El año en que los indultos lo cambiaron (casi) todo

Las elecciones catalanas del 14 de febrero de 2021 tenían un aire definitorio. Se dirimiría la primacía dentro del independentismo; las ganas de pasar página tras los años álgidos del procés se sometía a las urnas y, por fin, el Govern se reactivaría tras la decisión del secesionismo de mantener vacía la silla del inhabilitado Quim Torra. Un año después, coinciden la mayoría de voces consultadas, el ambiente es distinto aunque la radiografía no haya cambiado mucho. La ilusión inicial por la reactivación de la ...

Las elecciones catalanas del 14 de febrero de 2021 tenían un aire definitorio. Se dirimiría la primacía dentro del independentismo; las ganas de pasar página tras los años álgidos del procés se sometía a las urnas y, por fin, el Govern se reactivaría tras la decisión del secesionismo de mantener vacía la silla del inhabilitado Quim Torra. Un año después, coinciden la mayoría de voces consultadas, el ambiente es distinto aunque la radiografía no haya cambiado mucho. La ilusión inicial por la reactivación de la Administración ya se ha diluido, las formaciones a favor de la independencia están más lejos que nunca y el tortuoso camino de la mesa de diálogo entre Gobiernos parece estar en un punto muerto.

“En el ambiente se nota que estamos en una nueva fase, aunque todos los actores no estén encarrilados”, asegura Javier Pacheco, secretario general de CC OO de Cataluña. Se trata de una idea compartida, aunque con matices, por diferentes voces del mundo económico y social. “En este año se ha consolidado un cambio de fondo en la sociedad catalana, que quiere que los responsables políticos nos replanteemos las prioridades”, añade el socialista Salvador Illa, jefe de la oposición en el Parlament.

Los indultos a los líderes del procés condenados por sedición por el Tribunal Supremo, en junio pasado, ha sido un punto de quiebre anímico en Cataluña. El independentismo los acogió con frialdad y aún sigue achacando su concesión únicamente a la presión internacional. En algunos sectores, además, creen desde el minuto uno que, pese a mejorar la situación de las familias afectadas, terminan por enviar un mensaje de “normalización” del conflicto político. “Los indultos fueron una apuesta por el reencuentro que el paso del tiempo reafirmará”, agrega Illa. En las filas de ERC, al menos, dicen que hacen falta “más gestos”.

Los indultos fueron una apuesta por el diálogo que el paso del tiempo reafirmará”, dice Illa

El 14-F, con una participación en mínimos históricos a causa de la pandemia (53,3%), dejó al PSC como el partido más votado en el Parlament y al independentismo logrando cruzar por primera vez el umbral del 50% de los votos, con ERC a la cabeza pero por la mínima. Los socialistas no pudieron formar Govern y desde Illa no deja de ofrecerse día sí y día también como posible socio si los republicanos decidieran divorciarse de Junts per Catalunya. En el Congreso, la relación ERC – Gobierno es clave. Los republicanos insisten en que ese entendimiento es imposible en Cataluña.

Tres meses tardaron los de Carles Puigdemont y los de Oriol Junqueras en cerrar un pacto de Govern, con el apoyo externo e indispensable de la CUP. Uno de los argumentos para la tardanza era que se quería protocolizar la gestión de los desencuentros entre socios, con ERC en pleno éxtasis por llegar a la presidencia y Junts en medio de una pesada digestión de la derrota. Aunque la gresca entre socios ha bajado decibelios, desencuentros como la ampliación de El Prat han hecho emerger las diferencias, “Ha mejorado la situación con respecto al Ejecutivo de Torra, se hacen más cosas, pero no acaba de haber cohesión. Continúan las discrepancias entre consejerías y siguen sin conseguir una voz, pese a los esfuerzos del president”, asegura una fuente de la dirección de Foment.

La necesidad, más que la convicción, ha hecho que el Govern tenga que buscar apoyos externos para poder avanzar. En Comú Podem se ha vuelto clave y gracias a sus votos, por ejemplo, salieron adelante los Presupuestos. Hace una década no se iniciaba un año con cuentas nuevas. Al PSC si se le ha tenido que buscar, por la dureza de la realidad aritmética, para comenzar a renovar un centenar de cargos que en algunos casos llevaban hasta seis años caducados.

Pese a ese cierto fin de la política de bloques que había marcado la época del procés, cuesta reemprender la actividad. Para cierto independentismo muy convencido, cualquier atisbo de avance en la gestión más allá de la pura intendencia doméstica es visto como una claudicación. “Ha habido pocos cambios. Estamos en un Parlament donde se habla en exceso de nosotros mismos”, reflexiona la líder de los comunes, Jéssica Albiach. Y pone como ejemplo la disputa entre secesionistas por la falta de un plan real para desobedecer y mantener el escaño del anticapitalista Pau Juvillà. La Junta Electoral Central se lo quitó después de que se le condenara por desobediencia. La presidenta de la Cámara, Laura Borràs, abogó por parar la actividad de la Cámara.

“Hemos ganado tranquilidad, pero el Govern acaba encallándose cada vez que surge cualquier tema vinculado con el procés y con la relación con Madrid”, opina Camil Ros, secretario general de UGT de Cataluña. Precisamente ese papel de ERC en Madrid es el que, a juicio de Jordi Sànchez, secretario general de Junts, ha terminado por debilitar al independentismo. “Nos ha hecho falta un acuerdo estratégico para usar la posición de debilidad del Gobierno”, explica el expresidente de la ANC. También ve la mesa de diálogo en un punto muerto y da por hecho que tanto sus socios en el Ejecutivo catalán les culparán de ese fracaso.

Pere Aragonès explicará este lunes cuál es su estrategia para encarar el siguiente año de legislatura,

Pere Aragonès explicará este lunes cuál es su estrategia para encarar el siguiente año de legislatura, tanto en lo social como para reavivar la apuesta independentista. En su mesa se acumulan los pendientes. La vía de diálogo con el Gobierno es una pieza fundamental en su discurso y sigue sin lograr algún rédito. Otro especialmente complicado es la gestión de la aplicación de la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano.