La ‘tasa Amazon’ de Barcelona entra en vigor sin saber si repercutirá en los comercios o en los consumidores

Barcelona ha estrenado este miércoles la conocida como tasa Amazon, que grava a los operadores postales por el aparcamiento en el espacio público de vehículos que entregan a domicilio compras realizadas por internet. Los operadores afectados son los que facturan más de un millón de euros anuales en la ciudad por estas entregas. Preguntados por cómo valoran la tasa los cinco princip...

Barcelona ha estrenado este miércoles la conocida como tasa Amazon, que grava a los operadores postales por el aparcamiento en el espacio público de vehículos que entregan a domicilio compras realizadas por internet. Los operadores afectados son los que facturan más de un millón de euros anuales en la ciudad por estas entregas. Preguntados por cómo valoran la tasa los cinco principales en Barcelona (Amazon, Correos Exprés, Seur, DHL y UPS, por orden de cuota de mercado y según el Ayuntamiento), no responden; o bien indican que prefieren no hacer declaraciones. Tampoco responden sobre quién creen que asumirá la tasa (si la compañía, el fabricante de los productos comprados o los consumidores finales), ni si tienen intención de presentar algún recurso contra la tasa.

Quien sí ha valorado la tasa es la patronal del sector de la logística y transporte, Uno: “Es discriminatorio y antisocial, incrementa los costes y reduce las alternativas de venta del pequeño comercio”, afirmó hace unas semanas en un duro comunicado en el que defendían los servicios postales como “de interés económico general para la economía y la sociedad”.

El gobierno de la alcaldesa Ada Colau, que presume de ser la primera ciudad en aplicar una tasa así, suele argumentar que persigue dos objetivos. Uno, igualar las condiciones del comercio electrónico con las del comercio de proximidad. Y dos, fomentar la entrega en puntos de recogida para evitar la circulación de vehículos de reparto creando congestión y contaminación. “Que contribuyan al interés general”, en síntesis. El consistorio ha cifrado en 2,6 millones al año el coste del “aprovechamiento” del espacio público. Será la recaudación máxima repartida entre las 26 empresas postales que facturan más de un millón de euros al año.

Los expertos de la Universidad de Barcelona que trabajaron en la tasa explicaron en diciembre pasado el cálculo del valor y precio del uso del espacio público en Barcelona para aparcar: los 2,6 millones citados a partir de la ocupación actual de las 8.300 plazas de aparcamiento que no son para vecinos. A partir de aquí, partiendo de la facturación de 200 millones de euros de los principales operadores en la ciudad, el tipo impositivo de la tasa se fija en el 1,25% de la facturación anual de cada operador. El Consistorio suele señalar que ha aplicado el “principio de prudencia”, para evitar exponerse a demandas.

El nombre oficial de la tasa es TREC (tasa de reparto de e-commerce) y fue aprobada el pasado viernes en el Pleno Municipal con los votos del ejecutivo municipal (Barcelona en comú y PSC) y el apoyo de ERC, Junts y Ciutadans. Es una tasa que se liquida por autoliquidación del contribuyente, de forma que las empresas la deberán presentar entre el 1 y el 30 de julio del ejercicio posterior al gravado. La primera liquidación, del ejercicio 2023 se autoliquidará durante el mes de julio de 2024.

Desde la organización empresarial de logística y transporte Uno entienden que el tributo “es antisocial, incrementa los costes de un servicio de interés económico general y reduce las alternativas de venta de empresas minoristas de todos los tamaños, grandes y pequeñas, que se verán obligados a asumir mayores costes o a repercutírselos a sus clientes”. El presidente de la patronal, Francisco Aranda, defendió que el sector “fue la salvación” de muchos comercios y pymes, que pudieron llevar sus productos a los clientes. “Pese a que el nuevo tributo se fundamenta en la necesidad de cubrir las desigualdades competitivas con el comercio de proximidad, este acabará viéndose afectado por la tasa”, afirmó.

Aranda ve la medida “inflacionista” y sobre el argumento medioambiental del Ayuntamiento, lo entiende “contradictorio porque estimularía las compras físicas, lo que aumenta los desplazamientos de particulares, incrementando la congestión en la ciudad”. La patronal también rechaza que el tributo grave la actividad económica “del operador postal en base a su facturación y no en uso del dominio público como pretende defender el Ayuntamiento”.

Amazon, apunta que 900 pequeñas y medianas empresas venden sus productos en la plataforma; y que 1.100 tiendas locales consiguen atraer nuevos clientes colaborando en puntos de recogida, además de que la empresa cuenta con 400 armarios con taquillas para recoger mercancía en supermercados, gasolineras, tiendas de alimentación o centros comerciales.

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