Fraccionamiento de contratos y subvenciones no justificadas: las irregularidades cercan a la escuela de funcionarios de Cataluña
El organismo se dedica a la investigación y formación en el ámbito de la administración pública
La Sindicatura de Cuentas de Cataluña, el órgano que fiscaliza la gestión económica de las entidades públicas, ha dado a conocer este miércoles un informe sobre las cuentas del ejercicio de 2017 de la Escuela de Administración Pública de Cataluña (EAPC). En él, el órgano fiscalizador halla “incumplimientos” e “irregularidades” en algunos de los trámites gestionados en la escuela de funcionarios. Los más llamativos son el “fraccionamiento indebido” de contratos y los incumplimientos formales en las subvenciones para financiar planes de formación. Durante el ejercicio investigado, el director de...
La Sindicatura de Cuentas de Cataluña, el órgano que fiscaliza la gestión económica de las entidades públicas, ha dado a conocer este miércoles un informe sobre las cuentas del ejercicio de 2017 de la Escuela de Administración Pública de Cataluña (EAPC). En él, el órgano fiscalizador halla “incumplimientos” e “irregularidades” en algunos de los trámites gestionados en la escuela de funcionarios. Los más llamativos son el “fraccionamiento indebido” de contratos y los incumplimientos formales en las subvenciones para financiar planes de formación. Durante el ejercicio investigado, el director de la EAPC era el historiador y político Agustí Colomines.
Colomines es exresponsable de la Fundación Trias Fargas (al frente de la cual estuvo entre 2007 y 2013), vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y que pasó a llamarse CatDem cuando estalló el caso Palau, por el que se condenó a CDC por financiación irregular mediante la institución musical. Colomines fue nombrado director de la EAPC en 2016, y fue cesado de su cargo en abril de 2018 por el Gobierno, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La EAPC es un organismo que se dedica a la formación y la investigación para mejorar la administración pública catalana, y forma parte del departamento de presidencia de la Generalitat, en el que se enmarca el ámbito de la función pública. Con el informe que la Sindicatura de Cuentas remitió este miércoles al Parlamento catalán, en el que se da cuenta de una detección de irregularidades, se inicia un periodo en el que se pueden llevar estos indicios a la Fiscalía para determinar si fueron constitutivos de delito.
En concreto, el informe de la Sindicatura señala que, revisados algunos de los contratos efectuados en 2017, detecta incidencias relacionadas con los objetos, los importes, fechas o tipos de contratos que suponen un “incumplimiento” de la ley de contratos del sector público. Muchas de estas incidencias se dan en los contratos menores: la Sindicatura detalla que en 2017 se efectuaron 669 contratos de este tipo por un valor total de 1,02 millones de euros. De estos contratos, 645 corresponden a servicios y 24 a suministros.
Uno de los ejemplos que el órgano fiscalizador considera sospechoso de fraccionamiento de contratos es el que atañe a la Universidad de Girona, a la que se le adjudicaron 10 contratos por valor de 27.115 de euros. “La Sindicatura considera que la EAPC tendría que haber hecho la licitación mediante un procedimiento de contratación pública”, señala el informe. Otro, el del proveedor Gesem Informació i Consultoria, que recibió 84.443 euros en 59 contratos, o el proveedor Optimas 2012 SL, al que adjudicaron 13 contratos por un importe total de 21.020 (superior al límite de 15.000 euros que marca la ley para los contratos de suministros). “Se considera que hubo fraccionamiento indebido de la contratación”, dice el informe sobre estos casos. Además, la Sindicatura recuerda que los contratos menores no pueden prorrogarse ni tener una durada superior a un año, requisitos que la EAPC no cumplía.
También señala “diferentes incumplimientos formales” en el procedimiento de la subvención para financiar planes de formación. Sobre los criterios cualitativos previstos en las bases reguladoras de las subvenciones, el informe dice que “algunos eran de difícil valoración y poco objetivables y, para la mayoría, no se deja constancia de la motivación ni de los aspectos concretos que se tuvieron en cuenta a la hora de distribuir los puntos de los criterios establecidos”.