Un activista por la independencia toma el mando de las prisiones catalanas
La Guardia Civil señala a Sergi Blàzquez por tráfico de influencias en el ‘caso Voloh’
El abogado independentista Sergi Blàzquez es el nuevo responsable de Prisiones de la Generalitat, un cargo que permanecía vacante desde hacía dos meses, cuando su antecesor, Amand Calderó, presentó la dimisión. La consejera de Justicia, Lourdes Ciuró (Junts per Catalunya) ha designado a un penalista sin excesiva experiencia en el ámbito penitenciario, que ha destacado en los últimos años por ...
El abogado independentista Sergi Blàzquez es el nuevo responsable de Prisiones de la Generalitat, un cargo que permanecía vacante desde hacía dos meses, cuando su antecesor, Amand Calderó, presentó la dimisión. La consejera de Justicia, Lourdes Ciuró (Junts per Catalunya) ha designado a un penalista sin excesiva experiencia en el ámbito penitenciario, que ha destacado en los últimos años por su defensa del soberanismo como presidente de Drets, una plataforma de juristas que nació poco antes de la consulta del 9-N de 2014 para denunciar casos de catalanofobia.
Drets aumentó de forma notable su influencia a lo largo del procés y especialmente durante el otoño de 2017; en el referéndum del 1-O, ofreció la asistencia de sus abogados a los ciudadanos que acudieron a votar. Desde esa plataforma, Blàzquez se convirtió en un comentarista habitual de la actualidad política y en un referente para el sector de abogados independentistas. Su nombre tomó aún más relieve público cuando se convirtió en vicepresidente de la Plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas. La plataforma está en el punto de mira del juzgado de Barcelona que investiga el caso Voloh por haber servido, presuntamente, para canalizar el presunto desvío de fondos del procés.
El nombre de Blàzquez figura precisamente en uno de los últimos informes remitidos al juez por la Guardia Civil, que acusa al abogado de tráfico de influencias por pedir a Josep Lluís Alay —jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont en Bélgica— su mediación para la concesión de subvenciones. Según consta en el informe, que ha analizado decenas de mensajes de aplicaciones móviles, Blàzquez escribe a Alay en agosto de 2020: “Otro tema a comentarte (...) es el tema de la subvención de la Plataforma, que parece encallado. A ver si puedes hacer alguna gestión a nivel del Presidente o de la Consellera para desencallar el tema. Intervención [el órgano fiscalizador de la Generalitat] lo ha retenido sin dar ninguna explicación”. Días más tarde, Alay responde: “Noticias concretas. Lo acelera mucho y no ve problemas para la de este año”. Para los investigadores, y sin que el juez se haya pronunciado aún al respecto, Blàzquez pudo haber cometido un delito de tráfico de influencias.
El cargo de Blàzquez es el de secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat. El Govern considera que aportará “una larga experiencia en el ámbito del procedimiento penal” (es abogado penalista) y cree que su nombramiento servirá para “buscar un equilibrio justo entre las políticas de rehabilitación y reinserción social y los derechos de los funcionarios”. El Departamento de Justicia insiste en que pretende reforzar las medidas “alternativas” y potenciar el programa de “justicia restaurativa”, que pretende reparar el daño causado a las víctimas mediante el diálogo con el autor de ese perjuicio.
Blàzquez tendrá bajo su mando directo al director general de Asuntos Penitenciarios, un cargo que Ciuró decidió recuperar para esta legislatura. La consejera designó a un agente de los Mossos d’Esquadra, César Galván, también sin experiencia en el ámbito carcelario. La salida de Calderó -que gestionó la estancia de los presos del procés en las cárceles catalanas- por “cuestiones personales” se produjo pocos días después del nombramiento del mosso y en medio de un clima de agitación creciente en los centros penitenciarios.
La tarea de Blàzquez, por tanto, va más allá del día a día de las prisiones. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona -y, posteriormente, diplomado en derecho del deporte-, ha ejercido como abogado penalista y está inscrito en el turno de oficio. “En los últimos años, se ha especializado en la defensa de los derechos fundamentales”, recoge la nota de prensa de Justicia en alusión a la presidencia de la asociación Drets.