El precio de defender a Laura Borràs

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado los pasos casi definitivos para abrir juicio oral contra la actual presidenta del Parlamento, Laura Borràs, en la causa por su gestión al frente del Institut de les Lletres Catalanes (ILC). Cerradas las diligencias, se le atribuye un delito continuado de prevaricación administrativa, fraude, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos, por el fraccionamiento y adjudicación...

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado los pasos casi definitivos para abrir juicio oral contra la actual presidenta del Parlamento, Laura Borràs, en la causa por su gestión al frente del Institut de les Lletres Catalanes (ILC). Cerradas las diligencias, se le atribuye un delito continuado de prevaricación administrativa, fraude, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos, por el fraccionamiento y adjudicación de contratos a favor de un amigo y compañero profesional suyo ya desde la etapa de docente universitaria. También estaría encausado un funcionario del ILC.

Seguramente, salvando siempre la presunción de inocencia, deberá verse el recorrido judicial de toda esta vicisitud. Sin embargo, tiene una vertiente política que ya ha empezado a producir sus efectos.

La también presidenta de Junts ha planteado su línea de defensa en el marco de las actuaciones judiciales en contra del movimiento independentista. Más allá de responsabilizar a las fuerzas de seguridad del Estado (cuando la causa nace de una investigación de los Mossos), Borràs niega haber cometido ningún tipo de acto ilícito y construye un relato en el que dice que es investigada por motivos claramente vinculados a su liderazgo en el campo de los partidos que han dado vida al procés. Dicho de otra forma: la carismática dirigente quiere visibilizar su caso como uno más del lawfare que enfrentaría unos poderes judiciales conservadores a toda disidencia.

La cuestión es política también en la medida en que el reglamento del Parlamento prevé que un diputado tiene que dejar el escaño en el momento en que se le abra un juicio oral por corrupción. Se puede debatir en torno a si la normativa es suficientemente garantista, como han subrayado los mismos letrados del Parlament. Pero no deja de ser políticamente relevante que la propia Borràs haya intentado cambiar la normativa en el momento en que la causa contra ella ha tenido opción de prosperar judicialmente. Es decir, llegadas a este punto, es políticamente inviable plantear un debate probablemente necesario en torno a si los diputados y las diputadas gozan de las garantías suficientes, puesto que en este momento el contexto lo distorsionaría sin remedio.

Tanto ERC como la CUP tendrán que posicionarse sobre la cuestión, más temprano que tarde. El precio de validar la estrategia defensiva de Borràs, incluyendo un caso de presunta corrupción en lo que los partidos del procés llaman “causa general contra el independentismo”, así como avalar su pretensión de mantener el escaño, es extremadamente alto. Si Borràs no dimite y finalmente es condenada, el discurso de la independencia como forma de regeneración de la vida política —si es que todavía puede tener operatividad en algunos sectores de la sociedad— sufriría un descalabro del que sería prácticamente imposible recuperarse.

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