“El código postal no puede determinar las opciones de los ciudadanos”

Francesc Boya, secretario general para el Reto Demográfico, propone una política integral contra los desequilibrios territoriales

Vista de la Gran Vía de Madrid con un objetivo especial.Samuel Sánchez

No puede ser que haber nacido en un pueblo sea un hándicap para el desarrollo personal. Este concepto lo resumió Francesc Boya, secretario general del Gobierno para el Reto Demográfico, con una frase contundente: “El código postal no puede determinar las opciones de los ciudadanos”. Boya intervino en el Fòrum Social que la Fundació Pere Tarrés organiza con la colaboración de EL PAÍS.

Sin abusar de las cifras, Boya suministró algunas para que los asistentes ...

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No puede ser que haber nacido en un pueblo sea un hándicap para el desarrollo personal. Este concepto lo resumió Francesc Boya, secretario general del Gobierno para el Reto Demográfico, con una frase contundente: “El código postal no puede determinar las opciones de los ciudadanos”. Boya intervino en el Fòrum Social que la Fundació Pere Tarrés organiza con la colaboración de EL PAÍS.

Sin abusar de las cifras, Boya suministró algunas para que los asistentes tuvieran una idea de la dimensión del problema de los desequilibrios territoriales. “En España, un 80% de la población vive en el 20% del territorio. 23 provincias padecen un serio problema demográfico y 19 presentan los porcentajes de población más bajos de la Unión Europea”. Es necesario, dijo, el diálogo y la cooperación entre el mundo rural y el urbano dentro de una política integral. “Es preciso una nueva manera de gestionar estos desequilibrios. Hay que armonizar la realidad urbana y la rural para ganar sostenibilidad”. Boya sostuvo que el territorio vuelve a estar en el centro de las políticas que se ocupan desde la energía y el cambio climático, al abastecimiento, la cercanía de los servicios o las oportunidades laborales. “Hay que cerrar muchas grietas”. Por ejemplo, un vecino de un pueblo, para acceder a un servicio público, debe hacer una media de 20 kilómetros.

Boya expuso algunos ejemplos de esa política que se necesita. En 2023, el 90% del territorio español tendrá cobertura a una velocidad mínima de 100 megabytes. También citó la creación de laboratorios de cooperación con las comunidades autónomas para construir catálogos de experiencias y descubrir lógicas locales -no todos los territorios tienen las mismas necesidades-. La Generalitat de Catalunya ha destinado cuatro millones de euros para esta finalidad y en 2023 dedicará 33 millones a proyectos de colaboración con los ayuntamientos, “unas administraciones con las que el Estado no trabaja habitualmente”. Boya pidió la complicidad de las grandes ciudades. “El 75% de la inversión en innovación en España se concentra en Madrid y Barcelona”.

El ponente fue presentado por Miquel Puig, secretario de Asuntos Económicos y Fondos Europeos de la Generalitat catalana. Puig destacó que el aranés Boya ama a su pequeño país -ha cultivado su lengua como escritor- y que no le asusta jugar a la ofensiva. Sobre las dificultades de la tarea que tiene encomendada, Puig subrayó que está todo dicho viendo cómo en la nomenclatura del cargo figura la palabra “reto”.

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