La defensa de Borràs contrató para su causa al exintegrante de Fuerza Nueva condenado por el asesinato de Yolanda Gómez

Nuevo foco de polémica en la causa contra la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, por supuestamente trocear contratos públicos para beneficiar a un amigo cuando dirigió la Institució de les Lletres Catalanes. Esta vez a cuenta de las decisiones de su defensa, liderada por el abogado Gonzalo Boye. La Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que aparte al perito informático propuesto por el let...

Nuevo foco de polémica en la causa contra la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, por supuestamente trocear contratos públicos para beneficiar a un amigo cuando dirigió la Institució de les Lletres Catalanes. Esta vez a cuenta de las decisiones de su defensa, liderada por el abogado Gonzalo Boye. La Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que aparte al perito informático propuesto por el letrado, Luis Enrique Hellín Moro. El experto fue integrante de la formación ultraderechista Fuerza Nueva y fue condenado por el asesinato y tortura de una joven militante del Partido Socialista de los Trabajadores en 1980. Boye, vía Twitter, ha recordado que Hellín colabora en el caso de Borràs desde hace dos años y asegura que es ahora, cuando se han conocido sus conclusiones, cuando surgen las críticas. Desde el entorno de la líder de Junts explican que no piensan cambiar de estrategia jurídica y Hellín Moro se queda.

Según ha avanzado Eldiario.es, la decisión de la Fiscalía de impugnar al perito se deriva de su pasado turbio. Además de pertenecer a la formación liderada por Blas Piñar, Hellín Moro fue condenado a 43 años de prisión por el secuestro, tortura y asesinato en Madrid de la estudiante Yolanda González en 1980, en uno de los crímenes que ha sido definido como uno de los más brutales de la Transición. Supuestamente era miembro de ETA, algo que resultó ser falso. Eventualmente fue detenido y, tras 14 años tras las rejas en el centro Jaen 2, -con fuga incluida-, el 25 de enero de 1996 logró cambiar su identidad. Según reveló este diario en 2013, en virtud de un auto dictado por el Registro Civil de Madrid en el expediente 402/95.

El ministerio fiscal ha justificado la impugnación de la prueba pericial porque considera que su “fiabilidad y credibilidad” está condicionada por los graves crímenes cometidos, aunque ya pagó un total de 14 años de prisión. El historial de Emilio Hellín, como se llamaba antes, no había sido problema para trabajar para los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, tanto en formación de agentes como para atender casos judicializados en los que se necesitan técnicas forenses de espionaje y rastreo informático. También ha asistido como perito a la Audiencia Nacional y a numerosos juzgados de distintas ciudades españolas.

Boye ha defendido en la red social que la elección de los peritos fue una mera “decisión técnica” y que “son los mejores” en su campo de experiencia. “A la fiscal, que conoce la identidad desde hace dos años, no le molesta el pasado de uno de los peritos, sino las conclusiones a las que llegan”, ha denunciado el letrado. Borràs, que siempre se ha mostrado como adalid en contra del fascismo en el Parlament, no piensa corregir la decisión de su defensa y Hollín continuará en el equipo.

Los peritos tenían como encargo analizar la validez del material informático intervenido en la causa. Se trata de una de las pruebas clave, pues allí estaría el correo en el que supuestamente Borràs le había explicado a un amigo suyo, Isaías Herrero, cómo hacer todo el proceso para burlar las reglas de la contratación pública. La Fiscalía pide seis años de prisión y 21 de inhabilitación para la líder de Junts por delitos de prevaricación y falsedad documental. Inicialmente, también se le imputaban los de malversación y fraude. Debido a que se le abrió juicio oral, ha sido suspendida de su cargo en la Cámara.

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