¿Se puede incumplir una sentencia?

La situación que tiene lugar en Cataluña estos días como consecuencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lo que todos conocemos ya como el caso de Canet nos debería llevar hacia una reflexión que va más allá de lo lingüístico y que hace pensar en la falta de conciencia de lo que significa un Estado de derecho, de lo que son los derechos democráticos, por no decir que nos hace pensar que nos encontramos ante ...

La situación que tiene lugar en Cataluña estos días como consecuencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lo que todos conocemos ya como el caso de Canet nos debería llevar hacia una reflexión que va más allá de lo lingüístico y que hace pensar en la falta de conciencia de lo que significa un Estado de derecho, de lo que son los derechos democráticos, por no decir que nos hace pensar que nos encontramos ante un sector de la sociedad que con sus quejas roza lo antidemócrata. Sin embargo, no es una situación endémica de Cataluña, por desgracia se viene repitiendo a lo largo y ancho de nuestra geografía.

Me explico.

Tras hacerse pública la sentencia del TSJC —de diciembre de 2020 y ratificada el mes pasado por el Tribunal Supremo—en la que se fija un 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas, las reacciones en contra no se hicieron esperar, hasta el punto de que el Parlament catalán ha rechazado acatar la sentencia del TSJC que fija al menos un 25% de castellano en las escuelas. El texto aprobado forma parte de una moción de la CUP, que ha contado con el respaldo de ERC, Junts y Comuns, y el voto en contra de PSC, Vox, Cs y PP.

Lo del independentismo votando para incumplir las leyes no es nuevo, lo preocupante en este caso es que Comuns, organización integrada en el gobierno de España, esté votando contra el acatamiento de una sentencia. No contentos con eso, la Cámara ha rechazado otras dos mociones de Cs y PP que pedían que se cumpliera el “mínimo obligatorio” del 25% de horas lectivas en castellano. Apelando a los deseos de esa mayoría (inexistente pero a la que siempre se apela) que cree que las clases deben darse solo en una de las dos lenguas de nuestra comunidad.

¿Qué hubiera pasado si el TSJC hubiera sentenciado lo contrario? ¿Cuál habría sido la reacción de esos mismos partidos, si la sentencia no hubiera dado la razón a la familia que pedía un 25% de clases en castellano? No hubiera habido ninguna resolución de rechazo y hubieran aireado la sentencia como una victoria del Govern, del independentismo y, por supuesto, una victoria de la “justicia”. Está claro (léase con tono irónico) que el estado de derecho solo es bueno si favorece, o responde, a las expectativas o necesidades que tienen unos cuantos. Lo hemos visto en otras ocasiones, no es nuevo.

Pero hagamos política ficción.

¿Qué sucedería si en Andalucía, donde hay un gobierno en el que Vox forma parte del mismo, se les ocurriera, en aras de esa mayoría que les ha otorgado el voto “asumir” que la educación andaluza debe incluir como materia obligatoria la enseñanza de la religión católica? ¿O si deciden que no aplicarán la Ley de violencia de Género? ¿O si en la comunidad Madrileña decidiera el gobierno de Isabel Díaz Ayuso que en clase de geografía e historia la “conquista de América” fuese parte fundamental y prioritaria del temario?

A buen seguro (y tampoco creo equivocarme) saldríamos todos con las manos en la cabeza corriendo a poner una denuncia y esperaríamos que el Tribunal Superior de Justicia actuara en contra de esas decisiones a la menor brevedad posible. Algo que (la rapidez no sé, la decisión seguro) daría una sentencia favorable a aquellos que creen, como es lógico, que la religión católica no debe ser una asignatura obligatoria en la escuela pública; que debe aplicarse la ley de violencia de género y a los que esperan que a sus hijos no les machaquen con una versión triunfalista y supremacista de ese encuentro de culturas que fue la llegada de los españoles a América.

¿Qué pasaría después? Pues que todos nos felicitaríamos por lo efectivo y democrático que es el Estado de derecho y el buen criterio de las decisiones judiciales que, por supuesto, habría que acatar; y presumiríamos de la suerte que tenemos de vivir en él.

Los ejemplos son burdos, como burda es la situación que vivimos en España desde hace tiempo acerca del respeto o no a las instituciones del Estado, en función de lo que nos interesa. ¿Es que acaso no hay que cumplir las sentencias judiciales? ¿Qué sentencias podemos considerar “buenas” y cuáles “malas”? Si el problema son las leyes, la solución más rápida no consiste en saltárselas, sino es meditar con calma a quien votamos en las próximas elecciones y que esos representantes se encarguen de cambiarlas. Como defendería Sócrates, la ley, o se cumple o se cambia, nadie está por encima de las leyes. No vale acatar y aplaudir las sentencias que nos gustan y “votar” incumplir las que no nos gustan.