Antonio Burgueño, impulsor del programa Desatar en las residencias: “La sujeción de los ancianos es un hábito negativo en España”

“Es un círculo vicioso: si se aplican sujeciones físicas para que los ancianos no se caigan, se acelera su deterioro físico y aumenta este mismo riesgo de caídas”. Antonio Burgueño, médico impulsor del programa Desatar de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) sabe de lo que habla. Lleva años estudiando la manera en que las residencias tratan las incapacidades físicas de los ancianos para evitar caídas; y defiende una política de “contención cero” en las...

“Es un círculo vicioso: si se aplican sujeciones físicas para que los ancianos no se caigan, se acelera su deterioro físico y aumenta este mismo riesgo de caídas”. Antonio Burgueño, médico impulsor del programa Desatar de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) sabe de lo que habla. Lleva años estudiando la manera en que las residencias tratan las incapacidades físicas de los ancianos para evitar caídas; y defiende una política de “contención cero” en las sujeciones para limitar el impacto negativo de esta medida. “Producen un daño a corto y largo plazo”, insiste Burgueño a EL PAÍS tras participar en una jornada organizada por la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) para debatir precisamente sobre los métodos de contención y sujeción en los hogares de ancianos catalanes. El médico madrileño, que comparte nombre y apellido pero ninguna relación familiar con el Antonio Burgueño exasesor de Sanidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apuesta por la “formación” en demencia de los profesionales, la organización interna y la adecuación de los espacios físicos como receta para dejar atrás las contenciones. “En las residencias donde se aplica no se ha requerido más personal”, celebra.

El uso de las contenciones en las residencias es un debate que se mantiene desde hace años y se explica principalmente para evitar caídas que pueden conllevar sanciones a los responsables geriátricos. España era en 1997 uno de los países del mundo donde más contenciones se realizaban en las residencias, según un estudio publicado en la revista Age Ageing. Un 40% de los usuarios sufrían contenciones, un porcentaje que doblaba las cifras de Francia, Suecia y Estados Unidos, por ejemplo; pero el propio Burgueño y otros ideólogos lideraron una corriente contraria a la inmovilización. Ahora el porcentaje se ha reducido hasta menos del 20%, y la tendencia actual en España plantea las sujeciones a aquellos residentes sin tono muscular y que son incapaces de mantener el equilibrio, además de algunos dementes, principalmente.

La reducción de las sujeciones tiene la luz verde de las administraciones. El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas aprobaron en junio de 2022 un modelo común para los servicios de la dependencia, entre los que incluía una atención “libre de sujeciones” en las residencias, “salvo en situaciones excepcionales que ponga en riesgo la seguridad física” del propio usuario o de terceras personas. Las entidades tienen que implementar este plan antes del 30 de junio de 2025.

Las sujeciones se dividen en dos tipos: las físicas (cinturones, correas…) y las farmacológicas (antipsicóticos). Un 41% de los residentes con demencia sufre sujeciones físicas; y un 67% “consume antipsicóticos”, según el Burgueño, cuando la media internacional es del 37%. “Esta desproporción tiene detrás las sujeciones con antipsicóticos”, considera. “Hablar del uso de las contenciones era un tabú, pero ya no debe serlo. Tenemos que ser transparentes”, reivindica Andrés Rueda, presidente de Ascad.

No parece fácil encontrar el equilibrio. Los profesionales temen que se les acuse de negligencia cuando un usuario cae al suelo, especialmente en aquellos usuarios con demencia, un perfil cada vez más frecuente en los hogares de ancianos. “El 60% de los usuarios están en proceso de demencia; cuando hace unos años era el 40%, y pronóstico que en cinco años alcanzaremos el 80%”, indica Burgueño. El temor de los profesionales parece tener sentido porque el principal motivo de hospitalizaciones en mayores de 65 años son las caídas. “La mitad de los residentes sufrirán una caída en algún momento de su vida y hay que aceptarlo”, remarca el médico. “¿Qué hacemos? ¿Los atamos a todos? En España, la sujeción es un hábito negativo, y después de una segunda caída se sujeta a al usuario en vez de analizar por qué ha caído”.

El programa Desata apuesta por la formación de los profesionales en el tratamiento de la demencia. “Hay que analizar individualmente qué lleva a cada paciente a realizar determinadas acciones”, defiende Burgueño. El experto aboga por la organización interna y la adecuación de los espacios físicos como los pasos necesarios para abandonar las contenciones. “Las residencias que han dado este paso no han requerido más personal, sino un cambio de actitud, aunque el proceso no es de un día para otro”, señala.

La propuesta de la Ceoma no cuenta con un consenso absoluto. Parte del sector defiende las sujeciones, que no son ilegales, “cuando sean necesarias”, como Iñaki Antón, gerontólogo y especialista en el daño corporal: “No se trata de contenciones, sino de tratamientos médicos restrictivos y deben de ser prescritas por un facultativo”. Los oyentes también han mostrado durante la jornada su preocupación por la falta de un marco jurídico que proteja a los profesionales. La receta, señala el penalista Marc Molins, abogado del FC Barcelona en el caso Negreira y asesor de Ascad, es saber que “no somos infalibles”. “El sistema judicial reclama coherencia, protocolos y seguridad, no infalibilidad”, insiste el abogado. “La legislación dice que la sujeción es una medida excepcional e individual, debe responder a un criterio de estricta necesidad, idónea, proporcional, mínima, temporal y transparente”, cierra Molins. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, emitió el año pasado una instrucción para vigilar las sujeciones en residencias de mayores, de personas con discapacidad y unidades psiquiátricas.

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