El Consejo de Garantías Estatutarias avala el fondo para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas pero sugiere “mejoras”

El Parlamento catalán ha convalidado este jueves, —gracias a la mayoría independentista y las abstenciones del PSC y los comunes— el decreto ley que permite avalar ante el Tribunal de Cuentas a los 34 ex altos cargos investigados por supuestamente malversar fondos para la promoción internacional del procés. La votación se produjo después de que el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) dictaminara que ...

El Parlamento catalán ha convalidado este jueves, —gracias a la mayoría independentista y las abstenciones del PSC y los comunes— el decreto ley que permite avalar ante el Tribunal de Cuentas a los 34 ex altos cargos investigados por supuestamente malversar fondos para la promoción internacional del procés. La votación se produjo después de que el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) dictaminara que la norma se ajusta a la ley. El ente, sin embargo, sugiere retoques para “mejorar la calidad normativa”, que serán incorporados en el trámite como proyecto de ley.

Se trata del primer espaldarazo jurídico al polémico texto aprobado el pasado 6 de julio por el Ejecutivo catalán y que ha sido promovido desde el departamento de Economía, que lidera Jaime Giró. El informe del CGE, que ha agotado el plazo legal para presentarlo, coincide además con la petición del Tribunal de Cuentas a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre si la Generalitat, como afectada por la supuesta malversación, puede “amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave”.

Para el Consejo, la puesta en marcha del fondo “no se puede considerarse en ningún momento como una supuesta malversación de recursos públicos”, pues hay una competencia estatutaria que avala que la Generalitat “garantice las exigencias cautelares de un procedimiento judicial respecto de sus trabajadores públicos”. El texto da por buenas las dos vías que establecía el decreto para abonar la fianza de los posibles beneficiarios, una gestión de la que se encarga de momento el Instituto Catalán de Finanzas: cuando se contraavale a través de una entidad bancaria (ningún banco ha accedido a esto) o de manera directa, como terminó sucediendo en la mayoría de los investigados. El Tribunal pide una fianza conjunta de 5,4 millones a los investigados.

Los juristas, en respuesta al PSC, Ciudadanos y PP, va más allá en la justificación de validez del mecanismo y agrega que la protección de los servidores públicos “puede favorecer el ejercicio del autogobierno” en materias donde se “evidencia un significativo nivel de conflictividad”. El Govern desde un principio justifica que los encausados se limitaron a seguir el plan de Govern vigente. El dictamen ha contado con el apoyo unánime de los miembreos del CGE.

Las condiciones que plantea el decreto ley, dicen el dictamen, aseguran que los recursos del fondo no salen “del control legal de la Generalitat” y “su valor a lo largo del tiempo es susceptible de estar garantizado”, ya que la norma diseñada por Economía prevé el cobro de intereses y cargos de gestión en el caso de tener que ser devuelto el aval. El Tribunal de Cuentas ha pedido una fianza colectiva de 5,4 millones de euros a los encausados, entre los que se encuentran el expresident Carles Puigdemont; su vicepresident, Oriol Junqueras o el exconsejero de Economía, Andreu Mas-Collel, entre otros.

La fórmula del mecanismo establece que la Generalitat solo reclamaría el dinero avalado cuando hubiera una sentencia firme contra el beneficiario y se agotaran “todas las instancias internacionales”. El dictamen explicita que la sentencia firme es “la emitida por el poder judicial ordinario”. Eso no implica, recuerda, que una Administración pueda hacer uso de su potestad para hacer un aplazamiento de las deudas de derecho público.

Pese a que el Consejo considera que no hay ilegalidades en el texto, sí hace retoques. Sugiere, por ejemplo, que se aclaren las condiciones para que un beneficiario devuelva el dinero o se pueda plantear un aplazamiento, que considera una medida de protección a los servidores públicos.

Giró ha sacado pecho durante el debate de convalidación de lo que considera un texto “bien forjado jurídicamente” y ha asegurado que “despeja las dudas sobre su legalidad que intencionadamente se habían difundido las últimas semanas”. El consejero también ha acusado a Ciudadanos y al PP de hacer política a través de los tribunales. Tanto el PSC como los comunes se han abstenido, aunque la mayoría independentista ya permitía dar luz verde al trámite. La portavoz socialista ha criticado la gestión interna de los avales en el ICF, que terminó con la renuncia de tres consejeros independientes. “No se ha hecho bien, hay que decirlo. Por eso nuestra posición será abstenernos. No nos podemos permitir más errores que denigran a las instituciones”, ha dicho.

Tanto Cs como el PP criticaron que el independentismo dé por bueno este dictamen, cuando ha ignorado en muchas ocasiones los dictámenes del Consejo, por ejemplo, con las leyes de desconexión en 2017, que vio claramente anticonstitucionales. El independentismo no ocultó su satisfacción y varias fuentes recordaron que dentro del Consejo, con mandatos caducados, hay juristas cercanos al PP, como Carles Jaume, exsubdelegado del Gobierno en Girona.