Los comunes, “decepcionados” con el recurso del Gobierno contra la ley catalana antidesahucios

Los comunes liderados por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han tachado este miércoles de “gran decepción” que el Gobierno del presidente Pedro Sánchez, del que forman parte, haya decidido recurrir ante el Tribunal Constitiucional el artículo de la ley catalana antidesahucios que obliga a grandes tenedores a hacer alquileres sociales a familias vulnerables que ocupan sus pisos. “Es una gran decepción”, ha manifestado la concejal de Vivien...

Los comunes liderados por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han tachado este miércoles de “gran decepción” que el Gobierno del presidente Pedro Sánchez, del que forman parte, haya decidido recurrir ante el Tribunal Constitiucional el artículo de la ley catalana antidesahucios que obliga a grandes tenedores a hacer alquileres sociales a familias vulnerables que ocupan sus pisos. “Es una gran decepción”, ha manifestado la concejal de Vivienda del consistorio barcelonés, Lucía Martín, que, junto a Colau, fue del núcleo fundador de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en 2009. El PSC, sin embargo, ha encajado la decisión con resignación. Fuentes próximas al Gobierno aseguran que el recurso anunciado el lunes ya ha sido presentado ante el TC.

La norma, impulsada por el Govern de coalición de ERC y Junts, se aprobó el pasado 23 de febrero por 110 votos a favor (los de ERC, Junts, PSC, CUP y comunes), 11 en contra y una abstención. Ciudadanos y PP no votaron porque no se aceptó su petición de que el Consejo de Garantías Estatutarias emitiera un dictamen sobre si encajaba en la Constitución. El Gobierno ha recurrido la disposición adicional que recoge la necesidad de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer una demanda o de reclamar una deuda hipotecaria o un desahucio (si la persona que ocupa se encuentre en situación de exclusión residencial) cuando las viviendas pertenezcan a grandes tenedores. El Gobierno considera que ese artículo afecta a la regulación de la propiedad privada (al artículo 33 de la Constitución Española) y a la competencia en materia de legislación civil.

“Nosotros hemos presionado para que no lo presenten”, ha afirmado la concejal de Barcelona y ha precisado que lo han “expresado en el Consejo de Ministros, donde Joan Subirats [fundador de los comunes y ministro de Universidaddes] lo ha pedido, también Yolanda Díaz a los ministerios afectados…”. Martín ha reprochado a Sánchez que “si el argumento para recurrir es competencial, lo que debería hacer es legislar desde el Gobierno”. “Blackstone quiere regularizar ocupaciones, lo hace la SAREB, las entidades proponen alquileres sociales por debajo de mercado con compensaciones de las administraciones a los propietarios…”, ha señalado invitando a Sánchez a hacerlo: “Si es un tema de competencias, es incomprensible que no lo hagan”.

Martín ha acusado al PSOE de “tener resistencias a la hora de defender el derecho a la vivienda”. El Gobierno presentó recurso también contra la legislación que reguló durante 18 meses el precio del alquiler en Cataluña, ha recordado la concejal, que exige que “el PSOE corresponsabilice a los grandes tenedores en la emergencia habitacional”. A diferencia de los comunes, Salvador Illa, líder del PSC y exministro del Gobierno de Pedro Sánchez, que votó a favor del texto, acogió este miércoles la decisión con resignada disciplina. “Las leyes se han de cumplir y es importante que tengamos la garantía de que cumplen con el ordenamiento constitucional y por tanto si el Gobierno de España estima que un artículo de esta ley no cumple, pues hace lo que debe de hacer”, dijo.

Desde el grupo impulsor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que acabó en la primera ley antidesahucios, la célebre 24/2015, Maria Antònia Castellana ha considerado que “en tanto que el recurso lo pone el Gobierno, cuando formas parte de una coalición eres corresponsable [en referencia a los comunes]”, y ha manifestado que mantienen un dialogo y están “presionando para que no se presente”. “Aquí con el PSC no hemos tenido la misma respuesta, no nos contestan”. “El PSOE lo tiene muy claro, sus leyes van a criminalizar la ocupación y no han hecho ningún gesto y se alinean con los poderes económicos, estamos hablando de pisos de grandes tenedores que estaban vacíos y los ocupan familias vulnerables”.

Frente a esta visión, Junts lamentó este miércoles que el Gobierno suele hacer interpretaciones “sesgadas” de las leyes que aprueba el Parlament. Junts mostró su queja justo cuando anunció una proposición de ley para recuperar el contenido de la denominada Ley Ciuró –proyecto de la exconsejera de Justicia Lourdes Ciuró- que aspira a solucionar ocupaciones que alteran “gravemente” la convivencia y se materialicen en pisos de grandes tenedores (propietarios de al menos una decena de viviendas (entre ellos la SAREB o fondos buitre, por ejemplo). La medida, destinada, dicen, a poner fin a ocupaciones “delincuenciales” y de “mafias”, pretende que Ayuntamientos y comunidades de propietarios insten al gran tenedor al desalojo. Y si en un plazo de un mes no lo acredita, que Consistorios y vecinos queden legitimados para impulsar el procedimiento. El objetivo es que esos pisos se destinen a un uso social. El proyecto, que aspiran a que se tramite por lectura única, comportaría modificar el Código Civil de Cataluña –para que las comunidades tengan legitimidad activa para expulsar a quien no tiene un título habilitante- y modificar la ley de Habitatge para que los Ayuntamientos pueden adquirir el uso temporal de la vivienda a alquiler social durante siete años.

El texto del Govern vuelve a poner en el centro del debate la propiedad privada que precisamente ahora el Gobierno acaba de recurrir. “No es contradictoria con el recurso. Tampoco podemos desde el Parlament dejar de actuar temiendo que el Estado las pueda revertir y esperar que impere el sentido común”, afirmó la diputada Marta Madrenas. Batet lamentó ese recurso al sostener que el Parlament tiene su propia autonomía y que el estado aplica su “versión sesgada”. El diputado rebatió el diagnóstico de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, que cree que el proyecto de su antecesora carece de seguridad jurídica. “Queremos resolver los conflictos de los vecinos y el trabajo las conselleras Ciuró y Cervera”, dijo Batet que ironizó con si el Govern pretendía ahora de ejercer de oposición.

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