La Generalitat de Cataluña tarda seis años en tener su plan contra la infravivienda

Si se juntaran todos los catalanes que malviven en infraviviendas o son usuarios de albergues o que, directamente, viven en la calle, podrían llenar el Estadi Olímpic de Barcelona. O casi igualarían a la población de Granollers o Cerdanyola del Vallès. La cifra de 58.930 personas en esa situación de precariedad la reveló ayer la consejera de Derechos Sociales, Violant Cervera (Junts), durante la presentación del ...

Si se juntaran todos los catalanes que malviven en infraviviendas o son usuarios de albergues o que, directamente, viven en la calle, podrían llenar el Estadi Olímpic de Barcelona. O casi igualarían a la población de Granollers o Cerdanyola del Vallès. La cifra de 58.930 personas en esa situación de precariedad la reveló ayer la consejera de Derechos Sociales, Violant Cervera (Junts), durante la presentación del marco de acción del Ejecutivo contra el sinhogarismo que aprobó el Consell Executiu, después de seis años de que el Parlament lo solicitara. El plan, con horizonte hasta 2025, implicará movilizar unos 97 millones de euros y priorizará la estrategia del housing first.

En marzo de 2016, el Parlament celebró un pleno monográfico sobre la pobreza y una de las resoluciones pedía que Cataluña tuviera una política propia sobre el tema. La petición la hacía tanto la oposición como las entidades dedicadas a atender a personas sin techo. Cervera aceptó que se va tarde pero se mostró confiada en que la estrategia marco de sus frutos. Entre los objetivos están que los municipios puedan contar con contratos programa para pagar iniciativa, establecer un modelo de intervención con las entidades y tener métodos confiables para cuantificar el fenómeno de la infravivienda.

La consejera, de hecho, tuvo que remontarse a 2016 para dar una cifra sobre personas que duermen al raso o están en un albergue temporal: 5.777 en todo Cataluña. Ese mismo año, solo en Barcelona capital, la Fundación Arrels contabilizó 941 personas que viven en la calle, durante el conteo que se hace en una noche en específico. Otras 25.000, según los datos del registro de entes locales, viven en pisos inseguros o están a la espera de ser desahuciadas y otras 22.000 sobreviven en viviendas muy precarias.

La Generalitat espera que la inversión de 97 millones de euros ayude en dos líneas. Primero, en contribuir al crecimiento del parque de vivienda pública (se destinarán 8 millones solo este año para tener unidades específicas para el colectivo en infraviviendas) y segundo que haya menos personas viviendo a la intemperie o, en un primer momento, disminuir el tiempo que se está a la espera de un recurso de ayuda.

Drets Socials pone el modelo de housing first como la piedra angular de la atención. Se trata de dar un hogar propio a una persona que viva en la calle, que ha de asumir a responsabilidad de mantenerlo de acuerdo a sus posibilidades y ayudarle así a ganar confianza.

El Govern también aprobó un plan específico para la riera del río Besòs, cuyo proceso de diagnóstico liderará la delegación de la Generalitat en Barcelona. En enero de este año, dos personas murieron en una barraca en Montcada i Reixac, al parecer mientras intentaban calentarse. Otra familia también falleció en el incendio de unos bajos de un edificio de la plaza Tetuan de Barcelona.