La Generalitat se escuda en el Constitucional para no sancionar a manifestantes

La Generalitat ha encontrado el argumento para evitar sancionar a manifestantes que incumplen la ley de seguridad ciudadana: el Tribunal Constitucional. El consejero del Interior catalán, Joan Ignasi Elena, anunció este lunes un cambio de criterio jurídico, basado en la jurisprudencia tanto del alto tribunal como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ...

La Generalitat ha encontrado el argumento para evitar sancionar a manifestantes que incumplen la ley de seguridad ciudadana: el Tribunal Constitucional. El consejero del Interior catalán, Joan Ignasi Elena, anunció este lunes un cambio de criterio jurídico, basado en la jurisprudencia tanto del alto tribunal como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Asegura que de esta forma, primarán los derechos de manifestación, de reunión, de información o de libertad de expresión ante este tipo de multas. Su principal objetivo es evitar sanciones en protestas antidesahucios.

El Departamento de Interior acumula miles de sanciones desde el año 2015 que afectan a la participación en manifestaciones no comunicadas o bien comunicadas pero que modifican sustancialmente el plan del que se había informado inicialmente. Desde entonces, los Mossos han abierto más de 6.500 actas, de las que solo 31 han acabado en expedientes resueltos, según fuentes policiales. La falta de actividad por parte del órgano competente en esa materia -la Dirección General de Administración de la Seguridad (DGAS)- había sido objeto de críticas por parte de la oposición. El PSC pidió explicaciones a la Generalitat después de que este diario desvelase que no se había tramitado ninguna de las 1.200 sanciones impuestas en 2020.

Con el cambio de criterio anunciado por la Generalitat, los expedientes, que Interior asegura que se tramitarán, acabarán archivados, siempre y cuando el manifestante sea pacífico. “No tienen ningún sentido que si uno se moviliza pacíficamente tenga como consecuencia una sanción”, aseguró Elena en declaraciones a Catalunya Ràdio. El Departamento detalla que su intención es principalmente frenar las multas por dos preceptos muy concretos, la desobediencia (artículo 36.6 de la ley) y la obstrucción a la justicia (36.4). En ambos casos, los expedientes se tramitaban desde la propia dirección general de la policía, y sus resoluciones superan el 95%. La mayoría se imponían en protestas antidesahucios, lo que ha generado quejas de partidos y movimientos provivienda. Ahora será la DGAS quien asuma también esos expedientes.

Fuentes policiales critican que la decisión del Departamento busca dar cobertura legal a una situación que ya se daba de facto, al no tramitar la mayor parte de los expedientes que llegaban a la mesa de la DGAS. “Se guardaban en un cajón”, aseguran, y advierten incluso de que podría tratarse de un delito de prevaricación. Interior admite que la DGAS sufre cierta saturación por la pandemia pero asegura que se han ido tramitando expedientes, y niegan una voluntad de dejarlos aparcados. También defiende que las actas abiertas por manifestaciones no comunicadas (el artículo 37.1 de la ley) no se han tramitado históricamente, ante una “ponderación del derecho de manifestación”. La voluntad del Departamento, indican, es tramitar todas las actas pendientes, pero recuerdan que caducan a los seis meses. Para asumir todo el trabajo, se prevé un refuerzo del equipo de la DGAS.

“Todos sabemos de qué partido político son la mayoría de activistas que van a desahucios. Es la CUP y necesitan sus votos para seguir en su silla”, ha lamentado el portavoz del sindicato de Mossos USPAC, Albert Palacio. El sindicato ha anunciado que estudiarán la decisión anunciada por Elena. “Si nos tenemos que jugar la integridad física con identificaciones a gente que ya saben que no se les sancionará y están por encima del bien y del mal, lo que no haremos será jugarnos el físico por esta gente que esta en su silla la mar de tranquila”, ha añadido . Palacio acusa a Interior de “socavar la autoridad de los Mossos”

En su anuncio, Elena ha criticado que el PSC no haya derogado la ley mordaza -como se conoce popularmente a la ley de seguridad ciudadana-, como pedían, y que en cambio se pongan “las manos en la cabeza” cuando no se aplica de forma “restrictiva”. “Lo que hacemos es aplicar la ley. Y la ley se aplica ponderando derechos y en ese caso la ley mordaza junto con otros derechos como el de la libertad de expresión o de manifestación”, ha destacado Elena.