a Borràs en la presidencia de la Cámara han dejado entrever que es un momento complicado para completar ese debate. Su portavoz, Alícia Romero, ha dejado en el tejado de los secesionistas el mover ficha, tras recordar que el pasado miércoles el pleno frustró su plan para cambiar el reglamento de la Cámara para tener una manera exprés de cambiar miembros de la Mesa. El PSC, ha dicho, no se plantea de momento presentar un candidato o candidata pero si ja instado a que se acabe pronto con casi diez meses de interinidad en la segunda autoridad catalana.
La defensa de Borràs ha presentado un recurso de casación tras conocer el contenido del acuerdo de la JEC, que deja sin efecto la credencial de la presidenta de Junts al dar por probada su situación de “ineligibilidad sobrevenida” -derivada por su condena a inhabilitación a ocupar cargo público, tras ser encontrada culpable de prevaricación y falsedad- y emite una nueva al siguiente nombre de la lista electoral, Antoni Castellà. ERC no ha movido un dedo en la Mesa del Parlament para que se obedezca a la JEC y, en la línea de lo que ha hecho en todo el caso de la presidenta suspendida, espera que el desenlace llegue por vía de imposición judicial. Tanto en el caso de Quim Torra como de Pau Juvillà, despojados del escaño por la Junta Electoral, se actuó después de que esa misma autoridad pidiera directamente a la presidencia de la Mesa del Parlament que ejecutara su decisión.
Si el PSC ve deseable pero complicado de encajar un pleno para elegir un nuevo presidente o presidenta de la Cámara catalana, en el seno de las formaciones independentistas sencillamente lo ven impensable. Junts, por un lado, ha aprovechado la situación para agitar la bandera del victimismo y acusar a la Junta Electoral de entrometerse en cuestiones internas del Parlament, recalcando la forma cómo ha trascendido la nueva situación de Borràs.
“La JEC culmina su despropósito con una nueva filtración antes de informar a Laura Borràs. Una nueva injerencia del Estado en la política catalana donde un órgano administrativo puede alterar el poder legislativo”, tuiteó el secretario general de Junts, Jordi Turull, después de que el Abc publicara que los miembros de la Junta Electoral optaban por retirarle el escaño a la presidenta de la formación independentista. La decisión de la Junta fue tomada el miércoles pero sólo el jueves se ha comunicado a las partes de manera oficial.
El expresident Carles Puigdemont, huido de la justicia en Bélgica, también ha ahondado en la tesis de la persecución. Que no se informara por los cauces normales a tiempo, dice el eurodiputado, “confirma la naturaleza política de la persecución a la presidenta. No lo tenemos que normalizar; los que hoy se ríen por lo bajo, mañana serán víctimas”, ha escrito en Twitter. Los defensores de Borràs dentro del partido quieren evitar a toda costa que se pase página con la presidenta y se proceda a buscarle relevo, mientras que otras voces abogan por evitar ruido interno con la campaña electoral al tocar.
Que todo ocurra en las puertas de las elecciones envenena aún más la situación. Incluso porque, en un panorama tan cerrado en ciudades claves como Barcelona, la composición de la Cámara podría llegar a ser carta de cara a una negociación postelectoral. Los defensores de Borràs insisten en que sea la propia presidenta suspendida la que elija a su sucesor o sucesora. En la primera línea estaba una de sus más estrechas colaboradoras, Aurora Madaula. Ella se ha autodescartado, pero insiste en buscar vías de protesta. Dentro del alma más convergente de Junts, que desea recuperar una presidencia efectiva, se apuesta por un perfil más institucional, como sería la alcaldesa de Vic, Anna Erra. Una posible candidata de consenso podría ser Marta Madrenas. Muy cercana a Puigdemont, no se presenta a la reelección en el Ayuntamiento de Girona.
ERC guarda silencio, de momento, pero la consigna sigue siendo esperar a que Junts mueva ficha. Hasta ahora se han cuidado de ser señalados como los que han dado el golpe de gracia a Borràs y justo en el momento más delicado no piensan moverse ni un milímetro. La vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés (ERC), se juega el cargo si desobedece a la JEC, pero aún no se la ha pedido que actúe.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) establece en el artículo 6.2, b que los electos deben perder el acta aunque la sentencia no sea firme si han cometido delitos contra la Administración Pública. La presidenta suspendida del Parlament fue condenada el pasado 30 de marzo por el Tribunal Superior catalán a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por delitos de prevaricación y falsedad agravada. Ese fue el fallo después de darse por probado que cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, fraccionó contratos para beneficiar a un amigo, al que instruyó sobre cómo presentar ofertas comparsa.
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